domingo, 17 de abril de 2011

¿Qué hacer con el lobby?


Lobby, grupos de presión, corporativismos, audiencias públicas. ¿Cómo Diferenciar estos conceptos?; ¿Son lo mismo?, o ¿coinciden en algunos de sus elementos para reconocerlos o meterlos todos en el mismo saco? Estas son las interrogantes que surgen por la mayor complejidad de las relaciones económicas en el tejido social.
La presión de los intereses particulares propios de la actividad económica sobre el interés general que buscan las políticas públicas es una constante histórica del quehacer político. Habría que ser ingenuo para desconocer este juicio de hecho. Lo que ocurre es que el dinamismo alcanzado por la expansión de mercados y de economías de escala ha mutado el contenido del concepto de lobby, el cual se ha desconstruído, bifurcándose en dos carriles: uno que se refiere a la profesionalización de la actividad, es decir una especialización de sus actividades en la división del trabajo. El otro mantiene el juicio de valor que asocia a este fenómeno con la conspiración, cuestionándolo fuertemente desde el punto de vista ético.
La complejidad de las relaciones económicas y las regulaciones que imponen abren paso a la industria del lobby. Esto no significa –como pueden adelantarse los afiebrados de siempre- que debe existir el libre mercantilismo para que no haya grupos de presión, sino que solamente se produce una concatenación que no ha sido debidamente regulada para aumentar la transparencia en el funcionamiento de los grupos de presión.
Estos se reconocen en el momento de intervenir en la acción del sector público, ya sea por parte del sector privado como desde el sector social, conocido como el tercer sector. De ahí que el lobby presente un amplio espectro de definiciones, aunque la más precisa es identificarla como la actividad que se ejerce en los pasillos del Poder legislativo, Ejecutivo y Judicial para lograr una ley, resolución o acto administrativo favorable a un cierto grupo.
Dicho fenómeno adquirió una mayor complejidad con el desarrollo cultural del capitalismo de consumo, puesto que la sociedad civil también encontró un espacio para hacer valer sus intereses en las relaciones que crea la oferta y demanda de bienes públicos, sociales y simbólicos. En otras palabras, las asociaciones civiles también ven en el lobby una oportunidad para hacer valer sus intereses sin que ello signifique un cuestionamiento ético.
Por tal motivo es que el principal problema del lobby gira en torno a su significado literal: Al realizarse en los pasillos, a espaldas de los espacios más amplios, supone un mayor control para evitar que los gruposestratégicos más poderosos y con mayores recursos impongan su parecer por sobre los demás grupos de la sociedad civil. 
Debido a la especialización adquirida por el lobby, es necesario regular su actividad para evitar la imbricación con el tráfico de influencias. En la ciencia política el primer término se asocia con la gestión de intereses, ante los poderes del Estado, para obtener una respuesta a las necesidades de ciertos grupos o sectores. Muchos en la industria se defienden señalando que la actividad es una profesión legítima, pero para que esto sea así debe existir un cuerpo regulatorio.
Para que haya lobby debe existir una legitimación de las formas comunicacionales que supone su desenvolvimiento en espacios amplios y no reducidos, públicos y no a cuatro puertas. Como es difícil saber qué grupos se reúnen con autoridades en oficinas privadas, un cortapisas adecuado es contar con un registro de lobbistas y la obligación de los representantes de los poderes del Estado para dar publicidad a estas reuniones.
Si se aplica esto, todo ciudadano tiene derecho a realizar lobby, el cual está asociado más con el poder que con un modelo económico en particular. Al igual que el poder, el lobby se ejerce en todos los niveles; es una forma de expresar intereses particulares en un espacio público delimitado, pero se debe ser ajustados si o si por un marco regulatorio.
Una organización de consumidores, junta de vecinos, asociación gremial, sindicatos u otros grupos civiles no pueden ser catalogados como lobistas si se reúnen con ministros, subsecretarios, jefes de servicios, legisladores u otro tipo de autoridades. Las audiencias públicas del Congreso tampoco pueden ser llamadas lobby. Pero el tráfico de influencia, entendido como el intercambio de ofertas a los asesores o personas vinculadas a las autoridades del Estado, es una forma de poner precio a las decisiones públicas a favor de intereses particulares.
Otra problemática respecto al funcionamiento del lobby es la competencia desleal que se genera con su práctica. Las organizaciones civiles emergen como un contrapeso frente al lobby del empresariado y el corporativismo económico, aunque el diferencial de recursos es abismante a favor de estos últimos, el cual es desarrollado por gremios, estudios de abogados y empresas de comunicaciones de alto nivel. La acción de estos actores estratégicos en las discusiones legislativas es lo que ha generado la producción de leyes a medida de los intereses particulares de cada sector.
Es por tal motivo que un proyecto de ley que regule el lobby debe establecer una definición de la actividad, en la cual se incluya el legítimo derecho de los grupos ciudadanos organizados a participar en las audiencias públicas del modo en que lo hacen las asociaciones empresariales asesoradas por buffet de abogados y consultores comunicacionales. Si estamos bajo la lógica del rol de rol de subsidiaridad del Estado, entonces debería disponerse una partida presupuestaria para las organizaciones civiles a fin de equilibrar la asimetría existente.
La constitución de un registro, que sea controlado por una institución como el Consejo de la Transparencia, es otro pilar fundamental para publicitar la actividad de los lobistas. En otras palabras la industria del lobby debe ser conocida por sus métodos y procedimientos en primer lugar, en vez de sus resultados. La regulación le daría la legitimidad a esta actividad para ser sancionada en el momento en que cruce la frontera del tráfico de influencias.
De ser regulado, el mundo del lobby podría salir del ambiente tenebroso y conspirativo al cual es asociado, cuando responde a una práctica profesional susceptible de ser aplicada por todos, pero siempre y cuando se reduzca el diferencial de recursos para evitar la competencia desleal entre grandes corporaciones y grupos de la sociedad civil.
A modo de paréntesis conclusivo -para los otros afiebrados-, diremos que el lobby es una realidad práctica; no se circunscribe exclusivamente al “capitalismo”, pues responde a la lógica transversal del poder, la cual supera a los “modos de producción” determinados.





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