La mancha indeleble del capitalismo Crony en Chile

Dentro de la multiplicidad de adjetivos que se le han otorgado al capitalismo, nos viene uno en mente para analizar lo que está sucediendo en el primer mes del Gobierno de Sebastián Pinera en Chile: Capitalismo Crony (Crony Capitalism). Este concepto es multiadaptable al lenguaje popular de cada país: capitalismo de compadres (Chile); de cuates (México), dei compari (Italia), de camarillas (España), de partners (Estados Unidos), etc.

La palabra Crony apareció en el lenguaje político en el siglo XVIII en Inglaterra. Muchos creen que se desprende del griego Chronios, que significa algo así como “largo plazo”, pero también se comenta que provenga del dialecto irlandés, bajo el término Comh-Roghna que se traduce como “amigos recíprocos”.

Posteriormente, el concepto fue acuñado por el economista Joseph Stiglitz para referirse a las dinámicas de complicidades entre las autoridades económicas del Estado y el empresariado, cuyo principal fruto es la constitución de una nueva mano invisible en el mercado: aquella que funciona a través de una red de privilegios entre conocidos que, a la larga, termina por obstaculizar la libre competencia, en vez de estimularla.

El hecho de que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) queden marginadas viene a demostrar una de las características de esta expresión al interior del capitalismo: las amistades que eliminan la libre competencia y los derechos de terceros que, casi siempre, son los eslabones débiles de la cadena.

El capitalismo de relaciones íntimas entre cúpulas describe las situaciones en las cuales las personas cercanas a los gobiernos de turno reciben favores con un alto valor económico por parte del Estado, como tierras, subsidios, exenciones tributarias, adjudicaciones automáticas y directas, etc.

Las consecuencias de estas relaciones se aprecian inconfundiblemente a lo largo de la historia chilena, con mayor fuerza desde la captura del Estado por parte de la oligarquía vencedora en la guerra civil de 1891. La literatura nacional “naturalista” basada en el método experimental de Emile Zola, constituye uno de los primeros registros documentados para describir las lógicas de la Oligarquía nacional.

Una suerte de proto-capitalismo Crony lo podemos encontrar en la Obra “Casagrande” de Luis Orrego Luco, donde se detalla el modo de actuar entre la clase terrateniente y el Estado: Si había necesidad de construir una línea ferroviaria que pasara cerca de sus tierras, el latifundista sólo debía llamar a un conocido en el Congreso y/o en el Gobierno para materializar esta iniciativa.

Coincidentemente, gran parte de las familias dominantes de aquella época son los ancestros de connotados personajes de la derecha y el empresariado actual. De estas huestes oligarcas se formaron los gremios empresariales, como lo explica Genaro Arriagada en “La Oligarquía Patronal en Chile”, por lo que ya podemos hablar de un actor estratégico permanente en el desarrollo del Capitalismo Crony criollo. No por nada, hace 51 años atrás, cuando la derecha había sido elegida para administrar el Estado con Jorge Alessandri a la cabeza, ya se hablaba del “gobierno de los empresarios”.

A este capitalismo de compadres también se agregan las lógicas político-partidistas que comenzaron a tomar más fuerza en los años sesenta hasta la irrupción de los militares al poder, cuando se genera una intensificación desenfrenada de este fenómeno. Factor clave dentro del Capitalismo Crony es la doctrina de la privatización del Estado a toda costa, en un proceso que se inauguró en 1974, a partir de la otra “reconstrucción nacional” llevada a cabo por la derecha. Para comprender la interrelación entre este tipo de capitalismo con la privatización es necesario conocer otras categorías de análisis en el mismo Stiglitz: “El aspecto más grave de la privatización, como ha sido conducida en tantos casos, es la corrupción”.

Precisamente, este fenómeno es el que caracteriza el periodo histórico entre 1973 y 1989 con el poco transparente proceso de privatizaciones realizado durante el régimen militar que derivó en la extraña acumulación de capital para conspicuos personeros que se conocían entre sí, tanto en la administración del Estado como en el sector privado. Investigaciones como “Los Hijos de Pinochet” de Víctor Osorio e Iván Cabezas (1993) y “El Saqueo de los Grupos Económicos” de María Olivia Monckeberg (2001) muestran acabadamente el prontuario de actuales figuras de la derecha política y empresarial que todavía son protagonistas de este capitalismo de relaciones.

