jueves, 30 de diciembre de 2010

La conjura de Catilina en nuestra parcelita bicentenaria


La conjura es uno de los elementos centrales que constituyen la esfera política y uno de los más invisibles. Su principal significado se ata indisolublemente a la conspiración, sea para terminar con una lógica de poder establecida o para lanzarse contra alguna persona, grupo, organización o institución. Ella nos muestra episodios que inundan las bibliotecas: Desde los griegos, pasando por la Roma imperial y papal, hasta la política moderna, representa una práctica que promete no se expulsada de los pasillos del poder organizado.
Ya no se ocupan dagas ni espadas o venenos para deshacerse de adversarios o enemigos políticos, sino que basta un par de llamadas telefónicas para poner la conjura en marcha, de modo soterrado, subversivo, en el sentido que supone un cuestionamiento al orden establecido. Ello no significa que se adscriba al molde revolucionario definido en el siglo XIX, sino que es transversal y funcional al ejercicio del poder.
Uno de los episodios más conocidos de este "arte" dentro de la práctica política es la obra “La Conjura de Catilina”, escrita por el historiador romano Cayo Salustio Crispo, la cual se ha convertido en uno de los principales referentes para hablar de conspiraciones en la histórica relación entre el poder y el Estado.
Lucio Sergio Catilina fue un patricio romano que en su juventud se dedicó a vivir licenciosamente, aprovechando su posición económica y social, por lo que el correr de los años le pasó la cuenta: una gran deuda material que no pudo solventar debido a que había perdido el favor de Julio César (cuando éste luchaba por ser cónsul). Así, decidió salir adelante por cuenta suya, formando un grupo con sus amigos y creando un referente político en la Roma republicana. Con el espaldarazo partidista, se relata que comenzó a dividir al Senado, comprar a los comisarios (questores) y corromper a los cónsules, aprovechando de autoproclamarse el único defensor de las libertades romanas, prometió trabajos y más juegos en los coliseos, además de utilizar una estrategia destinada a dejar a los magistrados como el blanco de los desprecios de los plebeyos y comprometerse a pagar las deudas del Estado.
Como era de esperar, esta figura histórica pasa al imaginario del devenir político, asociando el relato de Catilina al perfil del político individualista que emprende una carrera por cuenta propia, sobre la base de influencias subterráneas en los pasillos del poder, que desafía a los poderes establecidos. ¿Podría ser incluído bajo estas características el caso de Sebastián Piñera?.
Lo cierto es que el actual Presidente tuvo una dura lucha contra los llamados poderes fácticos en la década de los noventa que, en más de una oportunidad, boicotearon sus candidaturas senatoriales y presidenciales. Catilina intentó -más de una vez- alcanzar la máxima autoridad de la república romana: El consulado (después de su conjura y muerte en batalla, se pasa a la etapa del Imperio). Si hablamos de prácticas conspiradoras tampoco debemos olvidar a la radio Kyoto que encendió el enemigo de Piñera, Ricardo Claro, en lo que se conoce como el piñeragate, donde el entonces político descargaba sus dagas simbóilicas contra las otras candidaturas de su partido.
Piñera llegó a La Moneda con el discurso de la libertad de emprendimiento individual frente a la ineficiencia del Estado; la creación de 200 mil empleos, y el aumento de la seguridad ciudadana, en la cual la estrategia utilizada por el sector político que lo apoya es acusar a los jueces por no poner el candado a la puerta "giratoria" sobre los delincuentes. Esto último pone en entredicho la tarea de los saturados tribunales ante la opinión pública.
En lo que respecta a las acciones de Catalina de comprar a cuanta autoridad de la república se le pusiere por delante para ganar terreno político, tal fenómeno puede ser reconocido como tráfico de influencias y conflicto de intereses. La reciente estocada del gobierno estadounidense, dada por las filtraciones de Wikileaks, en las cuales se califica a Piñera como un hombre “que maneja tanto los negocios como la política hasta los límites de la ley y la ética”, tampoco lo dejan en buen pie para poder escapar de la sombra catiliniana.
Apoyado por un consenso popular debido a la inconformidad de algunos romanos con el modo de gobernar hasta ese entonces, Catilina promete cambiar Roma, regalando las tierras -que pertenecían al Estado- a quienes lo ayudasen. Algo similar se aprecia en los constantes ofrecimientos de privatización que esperan los grandes agentes del mercado, luego de otorgar su apoyo financiero en tiempos de elecciones. Las prácticas de lobby, reuniones y presiones a puertas cerradas también forman parte de las conjuras. Cayo Salustio cuenta cómo Catilina llamaba a sus designados en las altas esferas de poder: “les retiró a una pieza secreta de la casa y, allí, sin testigo alguno de afuera, les habló de esta suerte.(…)Entonces les ofreció Catilina nuevos contraros públicos en que se cancelarían sus deudas, proscripción de ciudadanos ricos, magistraturas, sacerdocios, robos, y lo demás que lleva consigo la guerra y el antojo de los vencedores”.
En el caso chileno, la conjura que dio nacimiento a la guerra desde el Estado hacia un sector de la sociedad civil se inició en 1973, lo que después dio espacio al “antojo de los vencedores” durante la década de los ochenta, en la cual se registra un notable aumento de prácticas reñidas con las virtudes cívicas, materializadas en la suspensión de derechos; privatizaciones a cuatro puertas, desarrollo de capitalismo entre amigos en común, contratación de parientes en el sector público y otras irregularidades que continuaron reproduciéndose durante los gobiernos de la Concertación.
Catilina -que termina muerto en batalla a la cabeza del ejército que había reunido para tomar por la fuerza el Estado romano- obtiene un inesperado apoyo de la población. Algo común en estos tiempos, especialmente en Chile donde muchas personas aún se preguntan el por qué este gobierno tiene un grado de adhesión no desdeñable. Según el análisis de Cayo Salustio, las personas son llevadas por el pragmático deseo del cambio de situación, lo que también se vió en nuestra sociedad después de veinte años de gobiernos concertacionistas. “Porque siempre en las ciudades, los que no tienen que perder(…)ensalzan a los que no son buenos, aborrecen lo antiguo, aman la novedad, y, descontentos con sus cosas y estado, desean que se mude todo”.
Para el autor de la “Conjura”, este hecho está asociado a los niveles de prosperidad económica que alcanzan las sociedades, lo que –inevitablemente- produce un fetichismo por lo material, en vez de cultivar las llamadas virtudes cívicas, en algo que también es compartido por el pensamiento crítico actual de nuestra convivencia nacional a la hora de analizar fenómenos como el exacerbado consumismo, egoísmo civil, déficit de confianza social, lagunas culturales y la falta de solidaridad en la estructura social. Es decir, hablamos de una banalización de la sociedad.
En varios pasajes de su obra, Salustio explica que el surgimiento de una personalidad política como Catilina es el resultado de los vicios que genera la ambición desmedida y la avaricia frente a la mayor circulación del dinero. “En la prosperidad, aún los cuerdos difícilmente se moderan”; “Desde que empezaron a honrarse las riquezas(…)decayó el lustre de la virtud, túvose la pobreza por afrenta, y la inocencia de costumbres, por odio y mala voluntad. Así que las riquezas pasó la juventud al lujo, a la avaricia y la soberbia”.
En cierto modo, el consumismo producido por la prosperidad material que dejaban las conquistas de la república romana generó subjetividades que moldearon otros valores sociales, lo que permitió a Catilina abrirse paso, debido a que gran parte de sus sostenedores en la conjura querían obtener más riquezas, pagar las deudas contraídas, obtener nuevas posiciones. De ahí que sea tan fácil dirigir un orden discursivo que promete riqueza, empleo y crecimiento económico sin regulaciones, tal como se ve por estos días en nuestra pequeña polis.
La conjuras funcionan transversalmente, ahora vivimos una de otro tipo: aquella que promete prosperidad a costa del Estado y sobre la base del mercado como único generador de riquezas, olvidando las virtudes cívicas de la conviviencia en común para el mediano y largo plazo, tal como le sucedió a Roma antes de convertirse en Imperio. El caldo de cultivo para nuevos Catilinas es fecundo, pero siempre se le puede enfrentar con la pregunta que le formularon al patricio romano en el Senado: "Catilina...¿hasta cuando abusarás de nuestra paciencia?".

martes, 21 de diciembre de 2010

Un poco de periodismo vivencial: El irresuelto caso de los choros chilenos en la costa romana

Ostia es la más famosa ciudad balneario a media hora de Roma. Las arenas de sus playas fueron el mudo testigo del asesinato del gran poeta, escritor y cineasta del mundo popular, Pier Paolo Pasolini, en los años setenta. Y no sólo eso: lugar estratégico para la entrada y salida de barcos que navegaban sobre las aguas del tíber para llegar a la capital del Imperio, en estos tiempos el balneario vuelve a recibir el ambiente cosmopolita y multiétnico de hace unos 1.450 años. Entre ellos dos chilenos comunes y corrientes que debía cumplir con la entrega de material para la empresa de transporte público de la región del Lazio.
Una vez descendidos del tren que nos traía desde la capital, con mi ex colega Juan Carlitos, decidimos iniciar la jornada con el ritual mañanero italiano por excelencia: una buena tacita de café expreso para despertar. Veníamos conversando de un tema sabido, pero poco mencionado: la particularidad de Ostia de atraer a la “mala vita”, como dicen los italianos. “Romano de Ostia” se dicen de modo despectivo. Y es que este es el lugar de operaciones de la camorra napoletana, peleas de territorios entre europeos del este y africanos por el control de la prostitución, además de algunos extraños robos a tiendas perpetrados por la “banda del hoyo”, como lo bautizó la prensa local por el modus operantis de ingresar -por un túnel- a los negocios por la noche, en un método que toma varios días, si no es que semanas. “Algo de la picardía latinoamericana hay en esto”, pensaba cada vez que leía este tipo de noticias.
“Capaz que veamos a un choro chileno hoy día”, nos dijimos con Juan Carlitos. Ya la semana pasada nos habíamos encontrado con un lanza internacional paisano en el mall Leonardo da Vinci, cercano a Ostia. Flaquito y con la cara de gato (a lo Gary Medel), típica del mestizaje sudamericano, venía subiendo y bajando las escaleras mecánicas, con ojos inquietos que lo delataban, además de esa inconfundible cara del tipico chileno: prominentes pómulos en una cara enjuta, mechas de clavo en su rojiza cabeza (que lo hacia pasar un poco inadvertido entre los italianos) y con sus buenas patas de gallo en las sienes. “Socio, ¿usted es chileno?. “Si, por qué, ¡qué passaaaa!”, le respondió el desgarbado a Juan Carlitos, levantando su mentón de forma corta y rápida. “Na’ po socio, nosotros también”, le respondimos, adaptándonos inmediatamente a su habla.
Una vez relajado, nos dijo que “andaba trabajando”, en su lucrativa actividad de “mechero”. No le iba mal: una parka Dolce & Gabbana de 700 euros encima de su vetusto cuerpo y jeans Gucci, de 340 euros, al igual que sus zapatos. Preguntó, sin esperar respuesta, de qué parte de Santiago eramos, para inmediatamente decirnos que debía ir a buscar a su compañero que estaba en el piso de arriba. Sólo alcanzamos a decirle “vaya no más” antes de que los peldaños metálicos de la escalera automática se lo llevasen.
Con este recuerdo en mente, entramos al Bar-Café para caer en los brazos de la cafeína. La típica mirada del foráneo en tierra ajena me llevó al punctum del ambiente: un tipo que nos miraba fijamente. Un gorro de fina lana Armani, que dejaba entrever unos cabellos rucio cenizas que colgaban a la altura de sus orejas; ojos azules oscuros puestos en unas órbitas oculares caídas, que lo hacían parecerse a Silvester Stallone, luego de una noche de juerga, y una barbilla a delicadamente cortada con la forma de una U al revés, lo delataba como un ostiano más a la hora del desayuno.
Pero su aguda mirada me incomodó a tal punto de hablar en buen chileno en medio del tráfico vocal italiano: “Y este huevón que mira tanto”. No pasaron tres segundos para tener la respuesta de sus labios: “Iguaaaaal po hermano”. Para sacarme la incomodidad de haber sido pillado en mi propia lengua, mecánicamente me salío un chorro de risa y alcé la mano con vuelo a fin de saludarlo como correspondía. Él, fríamente, nos estiró la suya para preguntarnos si “estábamos trabajando”. “Si pos”, le respondimos. Ahí, por arte de magia, en su mano derecha, apareció el vaso ancho de coñac que estaba bebiendo, mientras los italianos desayunaban sus capuchinos y medias lunas, sin darse cuenta de la burbuja lingüística que se había formado. “De qué parte viene compadre”, le preguntó Juan Carlitos. “De ahí no más po, de ahí”. En un italiano tarzanesco, pidió dos cafés para sus paisanos. El hálito que salió también nos señaló que venía lanzado de la noche.
Pero a él no le importaba. Paso a paso nos contó acerca de los joint ventures que se forman entre chilenos, napolitanos y colombianos en el submundo de la criminalidad lugareña: Los primeros roban, ya sea con el clásico cartereo en la calle, en hoteles y en tiendas, para reducirlas con los napoletanos quienes, a su vez, negocian con la droga importada por los colombianos que operan en el litoral romano. “Aquí hay pocos chilenos, eso sí, hay que ir a Milán pa’ ver más, ahí se hacen pichangas de cincuenta y cincuenta”, nos afirmó sin tapujos. No sabíamos si era el efecto hiperbólico del coñac el que lo llevaba a asegurar esto, o era el típico “color” que se utiliza en los códigos populares de la periferia santiaguina.
De todos modos, seguíamos escuchándolo: “Los peruchos (peruanos) también son choros, pero son veinte, y un maricón. Nosotros la llevamos”. La búsqueda de la mirada risueña rápida con Juan Carlitos ya nos decía que agradeciéramos el café y nos despidiéramos, antes de seguir asintiendo con la cabeza el monólogo prontuario de nuestro chorizo.
“Si yo los miraba a ustedes porque hay mucho sapos acá y no se sabe quién es paco (policía) o no”. Fue la última frase que nos otorgó antes de terminar su vaso para pedir otro rápidamente, al mismo tiempo que no quitaba la vista a una despanpanante rubia que pedía su taza en la barra. "Chao compadre, gracias por los cafés, nosotros vamos a trabajar, tenemos que ir a un hotel”, le dije yo con la cómplice anuencia de Juan Carlitos. Nunca supimos si este personaje era parte de la banda del hoyo, pero suponerlo y comentarlo nos dejó satisfechos en nuestra chilena morbosidad de inmigrante.
Mi socio Juan Carlitos es hijo de un veterano choro chileno que hace el itinerario Concepción-Buenos Aires-Roma desde hace 29 años. Apodado “el lobo”, su especialidad son los hoteles. Los tiempos cambian y el hombre no pierde su estilo: las mejores pintas Lacoste y pantalones de fino lino, son parte de su puesta en escena cuando entra a los lujosos lobbies de la hoteleria romana y de Venezia. Ahí, saca de su billetera su tarjeta magnética para entrar y arrasar con todo lo que encuentra adentro: joyas, relojes, billeteras, cámaras, notebooks. Según él, su casa en Concepción la compró con un “trabajo” hecho en Roma, en 1989: “un maletín con cien mil dólares que le sacamos con mi hermano a un sultán”. La idea del sultán era interesante, hasta que un día por el centro de Roma vimos a un árabe con su tradicional vestimenta blanca y su singular pañuelo en la cabeza. "Ese es un sultán", me dice Juan Carlitos. Ok, pienso. Ahí me quedó claro la televisión tiene mucho que decir a la hora de formar y encasillar los imaginarios de nosotros.
Fue una vez, viendo la final de la Eurocopa entre España y Alemania, entre medio de las botellas de cerveza, que el lobo me dice que escriba un libro sobre los choros. Bueno, el cierre de esta breve anécdota acerca de los chilenos de Ostia, como se conocen en Roma, termina con una mención a este veterano.

martes, 14 de diciembre de 2010

El camino al Estado penitenciario, sentido común punitivo y marginalizaciones urbanas




El fuego que consumió la vida de 82 hombres en la cárcel de San Miguel aún no se consume en el pensamiento crítico de nuestra sociedad. Hechos como este pueden ser ubicados bajo el modelo explicativo de la disolución del Estado providencia a costa del Estado penitenciario, planteada por el sociólogo francés Loic Wacquant, uno de los exponentes más llamativos en el estudio de la sociología urbana y el Estado penal.
Una de sus principales obras es “La gestión policial de la miseria”, donde identifica la genealogía que da inicio al discurso conservador de la tolerancia cero en Estados Unidos contra el potencial peligro que advierte este pensamiento contra los grupos marginalizados en los suburbios urbanos que son asociados como el producto de las malas políticas asistenciales del Estado benefactor de los años sesenta y setenta.
La ideología se propaga en la Gran Bretaña de John Mayor a mediados de los noventa y en algunas grandes ciudades estadounidenses a fines de la misma década. Como olvidar en este sentido lo que hizo el denominado sheriff de Nueva York en eso años, el alcalde Rudolph Giuliani, quien fue visitado por líderes de nuestra derecha, como Joaquín Lavín.
Básicamente el objetivo de estas iniciativas programadas consiste en tratar con igualdad penal a los menores de edad con los adultos; aumento de penas por delitos e infracciones menores; mayor presencia de cámaras de vigilancia en los espacios públicos, e integrar al sector privado en la provisión de soluciones de seguridad, entre otras medidas.
Los principales efectos de estas acciones será el abatimiento de la identidad individual del sujeto a favor de la emergencia de un sujeto colectivo que será encasillado como delincuente y otras formas linguísticas que nacen de acuerdo a la realidad de cada ghetto urbano. En Chile, la masificación del término flaite se asocia al orden discursivo informal del pato malo y al formal del delincuente, naciendo de este modo, el concepto del paria urbano.
Un factor agravante a las marcadas divisiones en la estructura social local emerge con estos nuevos engranajes de la economía de la segregación que se implanta con el discurso de la derecha desde 1990 hasta ahora en torno a la delincuencia y la seguridad ciudadana.
La aparición de un “sentido común punitivo” es otro elemento constitutivo en el armado conceptual de Wacquant y que se refleja en los variados comentarios de algunos ciudadanos en las redes sociales 2.0, donde apologizaban la muerte de “delincuentes y lacras”. Como se aprecia, desde la perspectiva sociológica encontramos otra distorsión inducida en las relaciones sociales, producto de programaciones racionalizadas y con una clara intencionalidad de control social de la entropía. “El paso del Estado providencia al Estado penitenciario anuncia la aparición de una nueva forma de gobernar la miseria, que auna la mano invisible del mercado del trabajo descalificado y desregulado con el brazo largo de un aparato penal omnipresente”, es la tesis principal de Wacquant.
Ahora, es necesario reconocer que esta clase de gestión se dirige preminentemente a los segmentos urbanos marginalizados, que día a día deben enfrentar situaciones de abuso, provenientes de la profundización de la vigilancia en sus territorios. De estos entornos salen los chivos expiratorios que después son expuestos delante de las cámaras para dar cuenta del relato de combate a la delincuencia, muchas veces sin haber cometido el delito que se le imputa. Dinámicas de este tipo también se observan en los videos filtrados desde Carabineros, donde se puede ver a una persona detenida ocho veces en el arcos de dos meses, sin dejarse clara la razón de su detención, pues queda en un segundo plano frente a los sádicos abusos y torturas psicológicas que realizan sobre él un grupo de policías.
Por un lado, entonces, tenemos que reconocer fenómenos como la miseria, la delincuencia y la marginalización como un producto social, cuya respuesta se materializa en el Estado penal que criminaliza la miseria y la marginación, concentrándose en la política de contención que vemos en el exceso de población en los recintos penales.
Wacquant menciona el regímen discursivo del Estado que declara el combate a la delincuencia para recuperar el espacio público. Pero, bajo esa superficie, se identifican consecuencias visibles en Chile, puesto que esta problemática se ha internacionalizado con el proceso de la globalización, tales como un aumento notable de encarcrelamientos, justo en momentos en que la criminalidad se estanca; crecimiento del sector penitenciario en la administración pública, que supone un alza en el gasto fiscal a costa de las reducciones en otras áreas sociales; privatización del encierro, generando fases desconocidas de prosperidad en la industria privada de la prisión (en esto invitamos a ver los ingresos de empresas como Sodexo, encargada de la alimentación y mantención en los nuevos recintos licitados), además de el surgimiento de una política de acción afirmativa carcelaria, en la cual la práctica punitiva privilegia ciertos sectores urbanos que incluyen a ciertas familias que habitan en estos territorios. Ello crea el tipo de dinámicas que se desarrollan desde 1990, a partir del núcleo conceptual de la “tolerancia cero” o “la mano dura”, adaptada linguistícamente por la derecha, que no sería más que una intolerancia selectiva, de aucerdo al sociólogo francés.