Según Stiglitz, la ceguera sobreideologizada de la liberalización in extremis es uno de los factores más importantes para desarrollar esta expresión comportamental y sistémica del capitalismo: “la retórica del fundamentalismo del mercado sostiene que la privatización reduce aquello que los economistas llaman la actividad del “rent seeking”: los funcionarios de gobierno que se apropian de una parte de las ganancias de las empresas del Estado o entregan concesiones o puestos de trabajo a sus amigos. Contrariamente a lo que debe hacer, la privatización ha empeorado las cosas tanto que hoy, en algunos países, ha sido llamado bromísticamente “ bolseo”.

La descripción de Stiglitz coincide plenamente con lo sucedido en Chile durante los ochenta, los años de la gestación del nuevo Capitalismo Crony, más sofisticado y dinámico en sus funciones de elitización, además de ser cubierto y protegido por los Medios de Comunicación pertenecientes al duopolio El Mercurio- Copesa. Y es que el rasgo de favores recíprocos entre los personeros del Estado y sus amigos en el sector privado no lo cambia ni siquiera la historia.

Recordemos, en este sentido, el salvataje que realizó el gobierno de turno a los diarios El Mercurio y La Tercera, a través del Banco del Estado en 1989. Ello nos permite comprender de mejor modo el velo blanqueador que han construidos estos Mass Media con las acciones encubiertas de la derecha en los pasillos del poder público desde 1973 hasta estos tiempos. Los años noventa, en este contexto, vieron la emergencia del concepto de los “poderes fácticos” que no era más que aquél Capitalismo Crony conformado por El Mercurio, la derecha política y empresarial y la casta militar.

La instalación en el Estado por parte de la Concertación de Partidos por la Democracia en 1990 no sepultó el fenómeno, sino que se extendió a los personeros de centro izquierda que llegaban a las altas esferas del poder. Pero esta vez, el escenario panóptico de los Medios de Comunicación afines a la Derecha permitió un mayor conocimiento del Capitalismo Crony por parte de la Opinión Pública. De la noche a la mañana, el sentido común de la ciudadanía fue condicionado a pensar que la corrupción (junto con la delincuencia), apareció en 1990 de la mano de los nuevos partidos políticos que retomaban el Estado después de 17 años.

Pero lo cierto es que esta tipología capitalista de favores recíprocos ya había socavado profundamente las bases del modelo de desarrollo económico, perjudicando a otros segmentos de la población, como las Pymes, sindicatos, asociaciones profesionales y otras organizaciones sociales (ambientalistas, consumidores, juntas de vecinos, etc.). En el contexto de los noventa, las relaciones íntimas entre miembros de los partidos políticos comenzaron a dar nuevos dividendos a la cuenta del Capitalismo Crony.

Contrariamente a lo que debía ocurrir, se continuaron reproduciendo las condiciones para el desarrollo de nuevos casos de corrupción, explicables a la luz de estas relaciones recíprocas. Casuísticas, bajo la óptica Crony, se encuentran en los más de 120 hechos registrados en los viente años de gobierno concertacionista. Entre los más emblemáticos se destaca, en 1993, el famoso desmalezamiento de 320 hectáreas en el recinto de la Refinería de Petróleos de Con-Con por $381 millones pagados a una empresa privada.

Una parte de estos fue a parar al financiamiento de campanas electorales para el coreligionario del gerente general de la firma estatal. Este mismo patrón triangulado entre empresas públicas, privados y partidos políticos marcó la pauta para los siguientes 17 anos.Clamoroso y olvidado está el caso de 1997, en la Junta Nacional de Abastecimientos y Becas (Junaeb), donde la Contraloría detectó pagos adelantados de concesiones –sin respaldos- para los contratos de adquisición de alimentos por $ 5.600 millones. De acuerdo a la investigación, estos pagos esencialmente eran préstamos “amistosos” disfrazados de adelantos hacia 29 de las 31 empresas relacionadas con la Junaeb.

Por otro lado, en 1997, se destapan irregularidades en las licitaciones para la modernización de algunos tramos de la Ruta 5 Sur, sobre la base de una concesión retirada con el fin de reotorgarla, por un mayor precio, a la empresa Bitumix Ltda. En 2002, Contraloría descubre una fuerte relación entre el Ministerio de Obras Públicas y Bitumix, en la cual el Estado entregó cuantiosos recursos por trabajos sobrevalorados y exagerados en gastos. Año 2000: Documentación de la Policía de Investigaciones revela que la presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, ayudó a resolver un conflicto entre el Estado y una empresa minera, además de usar su cargo para facilitar la adjudicación de arbitrajes en los litigios de las empresas privadas.