viernes, 10 de diciembre de 2010

Aproximaciones a una idea precisa de la prácticas del poder carcelario

La foto de Bastián Arriagada, un muchacho de 22 años, que terminó perdiendo su vida en un recinto penitenciario atiborrado, es el símbolo de las arbitrariedades del poder que nos rodea desde la cuna hasta el ataúd. Su fotografía de prontuario denota tristeza, la resignación de ser parte de una realidad punitiva por traficar mercadería en el circuito informal de la economía. Decisiones cotidianas en Chile, donde la informalidad se transforma en una vía de escape frente a los bajos salarios del mercado laboral para los no cualificados. Su expresión es la de sentir que no debía estar ahí, frente a una cámara que los clasificaba como reo por 61 días en la cárcel de San Miguel, donde moriría junto a otros 81 internos.
En este caso hablamos de una víctima de los avatares del no hacer con los cuales opera el poder público en nuestro país a la hora de implementar políticas públicas. Que quede claro que no hablamos de la visión simplista y superficial que define al poder como algo que proviene de una fuente estática e institucional, sino que hablaremos del poder como lo qué es realmente: una omnipresencia que se mueve en todos los niveles.
Los resultados de estas prácticas, eso sí, mayoritariamente perjudican a quienes caen en el juego estratégico de exclusiones que viene realizando metódicamente el poder desde hace unos 240 años. La vida truncada de Bastián recae en las deficiencias de una política carcelaria incapaz de diferenciar los espacios entre primerizos y reincidentes, incapaz de clasificar a las personas por el delito que han realizado de acuerdo a los ambientes y dinámicas criminógenas que se desarrollan al interior de estos recintos. En el fondo, el objetivo de punición del Estado no se genera a causa del formalismo jurídico de encarcelar a quienes delinquen, para disminuir los riesgos de la seguridad ciudadana hacia quienen no delinquen, sino que responde a una lógica de contención que termina profundizando la reproducción de ambientes disfuncionales entre la población afectada.
Como es la fuerza de la costumbre, en las discusiones públicas en el país, la tragedia de la cárcel de San Miguel vive su semana de pulsión informativa: las primeras 24 horas está en boca de todos; cada uno de nosotros busca su parcelita de poder, en el 2.0, con sus comentarios para decir su franca percepción de los hechos o para intentar influir en los demás. Pasadas las 48 horas, el embudo de la inmediatez cercena el número de individuos. Aquí entran en juego los saberes narrativos de las columnas y notas que pretenden adentrarse en la reflexión, tomando el suceso desde múltiples aristas.
Esto es algo normal en estos tiempos de fragmentación de subjetividades y de relatos. La heterogeneidad, sin embargo, algunas vecces, se diluye bajo la empecinada forma conservadora de analizar los hechos: De una parte, la derecha que apunta a la visión cortoplacista y cuantitativa de aumentar el número de cárceles como la gran respuesta para evitar que se repita este tipo de tragedia, sin considerar –para variar- que más recintos es sinónimo de más reclusos y, por ende, de más hacinamiento. Es la misma clase de racionalidad que publicita cuando se refiere al empleo: lo importante es que los números y las cuantificaciones den la sensación de un problema resuelto, sin importar cómo se mueve el magma por debajo.
Al otro extremo, se encuentran las posturas superficiales y delirantes-hilarantes que afirman que todo preso es político en el sentido de que todas las personas que se encuentran recluídas en estos espacios son víctimas de la sociedad, sin considerar otras complejidades psicopatológicas existentes -y que no necesariamente encuentran la respuesta en el discurso de la contra psicología-, especialmente para los casos más graves de individuos con psicopatías permanentes, los cuales deben esbozar una leve sonrisa de satisfacción si leen a otros que les llaman víctimas por haber violado, asesinado o inflingido un daño físico o psicológico grave a otra(s) persona(s), tan portadora de derechos y deberes como él mismo en una sociedad. El problema es que, si se acepta la tesis básica de que los victimarios son las reales víctimas del sistema de organización socioeconómica que vivimos, entonces excluímos o dejamos en un segundo plano a las víctimas reales de los delitos como sujetos de derecho que también buscan justicia. La imaginación da para mucho en el momento de pensar cuál sería la respuesta de una persona común y corriente que ha sido robada, o violada o que le han asesinado a un cercano, se la respuesta es que el capitalismo es el gran culpable de lo que ha experimentado.
La hoguera de las confusiones que pregonan ciertas posturas en los extremos de la discusión social no hace más que perder el foco preciso de las eventuales respuestas para prevenir y evitar tragedias como éstas. Claro que hay algo certero en todo esto: la responsabilidad y la culpa de estos hechos recae en el poder organizado, en la clase política en general, por no tener una estrategia de prevención real en todo lo que se refiere a la rehabilitación y reinserción de los individuos que son parte de la población penal.
Si. Los conceptos de población, delincuentes, detenidos, antisociales, aislados, etc. hacen referencia al tipo de racionalidad política (en su sentido amplio) que se instala en occidente a fines del siglo XVIII y que la obra de Foucault identifica como la transición desde las sociedades de disciplinamiento a las sociedades de control social, a través de la continua intervención de ciertos tipos de poder en los procesos vitales de los individuos, formando una economía política de los cuerpos, los cuales son clasificados, segmentados y calificados por una instancia que los dispone en espacios segregados para facilitar el control social.
El término de biopolítica que se le ha otorgado a este enfoque permite entender de mejor modo cómo funciona el poder dentro de la práctica punitiva de la cárcel. Cuando Foucault habla de las sociedades del disciplinamiento pensaba justamente en una puesta en escena arquitectónica de la cárcel que es el producto de una tecnología de saber y de poder racionalizadao donde nada se dejaba al azar. El poder no debe entenderse como algo estático que opera exclusivamente desde una institución determinada. Esto significa simplificar las complejidades de la realidad. Si queremos comprender cómo funciona el poder en estos recintos carcelarios en Chile debemos partir de la base de sus elementos característicos identificados por Foucault:
-Relaciones estratégicas dinámicas entre los mismos reclusos que se manifiestan en códigos que regulan el grado de violencia aplicada (la pelea que da origen al incendio, según la versión oficial); estas mismas relaciones precisas se dan entre los reclusos y los gendarmes, quienes están tan encerrados como ellos, compartiendo estos espacios de control social.
-La lógica del más fuerte, por los recursos a disposición, juega a favor de los representantes del Estado en estos lugares que abusan de sus contraparte o que realizan relaciones de poder recíprocas (en la compra venta de bienes y el tráfico que se genera en todo los recintos del mundo entre los vigilantes y los vigilados). El carácter de estas relaciones asimétricas también son un factor que explica la tragedia, especialmente por la desidia del personal presente por no haber reaccionado y controlado el juego. Lo más probable es que hayan dejado correr la situación, sin intervenir, debido a la lógica de premios y castigos que establecen con los vigilados, sobre todo la segunda.
-El poder, al tener una materialización siempre móvil y flexible en las relaciones entre los hombres, juega con el hacer y no hacer. En este caso, la ineficiencia y la inercia de las políticas penitenciarias (este último concepto proviene del disciplinamiento del poder pastoral católico postridentino, el cual es asociado directamente a la idea de castigo) muestran la prioridad de observar la realidad presidaria desde el exclusivo punto de vista de la contención.
-El tipo de poder que opera en los espacios carcelarios opta por la indiferencia en todo sentido: desde la preocupación de los vigilados, pasando por la omisión de separar a los reclusos en distintos ambientes, hasta la inoperancia para otorgar mejores condiciones de vida a los reclusos, quienes continuan siendo sujetos de derecho, por más que sea limitado por los espacios punitivos.
Lamentablemente, bajo la mirada de la racionalidad política, el poder carcelario no se preocupa, por lo general, de crear otras condiciones. Desde los recintos de los tiempos soviéticos ubicados en Siberia hasta las precarias cárceles latinoamericanas, se delimitan los espacios físicos solamente para recordarles a quienes caen en ellos del carácter punitivo que conllevan ciertas acciones de no inclusión a los espacios delimitados por quienes hegemonizan y manipulan el poder. Esto es un punto cardinal en el estudio que Foucault realiza y que también fue abordado por Marx y Engels en su ensayo histórico acerca de “La acumulación originaria del capital”. En que revisaron las leyes europeas del siglo XVII que castigaban físicamente a los vagabundos por no trabajar, enviándolos a cárceles y, posteriormente, a trasquilar ovejas para la producción textil.
Así era entendido el reciclaje funcional en aquellos tiempos, al igual que en la Inglaterra de Oliver Twist. Sin embargo, actualmente, existen pocas experiencias reales de “recliclaje” que hayan dado frutos en el mundo, los casos triunfantes de personas que salen adelante desde dentro hacia la “normalidad” de afuera es por el esfuerzo individual. Porque, de lo contrario, no existirían individuos que cambian sus vidas desde dentro hacia afuera, una vez que salen, por mucho que les pese a quienes de seguro confunden esto con una “visión individualista del capitalismo”. Y aquí es donde entran a operar otra clases de poderes más subjetivos y difíciles de clasificar.
La gran industria manufacturera de la criminalidad se encuentra dentro de estos espacios, de aquí nacen los códigos que dan vida a las prácticas de legitimación de la delincuencia. Y esto va derribando nuevas piezas de dominó en el campo del poder. Es cierto el análisis que enfoca la permanencia de la lógica de contención existente en las prisiones, con una cierta economía política que rinde frutos al control social. A medida que aumenta la tasa de delincuencia, lo mismo sucede con los crímenes y la sensación de miedo que ello genera en las personas que no optaron por robar, asesinar o violentar a otro semejante. Tal como vemos en nuestro país, este dispositivo ha generado una mayor aceptación del sentido común hacia el control policial, en un orden discursivo creado por la derecha y reproducido por los gobiernos desde 1990 hasta ahora.
La dinámica de las exclusiones e inclusiones gestionadas por grupos que funcionan en torno a sus prácticas de poder también forman parte de este enfoque biopolítico, bajo el análisis de la filosofía italiana. Si. El caso del joven que se encontraba recluído por prácticar la informalidad económica de la piratería comercial es el ejemplo más idóneo de la lógica de poder que define quién debe formar parte de la inmunidad dentro de la comunidad y quién no. La tipificación del delito por infracción a la propiedad intelectual que deja a las personas en estos espacios de inercia y condena social para el propio individuo recae mil veces en este rasgo del poder.
Así como el poder opera en todos los niveles, su contraparte entrópica e institucionalizada también lo hace (la economía política de la criminalidad), sólo que aquella que se hace desde y en las cúpulas de control queda eximida del regímen de veracidad y normativo que el mismo control produce (inmunitas, como dice Antony Negri). Lamentablemente, el control social que ejerce poder, en sus relaciones estratégicas, el que segmenta la delincuencia en una lógica de incluidos (se crean hasta imperios de criminalidad) y excluídos que terminan hacinados en las cárceles.

domingo, 5 de diciembre de 2010

Izquierda- Derecha: Cómo avanzar más allá de sus racionalidades clásicas

El constante reflujo a 1973 es la principal fuente de la serie de traumas no superados en la cultura político-ideológica de Chile. Una muestra de ello es que aún no se pueden superar las clásicas categorías de análisis que componen las categorías referenciales de la derecha e izquierda, observándose la tendencia a centrar los contenidos de las actuales discusiones en la misma lógica que se realizaba en los años setenta. El problema persiste fundamentalmente en las antípodas del espectro ideológico, tanto en la derecha, que se apega a un liberalismo simplista y cercenado, como a la izquierda que apela a un socialismo utópico, alejado de los fundamentos de la filosofía materialista propugnadas por el marxismo clásico del siglo XIX.
No deja de llamar la atención, en este marco, que una no despreciable cantidad de personas reducen su racionalidad política a una oposición inmediatista que se expresa en la categoría de "fascista";"capitalista"; "comunista” y/o "resentido", u otras calificaciones, asociando definiciones tan diversas, como el liberalismo, con el primer calificativo, o a la socialdemocracia con los segundos apelativos.
Esta tendencia absolutista y conservadora en las prácticas discursivas surge como una parte de las tantas estrategias de resistencia frente al proceso de fragmentación de las ideas e identidades que trajo consigo la globalización de mercados y de la cultura. Pero ello, hasta el momento, genera más confusión entre sus adherentes, debido a que rehuyen la multiplicidad de escuelas de pensamiento, aparecidas en los últimos cuarenta años, para explicar los actuales procesos y fenómenos en nuestra sociedad. Se cae, por ende, en lo que se llama una epistemología del desconocimiento.
El desechar otras corrientes en la historia de las ideas, como son el post estructuralismo, el descontruccionismo u otras teorías críticas que hablan de la inclusión de terceros en un sistema político (Bobbio y Giddens), tiende a la entronización del concepto se impone por sobre las particularidades de la realidad concreta.
El mayor problema de esta visión de mundo es la conformación de una racionalidad que tiende a operar con el juicio a priori respecto a otros pensamientos, además de un reduccionismo dualista (fascismo/comunismo, reaccionarios-revolucionarios, capitalismo-socialismo, etc.) a la hora de revisar los problemas que aquejan a la sociedad.
Tanto el neoliberalismo como el marxismo de corte idealista coinciden en la idea de extirpar la presencia del poder en el actual modelo de dominio sobre las poblaciones, pues ambos sistemas de pensamiento aseguran que sólo así se libera la naturaleza reprimida de las personas, dando espacio a una fuerza creadora. Pero estas dos formas de saber omiten el hecho de que el poder no solamente presenta una sola fuente de emanación, sino que opera en todos los niveles de actividad humana. Es decir, no aceptan al poder como algo omnipresente que circula entre los seres humanos.
En este sentido, no se entiende el alcance que presenta la coexistencia identitaria derecha/izquierda, en el sentido que dichas categorías simplemente operan como un receptáculo de ideas, creencias y valores (una ideología en términos amplios) que tienen un carácter más amplio y dinámico. Algo normal, desde que se acuñaron estas categorías en el siglo XIX, inherentes a la lógica sintetizadora del sistema político de identidades. Ello no debe generar una ruptura en el modo de pensar la política, al menos en su forma.
Al respecto, Norberto Bobbio (uno que ha sido acusado por la izquierda conservadora de ser funcional a la “burguesía oligárquica”) sostiene la necesidad de definir a la derecha e izquierda como términos con un contenido relativo, limitado en el tiempo.
La distorsión, sin embargo, se produce cuando en ambos espacios no se recambian sus contenidos, ni se agregan otras propuestas explicativas, sobre todo en los contextos de ideas más fragmentarios y complejos que se viven ahora. Ante ello, lamentablemente, la ortodoxia de ambos extremos opta por caer en una ignorancia por conveniencia, desechando otros modos de análisis o, propugnando una actitud contra la produccón académica a costa de defender una filosofía de la praxis que, no obstante, no logra presentar una adecuada organización programática de mediano y largo plazo.
El aspecto filosófico complica más al pensamiento chileno que se dice tributario del marxismo. Ello, porque han pasado -quizás sin darse cuenta- a un idealismo que se relaciona más con las categorías de los imperativos morales que tanto criticaba el materialismo de Marx en Kant y Hegel. Un ejemplo lo demuestra la tendencia de instalarse como un juez moral dentro del espacio de la izquierda frente a las nuevos aportes de ideas que se han hecho en los sectores que antes adherían al marxismo. Así, las afirmaciones de por autoidentificarse como “la verdadera izquierda” asemeja más este comportamiento al pensamiento platónico de tipo militante que también absorvió el catolicismo.
Bajo esta óptica, todo lo que huela a renovación o a la amplicación de otras ideas en el referente de la izquierda es asociado con le objeto moralista de la “traición” o una falta de coherencia axiológica, concentrándose en el análisis de la llamada “superestructura” ideológica, en vez de apegarse a la matriz del comportamiento social economicista que dicen seguir de Marx. Paradojalmente, el adversario del filósofo alemán, el francés Proudhon se tomó la revancha, pues la postura de reformismo hegemoniza la corriente al interior del espacio de la izquierda.
En la derecha, la tendencia a simplificar los alcances de los actuales procesos vitales de la sociedad se enfocan más en la defensa del liberalismo propuesto por Hayek y Friedman, cuyo concepto de libertad viene tampoco se acopla a los requerimientos concretos de las mutiplicidades sociales. Su apologética ideológica no encuentra consonancia con las particularidades de la realidad social, especialmente a la hora de analizar las distorsiones en las relaciones de mercado.
Si bien Bobbio afirma que el concepto de igualdad es clave para discernir las diferencia entre ambos polos políticos, en la derecha se hace más difícil adecuar su propuesta a la realidad, debido a que también considera que las categorías conceptuales de su ideología liberal “naturalmente” se deben imponer sobre la experiencia de las personas, así como en un sector de la izquierda son las “leyes inevitables de la dialécticas” las que se entronizan.
Peor aún es el hecho del atavismo histórico y sociocultural de la derecha para abrirse a los parámetros que exige el desarrollo. Este es el factor que ha despertado el núcleo del conflicto político en el país, no desde de un supuesto esquema dialéctico, sino que desde el punto de vista incentivar al inmovilismo relativo que se ha generado en los contenidos prácticos del espacio derecha/ izquierda.
La solución como se plantea a partir del análisis de Bobbio apunta a entender el enfrentamiento de ambos polos no a partir de las cargas ideológicas-axiológicas que incorporan cada una de ellas, sino en la practicidad de sus políticas públicas hacia la población que –precisamente- es uno de los factores menos considerados a la hora de los debates eleccionarios.
Esta praxis de lo político, en un sentido amplio, pasa por el reconocimiento de la atomización y constante circulación del poder en todos los niveles de la sociedad, a partir del cual sólo debería operar sin las típicas pretensiones de encasillamiento institucional paternalista que históricamente utiliza el Estado en Chile.

lunes, 29 de noviembre de 2010

Algunas reflexiones acerca del retorno de la economía civil en territorios comunitarios

Hasta el cansancio se habla sobre la necesidad de considerar a la economía como una ciencia social, ampliando el alcance de la disciplina para superar el reduccionismo a la cual ha sido sometida por parte del paradigma de la moderna economía política. Intentos en esta época de crisis internacionales producidas por el afán mecanicista del monetarismo sin regulaciones de Milton Friedman, con pretensiones de asépticas en cuanto a las subjetividades de la población.
La autodenominada visión “técnica y racional” se ha extendido tautológicamente a la sociedad, pero no ha sido capaz de explicar sus limitaciones al marginar a un segmento considerable de la población de los circuitos comerciales, consumo y de la propia distribución de la riqueza. Desde el punto de vista social, las últimas crisis han demostrado su carácter entrópico por cuanto, a nivel generalizado, se ha perdido el sentido de sociedad y de comunidad.
Sin embargo, en los últimos diez años se viene afirmando con fuerza una recuperación de la perspectiva de estudios de la economía civil. Esta teoría económica encontró sus raíces en la tradición del pensamiento filosófico que se remite a Aristóteles y Cicerone que, posteriormente, sería reflotado en la modernidad por una de las principales corrientes económicas de la época: la escuela napolitana. Paralelamente, en Escocia, se desarrollaban los principios de economía política Adam Smith y Hume.
De hecho, antes de que “La riqueza de las naciones” viera la luz pública, en la Universidad de Nápoles, en 1753, se publicó la obra “Lecciones de comercio, o sea de economía civil” de Antonio Genovesi, catedrático de comercio y mecánica en la misma casa de estudio. El libro marca un punto de inflexión en la historia de la economía, según lo declaró siglos después Schumpeter, más allá de que sufriera un pequeño y decisivo detalle: El paradigma de la economía civil del siglo XVIII fue progresivamente sustituido por el paradigma de la economía política británica.
Después de más de dos siglos de dominio este modelo aún continua en expansión, dejando en el camino a los demás que han intentado ocupar su hegemonía. Sin embargo, actualmente se aprecia un renacimiento italiano al interior de sus círculos académicos para reflotar el paradigma de la economía civil. Tanto es así que, sobre esta base, en Italia se prepara el lanzamiento de una bolsa social, cuyo objetivo es crear un mercado de capitales para financiar las obras de las empresas sociales. Esta última categoría fue creada y aprobada por el Parlamento Europeo en febrero de 2009.
El concepto de empresa social se enfoca a responder las necesidades sociales de las personas, creando un valor social en vez de maximizar el lucro. En otras palabras, los beneficios generados por la empresa se deben reinvertir en ella misma con la finalidad volver a dedicar estos recursos a favor del objeto social o del interés general bajo el cual ha sido creada la empresa.
Dicho tipo de empresa se ajusta al paradigma de la economía civil que considera el aspecto dejado de lado por el modelo de economía política de Smith: el principio de reciprocidad. Ello, bajo la óptica de la economía civil, se asocia con la idea de apreciar al mercado como un espacio de desarrollo civil y humano, construido de relaciones horizontales. En ese sentido, estas nociones eran compartidas por Adam Smith, contrariamente a lo que se piensa.
Y es que el tipo de liberalismo económico que se ha desarrollado en los últimos 30 años ha cristalizado subjetividades tan duras que son difíciles de rebalzar, pero el mismo Smith era consciente de la importancia del Estado para incentivar el principio de redistribución de la riqueza y así compensar la ausencia del principio de reciprocidad de su modelo económico.
La diferencia esencial entre ambas concepciones económicas para por el principio de reciprocidad. Según el punto de vista de la economía civil, éste debe ser considerado como una relación entre personas distintas y no un nexo entre preferencia individuales, como plantean los seguidores de Smith. La idea de relación contenida aquí apunta priorizarse por sobre las opciones individuales para no se transformada en una razón instrumental que tiende a jugar a favor de sólo una de las partes.
A partir de ello, la propuesta de economía civil escarba en las ideas aristotélicas acerca de la reciprocidad en el sentido de ser un vínculo social que tiende a mantener unida a la comunidad inserta en la polis. La reciprocidad, de este modo, tiene un significado amplio, dinámico y abierto que circula en el cuerpo social, superando con creces al reduccionismo del paradigma de economía política que define a la reciprocidad como un intercambio de dones y nada más.
Extender este principio práctico, por el cual también abogaba Smith, para que la economía produzca inclusión social. La preminencia de los bienes relacionales, o una mayor cuota de presencia de estas prácticas en los sectores rezagados por el actual modelo económico, particularmente a través de bienes de acceso y uso público como el deporte, salud, arte, cultura, educación, tal como lo hacían las ciudades Estado del siglo XIV en Italia, donde los capitales acumulados en las bolsas sociales financiaron la construcción de escuelas, colegios de artesanos, hospitales.
Debido a que no faltarán las voces que plantean la inviabilidad de este tipo de iniciativa en el complejo actual de la economía, la verdad es que la bolsa social se justifica plenamente en el nivel microeconómico, en territorios determinados y en organizaciones de tipo comunitario destinadas al comercio justo y el cooperativismo sustentable.
El financiamiento de la bolsa social en la Unión Europea provendrá de los propios ciudadanos como inversionistas, transfiriendo ahorros de comunidades para financiar empresas sociales, las cuales no tienen un carácter especulativo, sino que se centran en la distribución de dividendos sujetos a un porcentaje determinado. Su actividad se basa en las nuevas métricas de indicadores sociales, en vez de la tradicional estructura de precios.
Ante las insuficiencias distributivas y participativa de la producción capitalista industrial, la filosofía que anima al paradigma de la economía civl entrega coordenadas reales como alternativa a la crisis relacional que no puede ser solucionada con la lógica del mercado ni con la burocracia excesiva que basan sus reglas de convivencia en el riesgo permanente.
En el caso chileno, iniciativas de esta clase son más difíciles debido al déficit relacional a nivelc del capital social, especialmente en aquellos sectores periféricos dejados por las dinámicas del paradigma de la economía política implantada en los ochenta, la cual contiene elementos de anarcoliberalismo más altos que Estados Unidos. A ello le debemos agregar la estructura social cerrada históricamente existentes.
Sin embargo, el desarrollo en los últimos años de las organizaciones de la sociedad civil las encuentra en un estado apropiado para iniciar diversos proyectos, con ayudas económicas de la UE, a fin de impulsar este paradigma alternativo en ciertos territorios, aprovechando las sinergías y la reconstrucción de lazos sociales que se llevan a cabo en las experiencias de la producción éticamente responsable y del comercio justo.