Coincidentemente, el mayor caso de irregularidades -que se pueden explicar bajo el prisma del Capitalismo Crony- se manifestaron en el funcionamiento del Sistema de Concesiones de Obras Públicas, especialmente en los criterios que se utilizan para otorgar millones de dólares del Estado al sector privado, donde las consideraciones políticas inevitablemente predominan sobre aquéllas técnicas. Un dato que confirma esta tendencia lo entrega el economista Eduardo Engel: “Una parte sustancial de las inversiones en infraestructura financiadas por el sistema de concesiones no fueron asignadas en una licitación competitiva, sino mediante renegociaciones posteriores donde no hubo competencia alguna. En promedio, cada una de las 50 concesiones otorgadas entre 1993 y 2006 ha sido renegociada tres veces, resultando en transferencias a los concesionarios de unos US$2.800 millones. La mayoría de estas han sido entre concesionarios y el MOP, sin ser revisadas por terceros independientes”.

Ello confirma el rasgo intrínseco de esta práctica capitalista de relaciones recíprocas que no dejan espacio a terceros “incómodos” y que son la principal barrera para el desarrollo de la libre competencia que, continúa, siendo una quimera en el país. En su expresión práctica, el Capitalismo Crony consiste en la colusión entre los jugadores frente a un determinado juego.

Lamentablente estas situaciones no fueron detenidas en los gobiernos de centro izquierda en los últimos veinte años, sino que se profundizó su accionar en una forma paralela de gobernabilidad oculta estructurada mediante relaciones de amistades, donde las recomendaciones mutuas entre lo público y lo privado se establecieron en función de una nomenclatura, por un tiempo indefinido...hasta el recambio de este año.La inusitada concentración en el mercado doméstico es una consecuencia de estas estrechas relaciones que permitieron la irrupción de los llamados grupos de presión empresarial que se manifestó a través del conocido lobby en los pasillos de Gobierno como en el Congreso.

Ejemplo de esto último fueron los rechazos a proyectos como el aumento de impuestos específicos a los combustibles, tabaco y alcohol, o al proyecto original del royalty a la minería. Otros casos fueron la discusión de la Ley Eléctrica, donde la cantidad de lobbytas en el Congreso era un poco menos a la de los congresistas. También podemos mencionar el caso del libro “El Saqueo de los Grupos Económicos en Chile” cuya autora, la periodista María Olivia Monckeberg, denunció las presiones realizada por el ex PPD Jorge Schaulhson para sacar del listado a su amigo, el empresario, Alvaro Saieh, cabeza del grupo mediático Copesa.

Con este imbricado panorama de relaciones no era de esperarse la privatización de los personeros del Estado, una vez que dejaran sus cargos en el Gobierno: De un tiempo a otro pasaban a criticar las mismas políticas públicas que ellos mismos habían contribuido a implementar, para despejarle el paso a los intereses privados.La llegada de la derecha al Estado implica un cambio en las nomenclaturas, prometiendo intensificar los niveles de Cronysmo. La Teoría indica que el Cronysmo consiste en la dominación de amigos de vieja data en altas esferas de decisión pública, sin la realización previa de concursos públicos.

En estos tiempo también estamos en presencia de “pitutos” de corte tecnocrático, donde el “appointer” (el que designa) y el beneficiario (el designado) están en un estrecho contacto social. Bien dice la literatura que el Cronysmo, en la práctica, es contrario a la meritocracia, un problema endémico en Chile y uno de los factores principales que explican el estancamiento de las estructuras sociales y, por ende, de un real desarrollo. Existe una relación directa entre las limitaciones de estas relaciones amistosas y el déficit de innovación, creatividad e incentivos a nivel microeconómico en la sociedad local.

Es por estas aristas donde se deben identificar los problemas y no sólo en la tozuda idea de la liberalización ortodoxa de reducir el tamaño del Estado y sus regulaciones al mercado que justamente ha sido fracturado por este tipo de prácticas cronystícas.

Este entramado contribuye además a obstaculizar el capital social de cada país, es decir la confianza de la ciudadanía respecto a sus instituciones cotidianas más cercanas, como el empleo, los servicios públicos y privados y la calidad de vida.La derecha ha prometido terminar con la puerta giratoria de la delincuencia, pero no ha dicho que esa puerta giratoria también opera en los pasillos del poder, bajo la eterna sombra del Capitalismo Crony.