jueves, 7 de octubre de 2010

La relación entre martirología, teología política y el gremialismo de la UDI

El discípulo, con su muerte, cumple con los planteamientos escritos por su mentor. Así se puede concluir la relación ideológica del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, con uno de sus principales formadores intelectuales, el jurista alemán Carl Schmitt, uno de los exponentes conservadores más conocidos del período de entre guerras, miembro del partido nacionalsocialista de Hitler y uno de los artífices del concepto moderno de la teología política.
Su legado fue seguido por Guzmán a la hora de diseñar los pilares de la actual institucionalidad del país, la cual sufrió un punto de inflexión o una discontinuidad en 1991, cuando el artífice criollo fue asesinado por el FPMR, dando inicio a la construcción de un nuevo mito al interior de la derecha local, a partir de la figura del mártir que es sacrificado a favor de un cierto ordenamiento en la sociedad, algo que también fue aborbado por Schmitt en sus obras, como veremos más adelante.
Pocos -o quizás ninguno- en el FPMR, había pensado en la posibilidad de que la muerte del senador terminaría levantando su figura por parte de los grupos dominantes para acelerar la legitimación de la institucionalidad pensada por él, en un contexto de democracia formal. De cierto modo, se produjo el llamado efecto mariposa que plantea la teoría del caos, pues las balas que terminaron con la vida de Guzmán marcan el suceso fundacional que requiere todo mito para su operatividad, a la cual -más encima- se le agregan los clásicos elementos de la escatología católica presentes en la obra de Schmitt.
Aunque la figura de Pinochet es la base mítica de la derecha para justificar el golpe de Estado, a partir de la idea del mito refundacional, la verdad es que la muerte de Guzmán profundizó la institucionalización de su pensamiento, a través de Fundaciones y otros Think Tank, además del mismo trabajo hormiga que había iniciado en las poblaciones el gremialismo en años ochenta. A partir de 1991 la UDI aumentaría esta presencia en los sectores populares, sobre la base del martirio de “un servidor público”, cuya mistificación ya se había construído en torno a la figura del asesinado dirigete poblacional Simón Yévenes, quien también cuenta con una Fundación destinada a formar “líderes populares”.
“Porque los mártires no mueren, sino que su sangre fecunda la tierra para hacer brotar frutos que acaso ellos mismo nunca soñaron. Simon: legado de un martir. El fruto del martirio es fortalecer los espíritus”, escribía Guzmán en sus columnas a propósito de la muerte de Yévenes en 1987. El mismo discurso daría más tarde la cúpula de la UDI respecto a su fundador.
Esta idea del sacrificio, que ya existía en la visión de mundo del senador, era sostenida por Schmitt cuando señalaba que es sólo en un Estado autoritario donde el poder de decisión justifica el sacrificio de la vida para obtener la unidad política. Así lo hicieron los militares con sus adherentes civiles entre 1973 y 1990, tal como planteaba el jurista alemán: el mito nace con la guerra, con el conflicto.
Ello permite parir al mito que, según Schmitt, comprometería a los individuos a seguir los designios de la autoridad, materializados en un conjunto de instituciones. Una lógica que la sociedad política-democrática de la época siguió al pie de la letra luego del asesinato de Guzmán.
El relato que construyó el gremialismo a lo largo de los noventa demostró la aplicabilidad de la teoría moderna de los mitos políticos al cumplir la premisa de sustentar un sistema de creencias, acercándose más a la emotividad por sobre la racionalidad.
De este modo, en este sector, la figura del fundador institucional es intocable, alcanza un carácter divinizado, tal como lo hacían los griegos con sus héroes. Pero, en el fondo, esto no es más que la consecuente interpretación de Schmitt de instalar los cimientos de una teología política en torno a un hombre, un Mesías que dió su vida, cuya memoria insta constantemente a sus discípulos a luchar contra un anticristo, el cual se pretende identificar en todas aquellas expresiones que buscan modificar el diseño institucional dejado por el líder.
Esta es la base de la teología política que abre los espacios al mito contemporáneo, el cual apela más a la memoria que a la historia y eso explica en parte el por qué la apología al senador se manifiesta en monumentos memoriales que, sin embargo, pretende pasar a la historia a partir de las continuas polémicas coyunturales que, de vez en cuando, surgen para ajusticiar a los responsables de su muerte.
El mito cívico moderno supone un ejercicio político que adquiere las reglas y presupuestos del modelo católico de dominio, específicamente en recursos rituales, inspirados en la religiosidad, para direccionar el espacio de convicciones presentes en el apostolado de las figuras míticas. Sólo así también podemos comprender las externalizaciones hechas en el año 2003 por Pablo Longueira que decía escuchar a Guzmán en los momentos de una fuerte crisis institucional del gremialismo por los cuestionamientos morales a sus miembros, por parte de la sociedad en el marco del caso Spiniak.
Con ello, vemos cómo se acoplan los supuestos de la teología política con la influencia de Guzmán entre sus seguidores, cuyo apelo a la escatología católica del éxtasis y del culto a los muertos pasa, del espacio íntimo de la familia, al espacio público de la política, con el principal objetivo de instalar un cierto modo de pensar y actuar bajo los esquemas del moralismo conservador-católico.
Más que haber sido un paréntesis, las declaraciones metafísicas y paranormales de Longueira representan las enseñanzas de Guzmán y, por ende, de Schmitt en cuanto a utilizar e instrumentalizar los conceptos de la teología para desarrollar el pensamiento político. El teórico alemán, en una de sus principales obras (“El concepto de lo político”), afirma la idea de que la actividad política proviene de flujos de energía, cuyas emanaciones justifican la existencia del mito político.
Esta es una de las pautas seguidas por los dirigentes de la UDI en sus discursos o declaraciones públicas, a través de la constante memoria a la obra de Guzmán y de sus inspiraciones políticas en la “virgen santísima” o en la “divina providencia”. La politización de la fé, de la vida nuda al espacio público (como dice el filósofo italiano Giogio Agamben) es un pilar fundamental que sostiene el ethos del gremialismo.
Y es aquí donde emerge la permanente tensión que genera la legimitación de la obra guzmaniana en un segmento de la clase política: La pretensión de extender a la sociedad civil una síntesis entre la sujeción al Estado hobbesiana y la contrareforma católica, como se desprende de los trabajos de Schmitt. La martirización de Guzmán amplificó la legitimación sociocultural del pensamiento del jurista alemán, sumado a la fuerte influencia del corporativismo en todos los niveles de la sociedad.
Ello, debido a que gran parte de la población y su organización espontánea tiende a desmarcarse de la influencia de los partidos políticos en su cotidianeidad, algo que Guzmán siempre sostuvo (como uno de los objetivos de la Institucionalidad) en sus entrevistas de los años ochenta. Habría que ver si esta realidad responde más a los efectos de la institucionalidad que él contribuyó a crear o si las mismas colectividades políticas han acelerado este proceso de despolitización gracias a su negligencia, corrupción, hermetismo, autoreferencialidad y corporativismo, entre otros factores explicativos del fenómeno.
Sin embargo, el reflote del caso Guzmán en el contexto de un gobierno de derecha, nos lleva a preguntarnos acerca de la vigencia de su pensamiento en el Estado y en la Institucionalidad pública. Y aquí surgen nuevas preocupaciones. Porque si efectivamente aún perdura esta idea fuerza del gremialismo de politizar la fé o teologizar la política, ¿qué debemos esperar de las políticas públicas y sociales?.
Lo cierto es que la mistificación que se realizó, mediante el concepto de mártir, en la figura de Guzmán ha dado frutos que eran inimaginables en 1991, con lo cual la variante teológica-política propuesta por Schmitt promete no disiparse al momento de discutir las infaltables temáticas valóricas y morales en nuestras políticas públicas.







martes, 14 de septiembre de 2010

La mirada de la Biopolítica para explicar el conflicto del Estado con el pueblo mapuche

La problemática mapuche está en boca de todos y es bueno que así sea. Debido a la fuerza que adquiere el espacio 2.0 como lugar de presión de la ciudadanía, la huelga de hambre que realizan 34 mapuches prisioneros en el sur ha sido abordada por el gobierno de Sebastián Piñera, quien ha propuesto el envío de un proyecto de Ley destinado a modificar las figuras penales de la Ley Antiterrorista, además de restringir la competencia de la Justicia Militar en el marco del conflicto.
Pero la decisión del Ejecutivo ha abierto otro debate que, de no solucionarse con la debida prontitud, podría tener un escabroso final, considerando las frágiles condiciones de salud de los comuneros después de más de 66 días sin ingerir alimentos.
¿Cómo podemos entender este último capítulo de la traumática relación entre el pueblo mapuche y el Estado? Un enfoque que nos permitiría reconocer los elementos en juego de estos momentos nos lo puede otorgar el concepto de Biopolítica propuesto en los años setenta por el filósofo francés Michel Foucault.
Y es que la inconclusa huelga de hambre de los 34 comuneros, a la cual se han sumado cuatro diputados de oposición, plantea una serie de hechos que pueden ser analizados a partir del enfoque biopolítico, que nos puede otorgar algunas conclusiones hacia el futuro en este tema y que aún no son tomadas en cuenta por la clase política, especialmente en los últimos veinte años.
De acuerdo a Foucault, el modelo biopolítico supone una constante preocupación del Estado moderno por la mantención de la vida en la población, mediante la intervención de una serie de tecnologías, saberes y poderes destinados a operar dentro de la sociedad con la finalidad de producir el control social. Dentro de este cuadro emerge el llamado “biopoder”, el cual consiste en la "explosión de técnicas diversas y numerosas para obtener el sometimiento de los cuerpos y el control de las poblaciones", como dice Foucault.
Bajo esta óptica, es comprensible la decisión del gobierno de escuchar la presión ciudadana para que se ocupara del drama de los 34 comuneros, a partir del cual ha surgido la idea de cambiar la Ley Antiterrorista de 1991. El que el Estado tome las riendas para tratar de evitar la muerte de los huelguistas constituye otro de los ejes de la Biopolítica: la soberanía. A partir de ella, el poder se caracteriza por el derecho de hacer morir y/ dejar vivir a las personas, con lo cual se transforma en un “biopoder”.
Lo importante es que el Estado debe partir del principio de neutralidad en lo que se refiere a la protección de la vida humana, por lo que, de no haber escuchado las demandas de la sociedad civil, el gobierno de derecha se habría quedado entrampado en la otra cara de la biopolítica: la tanatopolítica, donde el mismo Estado también puede ser el responsable de la muerte indirecta de las personas, si es que no toma decisiones para zanjar un problema tan delicado como éste.
Ello es lo que todavía no comprenden a cabalidad algunos congresistas del oficialismo que están condicionando la aprobación de los cambios legales a otros temas, sin darse cuenta de la oportunidad de cambiar un poco el actual cuadro de relaciones conflictivas entre el Estado y el pueblo mapuche, a partir de este hecho puntual como lo es la huelga de hambre.
La intervención del biopoder por parte del Estado chileno hacia el pueblo mapuche, a la vista de Foucault, históricamente se ha conformado sobre la base de una “genealogía del racismo”. Esta la podemos situar desde la pacificación de la Araucanía entre 1880 y 1884, donde el poder estatal intervinó directamente con una política de exterminio sobre los cuerpos de los mapuches y de su sistema de saberes (cultura). A partir de este hecho se entiende mejor el elemento disciplinador de la biopolítica del Estado hacia los mapuches: se ha privilegiado una visión de soberanía más coercitiva hacia algunas comunidades, las que son aplicadas junto con prácticas discursivas –como el pensador francés- que actualmente identifican al mapuche como un “subversivo”, “terrorista”, “indio violento y borracho” y/o “delincuente”. La disciplina estatal, sumada a este conjunto de saberes negativos en torno al pueblo mapuche, es lo que ha coadyuvado al actual tipo de situaciones, de la cual somos testigos.
Lamentablemente, el enfoque biopolítico realizado desde el poder del Estado se ha administrado de modo equivocado para enfrentar la mayor autonomía administrativa y cultural que exigen las comunidades. Estamos en presencia de lo que Foucault llama “las discontinuidades o rupturas” que se generan en toda sociedad, donde a menudo coexisten -y llegan a chocar- estrategias de control social y, por ende, estrategias de resistencia, como las que están realizando en estos momentos los 34 mapuches en prisión.
La acción de los huelguistas también ha provocado otra estrategia de resistencia, como aquélla de los congresistas oficialistas que condicionan la aprobaciñón del proyecto de Ley anunciado por el gobierno a la inclusión de otros “prisioneros políticos”, como algunos militares involucrados en la violación de derechos humanos. La lógica de las compensaciones es atingente en este momento y no se condice con la urgente salida que se debe encontrar al problema de los comuneros en huelga, sobretodo por las implicancias que tendrá el final de esta situación para la comunidad mapuche y para el Estado chileno.
Otros exponentes de la filosofía política que sigue la obra foucaultiana, es el italiano Giorgio Agamben, quien enriquece el enfoque biopolítico a partir de la histórica división que advierte entre la vida privada de las personas y la exclusión de ésta por parte del espacio público-político. La historia nacional nos habla de la discriminación y marginalización del pueblo mapuche en la sociedad nacional; el mapuche no vive dentro de la comunidad nacional, sólo se le considera cuando viola lo establecido por la ley.
Detrás de esta lógica de exclusión, Agamben observa otro problema, que siempre ha estado presente en nuestro histórico conflicto con los pueblos originarios: la defensa de una forma de vida. Si algunas comunidades sostienen la lucha contra el Estado, las autoridades no deberían concentrarse en ver amenazada la soberanía de las leyes, sino que deben apuntar hacia la demanda más profunda que realizan los afectados: mantener una forma y un estilo de vida que es relativamente reconocido por el Estado.
“Una vida que no puede separarse de su forma es una vida que, en su modo de vivir, se juega el vivir mismo y a la que, en su vivir, le va sobre todo su modo de vivir”, afirma Agamben. El juego de palabras más que confundirnos , debería hacernos llegar a otro nivel de reflexión acerca del llamado conflicto mapuche, el cual es más un conflicto que proviene de las entrañas del Estado mismo y su antiguo enfoque biopolítico.
Precisamente, la Biopolítica se caracteriza por su dinamismo, es un constante campo de relaciones de poder cotidianos, de estrategias y choque en el sentido amplio de la palabra, que no incluye los clásicos ideologismos del siglo XX para estudiar un problema social.

martes, 31 de agosto de 2010

Breve Genealogía del anarcoliberalismo económico que hegemoniza la sociedad chilena


Leyendo la recopilación de las célebres cátedras del filósofo francés, Michel Foucault, en el Collége de France, agrupadas en lo que más tarde se denominó “El Origen de la Biopolítica”, surge un concepto más o menos clarificador acerca del “régimen de verdad” que actualmente vive la sociedad chilena, a partir de la idea hegemónica del neoliberalismo que, en palabras de Foucault, no es más que un “anarcoliberalismo”.
Trabajando con sus propuestas investigativas de la genealogía del Poder, Foucault desmenuza la historia de las ideas político-económicas que dan vida al paradigma de la economía política de Adam Smith que se valió del liberalismo para desarrollarse. En este proceso, se identifica al padre F. Von Hayek como un intermediario entre el Ordoliberalismo y el neoliberalismo estadounidense que dio vida al anarcoliberalismo de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, de la cual han surgido toda la camada de discípulos chilenos que ya se encuentran en la cuarta generación, gracias a la creación de una serie de dispositivos institucionales, técnicos y de saberes que se reconocen en algunas universidades privadas y en ciertos Think Tank, como Libertad y Desarrollo, donde son más anarcoliberales que los mismos norteamericanos.
Para comprender a cabalidad los elementos del anarcoliberalismo, debemos detenernos en el concepto de Ordoliberalismo, surgido a mediados del siglo XX. Foucault lo identifica como la imbricación de “una política de sociedad y un intervencionismo social a la vez activo, múltiple, vigilante y omnipresente”. En otras palabras el Ordoliberalismo no sería más que la llamada economía social de mercado, cuyo objetivo no es compensar o anular los efectos negativos de la “libertad económica” en la sociedad, sino que apunta a un hecho más profundo: anular los impactos anticompetitivos que surjan en la sociedad.
El Ordoliberalismo no está pensado para contra restar la economía de mercado, sino que para impedir o, más bien dicho, mitigar los efectos sociales negativos generados por la falta de competencia. Esta última realidad la podemos apreciar cotidianamente en nuestro país, donde el mercado ha sido capturado por grandes conglomerados que tienden a disminuir la integración y participación de pequeñas empresas, tal como se aprecia en el sector del retail, supermercados, farmacias, Isapres, AFPs y bancos, entre otras áreas clave de la vida económica.
Durante los gobiernos de la Concertación se pudo apreciar un intento de avanzar en los grados de ordoliberalismo mediante la regulación de estos sectores, pero su resultado fue difuso o mínimo, por cuanto no se intervino en el problema de fondo que era intentar producir mayores grados de apertura en el estrecho mercado que tenemos, sino que se implementó una política de contención que todavía no puede anular los mecanismos anticompetitivos en la sociedad.
La creación del Tribunal de la Libre Competencia ha logrado dar ciertos pasos adelante, con algunos fallos puntuales que han impedido una mayor concentración de mercados en diferentes sectores, pero no se observa el desarrollo paralelo de una política destinada a integrar a los actores más pequeños y rezagados en los encadenamientos productivos y comerciales establecidos.
Al ser un hijo rebelde del ordoliberalismo, el anarcoliberalismo instaurado por Von Hayek y Friedman parte del supuesto que las leyes del Estado no deben desbordar los márgenes de la formalidad, el Estado debe ser ciego y solamente debe considerar a la economía como un juego en que, según Foucault “las reglas no son decisiones que alguien toma por los demás”. “La economía es un juego y la institución jurídica que la enmarca debe pensarse como regla del juego”, agrega.
Así, se comprende el mecánico discurso del empresariado respecto “al cambio en las reglas del juego”: Si un equipo grande destroza al otro en el campo del juego económico, el equipo más débil debe aceptar esta realidad, al momento de haber querido ser parte del juego mismo. Este es el raciocinio clave que nos abre el análisis de Foucault para entender la mentalidad del anarcoliberalismo en las empresas, cuyo discurso del cambio a las reglas del juego no significa más que hacer un apelo a continuar jugando en un orden legal que no cambie.
En consecuencia, la idea central del anarcoliberalismo es que dicho juego debe realizarse sin un árbitro, debe desarrollarse sin planificaciones y su resultado final debe partir del presupuesto de ser desconocido para todos los actores que deciden entrar en él.
Pero la pregunta que realmente la sociedad debe hacerse a sí misma y a los poderes del mercado es: ¿Se desea vivir en un modelo de continuos juegos, donde la principal regla del orden legal debe ser estática?; ¿Por qué el campo económico pide jugar con reglas estáticas, en circunstancias de que otras esferas de actividades en la sociedad no lo hacen así?
El problema del anarcoliberalismo es que nació cojo y sin ojos. Lo más cómico es que desde esta perspectiva de mundo se exige que el Estado deba ser ciego y operar solamente desde una formalidad jurídica estática hacia el mercado, cuando las demás instituciones de la sociedad (formales e informales) se continúan su desarrollo cada vez de modo más dinámico. La pierna de madera del anarcoliberalismo debería ser entonces la ciencia social y, para ello, es necesario que el padre ordoliberista retome la autoridad sobre el hijo rebelde.

jueves, 26 de agosto de 2010

Sobre cómo una parte del empresariado se auto flagela para eludir responsabilidades

Tortuosa y traumática sigue siendo la relación cultural del empresariado con la sociedad chilena. Las raíces de este permanente conflicto la encontramos en los años setenta, luego del ruptura que significó para los empresarios el proceso de apropiación social que realizó el Estado a inicios de esa década. Las expropiaciones a los que fueron sometidos dejó un trauma psicosocial en el empresariado nacional, el cual no ha podido ser diluido ni siquiera por parte el actual modelo económico extremadamente favorable al sector.
Efectivamente, el hecho de ver vulnerado el derecho de propiedad en aquellos años ha generado un blindaje reaccionario en una gran parte de la comunidad empresarial, el cual estuvo aletargado en los años del laissez faire económico que se instaló en el país entre 1974 y 1990. Pero la asunción formal de la democracia en 1990 despertó con mayor fuerza la lógica defensiva del empresariado aunque, en la realidad, los siguientes veinte años hayan significado para ellos la consolidación del modelo de economía abierta al comercio exterior y, por lo tanto, un mejoramiento en el objetivo de las empresas: generar rentabilidad.
La cultura política del reflujo que se generó partir de 1973 afectó al empresariado y a las organizaciones sindicales en forma más explícita, siendo una de las causas del escaso desarrollo de nuevas relaciones laborales acordes como la de otros países. Paralelamente, el desarrollo de la sociedad civil, cristalizado en nuevas organizaciones de diversa índole, ha hecho perder la brújula del empresario, confundiendo muchas demandas reales de la ciudadanía como un ataque directo al derecho de propiedad con tintes políticos.
A ello se suma la tensa relación con el afán regulatorio que tomó el Estado en los años noventa, en comparación al relajo que hubo en los años ochenta en esta materia. Cada vez que se hablaba de reformas laborales o tributarias, las principales organizaciones empresariales agrupadas en la Confederación de la Producción y el Comercio han sacado la voz con un orden discursivo sintetizado en el eslogan: "se están cambiando las reglas del juego". Esta dinámica comunicacional se acopló perfectamente con la plataforma discursiva y la operatividad legislativa de la derecha que terminó distorsionando el espíritu que animó a proyectos de Ley de este tipo en los últimos veinte años.
El gran fruto que ha dado esta dependencia política, social y cultural del empresariado es la ideologización de la empresa que tiende a reducir como una amenaza a cualquier atisbo de cambio por parte de los demás actores estratégicos de la sociedad (Estado, sociedad civil, sindicatos, partidos políticos, etc.). La idea de que son constantemente atacados o puestos en cuestionamiento ha llevado al empresariado criollo a mantenerse detrás de una línea defensiva que lo lleva a profundizar sus errores en las relaciones cotidianas con la sociedad.
Ejemplo de ello son las últimas declaraciones de los empresarios frente a emergencias nacionales como las que hemos visto este año, primero con el terremoto y ahora con los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad.
Luego de que una decena de edificios colapsaran en sus estructuras por el terremoto de este año, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción señala que existen edificios que pueden perfectamente existir inclinados, comparando el caso de los departamentos con la torre de Pisa. Mientras, con la tragedia minera, los propietarios de la empresa señalan que probablemente no podrán pagar los sueldos de los mineros afectados.
Varios elementos se pueden rescatar de estos comportamientos. El primero apunta a una suerte de torpeza comunicativa que proviene de la frustración y la impotencia de que estar bajo el control social de otros estamentos. En términos de inteligencia emocional se diría que la falta de autodominio hace resaltar lo primero que se nos viene en mente, en vez de asumir responsabilidades.
De ahí que no sea extraño leer las disculpas públicas por los comentarios no deseados, pero dichos. Ahora, tenemos el otro extremo: aquellos empresarios que niegan toda culpabilidad y disculpas a la sociedad por sus malos manejos administrativos, lo que genera un mayor sentimiento de reactividad frente a las demandas de las otras partes sociales. Eso ocurre con los propietarios de la mina San José que después de dos semanas de aislamiento comunicacional aseveran que no es tiempo de pedir disculpas.
La casuística se repite se escarbamos en el tiempo. A inicio del año 2000 una huelga de trabajadores en la fábrica de bicicletas terminó con un trabajador muerto, frente a lo cual la empresa encontró la defensa del presidente de la época de Asimet, Pablo Bosch, quien defendió la obra de sus colegas, sin especificar las responsabilidades de éstas en el deceso del empleado.
Un caso similar se verificó en 1997, con la llamada crisis de la salmonela que hizo perder a los productores de huevos una importante cantidad de dinero, lo que encendió la furia del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien afirmó que no le interesaban las eventuales casos por enfermedad que podía producir la situación.
Durante la discusión del royalty a la minería, en el 2001, el gran empresariado agrupado en la CPC nuevamente cayó en la línea argumentativa de los "cambios a la regla del juego" y de la "desconfianza" al afán regulador y fiscalizador del Estado. Tanto así, que en aquél período el presidente de la CPC (de nuevo Ricardo Ariztía) encaró al entonces Presidente de la República, Ricardo Lagos, con la siguiente frase: "déjenos trabajar tranquilos".
El reciente proceso de relaciones entre el empresariado y la sociedad, de este modo, se nutre de recíprocas desconfianzas, lo que es peor en el caso empresarial puesto que la desconfianza se instaló en las profundidades de sus representaciones sociales. Ello tiene un paradójico efecto, ya que con estos dispositivos discursivos el gran empresariado contribuye a instalar un mal precedente para los pequeños y micro empresarios que se integran al mercado. Ello redunda en los bajos niveles de capital social existente en la economía chilena.
Este también es un factor explicativo del particular estancamiento de la Responsabilidad Social de Empresa (RSE) en Chile, comparado con los avances que han logrado en este temas las compañías privadas en otros países. Lo que en otras partes es un modelo sistemático de gestión para innovar en las prácticas empresariales en el mediano y largo plazo, aquí es reducido a la figura de una filantropía difusa y de un marketing cortoplacista.
Si bien la cúpula empresarial intentó modificar su actitud de extrema defensa en lo que percibían siempre como un ataque hacia un empeño más colaborativo con las autoridades -que se cristalizó en las llamadas Agenda de Crecimiento-, lo cierto es que tales iniciativas parece que fueron partes de un paréntesis estratégico, toda vez que persisten las misma reacciones frente a problemas particulares con los demás actores sociales.
La estrategia defensiva reaccionaria (en su amplio sentido y no en su acepción política) no ha podido ser despejada en el empresariado, pese a la variada oferta de consultoras comunicacionales destinadas a superar situaciones críticas, manejo ante los Mass Media y otras asesorías.
Dentro de este tipo de estrategia, identificamos la táctica del victimismo que apunta a culpar a los demás por los problemas puntuales, desligándose de toda responsabilidad. Esto es lo que justamente hace la minera San José por estos días, al señalar que no tienen dinero para pagarle a los mismos mineros atrapados, debido a que no hay flujo de caja, con lo cual se busca que sea el mismo gobierno el que se haga cargo de la situación social.
Esta actitud en una parte del empresariado se sustenta en el principio de subsidiariedad del Estado, donde se persigue que el sector público se encargue de minimizas las externalidades negativas del negocio, mientras que las rentabilidades producidas se privatizan.
El famoso argumento del cambio en las reglas del juego no es compatible con la lógica de la acción pública y la deontología del Estado. Los gobiernos son elegidos justamente para cumplir la supuesta misión de corregir las inequidades e ineficiencias en la sociedad con el propósito de aumentar el bienestar de la población. Y esto es algo que aún no entiende una parte de nuestro empresariado: los procesos de desarrollo económico dinámicos implican un cambio de condiciones cada cierto tiempo.
Lo que realmente sucede es que este mismo segmento de empresarios piensa que se debe volver a la situación de laissez faire radical que se aplicó en los ochenta -con la menor cantidad de regulaciones posibles- o retornar a una situación más parecida ahora que la derecha administra el Estado.
Sin embargo, el desarrollo de la sociedad civil aún es asociado como un adversario dentro del sector. En los últimos diez años se aprecia un resurgimiento de la idea de comunidad por parte de las diferentes asociaciones civiles en diversos ámbitos, desde los consumidores, ambientalistas y animalistas, hasta las agrupaciones de economía solidaria y del comercio justo. La complejización de este panorama es lo que aún confunde a las empresas en su conjunto, pese a las excepciones de algunos empresarios más innovadores que han decidido el contacto metodológico con las comunidades.
La actitud de defensas erradas por parte del empresariado nace por este desconocimiento de lo que es la sociedad civil en estos momentos en el país. Dicha estrategia es tan extrema como áquel otro orden discursivo antiempresarial y anticapitalista: Ambos polos siguen estructuras discursivas similares en cuanto a la preeminencia de slogans y al desconocimiento radical de un tejido social diverso entre sí..
Es necesario superar etapas. Si la tautología del mercado avanza es justamente por la intercambio de acciones entre Estado, empresas, consumidores y sociedad. Para ello recomendamos la lectura del estudio "La cultura del empresariado moderno" -disponible en la biblioteca del Centro de Estudios Públicos (CEP)-, para comprender el por qué se generan estas confusiones y errores en la relación entre los empresarios y la sociedad.
En esta obra de Brigitte Berger, se plantea la idea central de que la cultura es el conductor y el empresariado es el catalizador. Parece que pocos empresarios se han embutido de este ensayo donde se sostienen otros elementos destacables, como el hecho de que la modernización no debe ser considerada mecánicamente como el producto del desarrollo económico, sino como el modo de conducta y pensamiento de la sociedad.
"Más aún, de este modo los individuos corrientes, en sus actividades cotidianas, en sus costumbres, prácticas e ideas, crean la base para que surjan otras instituciones claramente modernas que puedan mediar entre ellos y las grandes y distantes estructuras de la sociedad", explica acertadamente Berger.
Aquí también nos topamos con el hecho de que muchos empresarios se han acoplado ciegamente a la ortodoxia económica monetarista, que niega el componente social de la ciencia económica. Si el maestro es ciego, él y su discípulo caen en el hoyo, decía Jesucristo.
El argumento de que son las empresas las encargadas exclusivas de generar riqueza en la comunidad está equivocado, no toma en cuenta el enfoque cultural de las capacidades empresariales que nos habla de un crecimiento económico que se desarrolla desde abajo, a partir del esfuerzo de los individuos para alcanzar metas (sin el contenido ideológico-político que ha manipulado la izquierda radical con la categoría de los trabajadores).
Si llegarán a surgir nuevas perspectivas en el segmento del empresariado más refractario a los últimos cambios de la sociedad -como aceptar la perspectiva sociológica de las comunidades son un tejido de significados compartidos y no una simple segmentación socioeconómica estructurada en función del consumo- podríamos dejar de ver, leer y/o escuchar declaraciones empresariales erradas y no atingentes a las necesidades de la sociedad actual.

domingo, 15 de agosto de 2010

Variaciones en el discurso de la delincuencia intensificará dispositivos de disciplinamiento social


Bastante amplio es el concepto de disciplinamiento social. Algunos autores lo plantean como un factor del desarrollo histórico, mientras que otros desgranan este concepto en clasificaciones y especificaciones particulares, asociándolo con el accionar de diferentes dispositivos que operan a la hora de establecer y distribuir el Poder del Estado y de los grupos dominantes en la sociedad. Las raíces modernas del concepto las encontramos en los albores de la modernidad, especialmente a partir de la obra "El Leviatán" de Thomas Hobbes, donde se plantea la modenanecesidad de domesticar los instintos.
El control del estado de naturaleza (el hombre, lobo del hombre) significa la sujeción de las voluntades individuales -y de sus cuerpos- a costa de objetivos más generales, cuyo sistema de decisiones se definen desde la cúpula del Estado, el portador de la razón instrumental que permitió sentar las bases para el desarrollo de las civilizaciones occidentales-industriales. De Kant a Hegel el paso es corto, por lo que el post estructuralismo de Focault reconoce en la razón hegeliana, y su espíritu de modernidad, el lugar donde el cual se esconden los dispositivos del disciplinamiento social.
Esta es una ley perenne en las relaciones político-sociales y que sólo ha cambiado de disfraz, bajo diversos calificativos (dictadura del proletariado, contrato social, Estado burocrático, Estado liberal-democrático, Estado de bienestar, regímenes de seguridad nacional, revolución bolivariana, gobierno de la Sharia, etc.), pero que nunca han desechado la tentadora idea del dominio mediante diferentes subterfugios verbales como: "desarrollar la identidad nacional"; "luchando, creando, poder popular"; "restaurar el orden conservador"; "cumplir los valores revolucionarios"; "crear poder popular"; "avanzar en el crecimiento económico", "llegar a ser un país desarrollado" y otros slogans.
Es bajo esta lógica que podemos comprender el direccionamiento del Poder en los procesos de cambio social y en los experimentos económicos y socio-políticos. Desde 1973, la idea del disciplinamiento social en Chile ha cambiado de matriz: La instauración por la fuerza de un modelo económico que, paralelamente, impidió la organización manifiesta de voces disidentes.
Algunos sociólogos clasifican este período bajo la categoría de los dispositivos del Terror y de mercantilización (Moulian 1996); dispositivos en dictadura y post dictadura (Guerrero 2004), mientras que otras obras nos hablan del disciplinamiento social entendido bajo las figuras de la capacitación laboral juvenil, los bajos salarios de la economía local y la informalidad del trabajo sumergido.
Lo cierto es que esta fragmentación del disciplinamiento social va de la mano con la multiplicidad de formas de producir conocimiento, en una dinámica de permanente irrupción, interrelación y superamiento de saberes destinados al control de los individuos. La forma de producción por excelencia son los dispositivos discursivos que inyectan vida al concepto del disciplinamiento social y, en ese sentido, nos concentraremos en el dispositivo de la delincuencia como otra expresióntendiente adisciplinar las subjetividades de la población.
Como es sabido, el concepto de seguridad ciudadana reemplazó al de la seguridad nacionalo al de seguridad interior del Estado,llevado a cabo por el règimen militar y la derecha civil, reduciendo el término al objeto de la delincuencia como una de las grandes sombras generadas por la apertua democráticay al desempleo. La instalación del discurso que masifica la delincuencia de un año a otro (1989-1990) responde a un proceso de construcción estratégica de carácter mediático que fue realizada por tres actores claves: Medios de Comunicación convencionales, partidos políticos de derecha e instituciones civiles como Paz Ciudadana, Libertad y Desarrollo y Adimark, entre otros think tank.
El principal fruto de esta dinámica se reflejó en la percepción ciudadanaen torno a concepto constuido de lavictimización. De hecho, durante veinte años nos hemos acostumbrado a leer titulares que hablan del aumento de las delincuencia desde el punto de vista de las subjetividades (percepciones), en vez de hechos concretos (número de delitos realizados efectivamente). La confusión al respecto ha permitido que el concepto de seguridad ciudadana y -posteriormente- llamado segrdad púbica,se relacione con la protección del derecho de propiedad, tanto de los propios cuerpos como de los bienes materiales individuales y/o familiares, desplazando a otros elementos tan importantes como el acceso a bienes y servicios públicos, que también forman parte de este tipo de seguridad civil.
En este sentido, una vez instalado un gobierno de derecha en la administración del Estado se ha dado vida a otro proceso: La disminución de las cifras de delincuencia por arte de magia en menos de seis meses. Según los datos de la misma Paz Ciudadana con Adimark, el temor de la población en torno al objeto de la delincuencia bajó de 17% a 13% en el último año, mientras que el índice de victimización también bajó en un punto. Como se observa, se se sigue aplicando esta lógica, podremos suponer futuras disminuciones en el tratamiento del fenómeno de la delincuencia, lo cual presenta una serie de potenciales modificaciones en la construcciòn y direccionamiento de este dispositivo discursivo de disciplinamiento social. La primera es la posible extrapolación de la figura del delincuente hacia otros actores de la sociedad como es la incipiente presencia de grupos de innmigrantes, un segmento de las comunidades mapuches y otros grupos sociales organizados que no se sienten identificados con el modelo global de administración del país. Si bien esta opción ha sido llevada a cabo porel Estadoconcertacionista, la actual adminstración está aumentando laextrapolación de la figura del delincuente,como se aprecia enlos allanamientos a los centros okupas y en enterminable conflicto de algunas comundades mapuches con el Estado.
Ya hemos sido testigos en los últimos años de las distorsiones semánticas construídas para deslegitimar y estigmatizar a ciertas categorías en relación al discurso de la seguridad ciudadana y la delincuencia. La evolución del término sociocultural del "flaite" es un ejemplo de ello. Si a inicios de los noventa esta palabra aludía más bien a la picardía y la astucia informal del personaje popular, a fines de la misma década, el mismo objeto ha cambiado su contenido semántico a favor de la figura del delincuente, y antisocial. Es así como podemos entender la campaña informal "piteate un flaite".
Probablemente, los mecanismos de disciplinamiento social en torno a la delincuencia cambiarán de intensidad en los próximos cuatro años, tal como sucedió en la transición del gobierno militar al sistema democrático-formalista de los noventa. El punto de ruptura ocurrido con el traspaso del Poder Ejecutivo a la derecha ha dejado, de todos modos, una serie de complejidades que no se han previsto como la incidencia del discurso de seguridad ciudadana en la disminución del capital social en el país puesto que los dispositivos discursivos en torno a la delincuencia han afectado las relaciones cotidianas de confianza entre las personas.

miércoles, 4 de agosto de 2010

La sociología de la familia como salida práctica y objetiva al debate de los matrimonios gays

Pocos temas son tan complejos en estos tiempos como el matrimonio entre personas del mismo sexo. El debate en torno al tema parece ser simple, pero va más allá de la óptica religiosa-institucional que pretende hegemonizarlo bajo la dualidad apoyo/rechazo. Nosotros, por lo menos, nos dedicaremos a mencionar algunos elementos de la discusión.
Podemos comenzar con la siguiente premisa: En Chile, efectivamente, se tiende a dejar de lado lo que se conoce como sociología de la familia, enterrándola bajo una pauta macro moralista y normativa-jurídica. Lo cierto es que la familia, del punto de vista sociológico, es una de las instancias primarias de socialización e integración de los individuos en comunidades, primero, y en sociedades, después. Las transformaciones sociales y culturales han fragmentado el mapa de las comunidades y, por ello es que actualmente existe un cierto consenso en clasificar los tipos de hogares en unipersonales, matrimonios sin hijos, familias monoparentales, parejas de hecho y, últimamente, hogares homosexuales.
Lo que la sociología tiende a denominar como “desinstitucionalización de la familia” no se refiere a la óptica valórica ni política, sino que es un registro clasificatorio de las dinámicas que se generan al interior de los grupos y comunidades, debido a cambios en los procesos económicos, sociales y culturales, especialmente respecto al desarrollo de las identidades. No es que la familia conocida en términos tradicionales se esté destruyendo, sino que han emergido nuevas expresiones existentes hace siglos, pero que ahora han encontrado los espacios para manifestarse como identidad.
Algunas corrientes de la disciplina coinciden que el abandono del concepto tradicional no viene promovido por los nuevos modelos de familia, sino que se ha generado debido a que el Estado y sus concepciones jurídicas han evolucionado a contenidos legales más inclusivos. Tanto así, que la familia actualmente está siendo definida como “matrimonio, parentesco o convivencia que constituyan núcleos estables de vida en común”. Al menos así se sintetizan los armados normativos en los países que han reconocido legalmente las uniones del mismo sexo.
Este cambio, según la sociología moderna, está asociado a la larga transición de la familia como una unidad de producción hacia una unidad de consumo. Ello ha generado nuevas definiciones de las cuales el derecho ha debido hacerse cargo.
Los nuevos ordenamientos obedecen a realidades innegables que se manifiestan al interior del cuerpo social y aquí entra la lógica del derecho, en cuanto al reconocimiento de estas formaciones y su acceso a los servicios, garantías y beneficios que debe otorgar el Estado. La concepción jurídica moderna es que, cada vez que el Estado impone obligaciones o dispensa beneficios, no puede “negarlos a otra persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales”. Más allá de los juicios de valor que cada uno de nosotros pueda ejercer, la verdad es que el desarrollo del derecho, objetivizado y construido, presenta un carácter más inclusivo en lo que se refiere a la protección de las leyes a los individuos y grupos determinados. Así ha sido en los últimos 231 años y eso no da espacio a las subjetividades que pretenden negar esta dinámica de la esfera jurídica.
Bajo el prisma legal, el matrimonio es una cuestión de contratos privados entre los individuos (hombre y mujer) que se casan, o sea son negociaciones consensuadas como las mismas que se controlan en las demás interacciones de una sociedad formalmente libre. Es deber de la esfera jurídica definir si las normas se podrían ser más elásticas frente a estas nuevas clasificaciones en la familia o si se avanza hacia una desjuridificación en la materia.
Lamentablemente en Chile -como en las demás sociedades que tienen una matriz sociocultural latina y, por ende, determinada por el imaginario católico-romano-, la discusión en torno a las uniones por derecho entre homosexuales es encasillada y reducida bajo los veredictos de la pauta religiosa-moralista que, a la postre, termina siendo asimilada por ambas partes (pro y contra de este tipo de unión y/o matrimonio), confundiendo la temática con la fe personal de cada uno de nosotros, cuando de lo que verdaderamente se habla es de la disputa por espacios de poder entre una esfera pública laicista y un sistema religioso institucionalizado.
Un ejemplo de ello se manifiesta en el escenario nacional, luego del mediatizado evento de los matrimonios gay en Argentina con el consiguiente coletazo en nuestra sociedad. Después de que los congresistas de la Concertación hubiesen propuesto un proyecto de Ley sobre el tema, el presidente del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, señala que los opositores a tal iniciativa “legislan con la Biblia en el velador”.
El punto es que los dardos recíprocos entre los actores más subjetivizados para discutir el problema, insisten en separarlo del objeto de estudio de la sociología de la familia, ideologizándolo desde el punto de vista político. Ello no trae más que una esterilidad en el tiempo para enfrentar este vacío legal, pues hablamos de uniones de hecho que no tienen resguardos legales, como las asignaciones de bienes en caso de separación o las pensiones de viudez y previsionales, por ejemplo. Esto también afecta a las parejas heterosexuales que han decidido no formalizar un contrato privado ante el Estado. El punto del debate que se obvia, entonces, debería girar en torno a la capacidad del sistema de protección social (welfare) de entregar sus servicios a toda la ciudadanía, como parte del progreso que se entiende racional en las sociedades.
Compliquemos un poco más el asunto: Una arista del debate es la diferencia entre unión de hecho y matrimonio. ¿Es posible que el concepto de registro de unión de hecho entre dos hombres pueda contener, o aproximarse, a las normas que dan vida al concepto jurídico del régimen matrimonial? Si así fuera, toda la discusión semántica entre unión de hecho y matrimonio, ¿acaso no se pulverizaría?
Parece también que todo el debate, propio de nuestra cultura occidental, está más contaminado por el sistema de pensamiento griego, donde se muestra el principio de la Ley Universal de la filosofía estoica y de los silogismos clásicos de causa-efecto. En este sentido, no es extraño encontrar líneas argumentativas contra la unión legal entre homosexuales que pretenden establecer nexos directos entre el matrimonio gay y los niveles de abusos sexuales o de pedofilia (este tipo de argumentos realmente se han dado). Tampoco escapan a estos moldes lógicos las líneas de defensa de las uniones del mismo sexo, puesto que frecuentemente caen en el argumento de generalizar todo reparo al fenómeno como una “actitud” religiosa, confundiendo ésta última con el verdadero sentido de la Fe, del cual nos habla la Biblia y que se sintetiza en la inmensurabilidad de èsta entre los hombres, puesto que es una relación personal entre Dios y cada persona. En cierto sentido, los siglos en que se han construido los dispositivos discursivos de la doctrina católica han terminado por afectar los patrones de raciocinio de sus detractores también. ¿Por qué? Básicamente porque la discusión valórica en torno a la unión legal gay tiende a poner en un mismo saco al contenido de la Biblia con la doctrina creada por el catolicismo en los últimos 1.685 años. Efectivamente, estas Escrituras se han prestado a múltiples exégesis justificatorias de un dominio “temporal” y concreto sobre el cuerpo social, en circunstancias de que el contenido del mensaje bíblico se inclina más al ámbito individual; de cada uno de nosotros en relación con Dios, sin intermediarios humanos. Puestas así las cosas, la opción sexual de las personas se inscribe dentro del libre albedrío; cada quien elige el camino explicado abundantemente en las Escrituras y cada uno dará cuenta de ello ante un solo Juez, que ciertamente no es humano. De ello se desliga el pilar de la predicación del Evangelio para los creyentes de este mensaje: una exhortación al arrepentimiento, pero no de modo coercitivo. Es el entramado religioso-institucional el que ha obligado a la sumisión del mensaje, primero a nivel físico y después al sicológico; cuando-en realidad- éste se toma o se deja, así de simple.
Esto, por supuesto, está dicho para la óptica de los creyentes. Los agnósticos y autodenominados ateos, en todo su derecho optativo, que discrepen o consideren absurdas estas afirmaciones, dilucídenlas de una forma: lean el registro escrito de la Biblia y confróntenlas con estos dos puntos de vista dicotómicos a los cuales hemos hecho mención (una exégesis religiosa-institucional y otra personal-espiritual).
Si esta idea es demasiado rupturista con la ontología de cada uno de nosotros, la perspectiva jurídica ha creado espacios de distensión como la “objeción de conciencia”, para las personas que valóricamente, o por creencias, no compartan la idea del matrimonio gay. Así sucede en España, donde este concepto legal suele ser admitido, siempre y cuando no vaya contra el orden público. Y es que si la objeción de conciencia ha marchado históricamente con la libertad de credo, efectivamente también podría hacerlo con la orientación sexual.
Lo recomendable, por cierto, es dejar de lado los elementos teológicos, filosóficos y axiológicos en torno a este debate y considerarlo más desde el punto la perspectiva del desarrollo de la sociología de la familia y los cambios que se han dado en los últimos decenios, relacionándolos con el principio jurídico de inclusión de derechos, en el sentido de las garantías que deben gozar todos los ciudadanos presentes en un Estado. El intento de cambiar el switch en el contenido del debate podría efectivamente darnos orientaciones más claras que nos alejarían de la perenne excusa de “no estar preparados para el tema como sociedad”.