jueves, 26 de agosto de 2010

Sobre cómo una parte del empresariado se auto flagela para eludir responsabilidades

Tortuosa y traumática sigue siendo la relación cultural del empresariado con la sociedad chilena. Las raíces de este permanente conflicto la encontramos en los años setenta, luego del ruptura que significó para los empresarios el proceso de apropiación social que realizó el Estado a inicios de esa década. Las expropiaciones a los que fueron sometidos dejó un trauma psicosocial en el empresariado nacional, el cual no ha podido ser diluido ni siquiera por parte el actual modelo económico extremadamente favorable al sector.
Efectivamente, el hecho de ver vulnerado el derecho de propiedad en aquellos años ha generado un blindaje reaccionario en una gran parte de la comunidad empresarial, el cual estuvo aletargado en los años del laissez faire económico que se instaló en el país entre 1974 y 1990. Pero la asunción formal de la democracia en 1990 despertó con mayor fuerza la lógica defensiva del empresariado aunque, en la realidad, los siguientes veinte años hayan significado para ellos la consolidación del modelo de economía abierta al comercio exterior y, por lo tanto, un mejoramiento en el objetivo de las empresas: generar rentabilidad.
La cultura política del reflujo que se generó partir de 1973 afectó al empresariado y a las organizaciones sindicales en forma más explícita, siendo una de las causas del escaso desarrollo de nuevas relaciones laborales acordes como la de otros países. Paralelamente, el desarrollo de la sociedad civil, cristalizado en nuevas organizaciones de diversa índole, ha hecho perder la brújula del empresario, confundiendo muchas demandas reales de la ciudadanía como un ataque directo al derecho de propiedad con tintes políticos.
A ello se suma la tensa relación con el afán regulatorio que tomó el Estado en los años noventa, en comparación al relajo que hubo en los años ochenta en esta materia. Cada vez que se hablaba de reformas laborales o tributarias, las principales organizaciones empresariales agrupadas en la Confederación de la Producción y el Comercio han sacado la voz con un orden discursivo sintetizado en el eslogan: "se están cambiando las reglas del juego". Esta dinámica comunicacional se acopló perfectamente con la plataforma discursiva y la operatividad legislativa de la derecha que terminó distorsionando el espíritu que animó a proyectos de Ley de este tipo en los últimos veinte años.
El gran fruto que ha dado esta dependencia política, social y cultural del empresariado es la ideologización de la empresa que tiende a reducir como una amenaza a cualquier atisbo de cambio por parte de los demás actores estratégicos de la sociedad (Estado, sociedad civil, sindicatos, partidos políticos, etc.). La idea de que son constantemente atacados o puestos en cuestionamiento ha llevado al empresariado criollo a mantenerse detrás de una línea defensiva que lo lleva a profundizar sus errores en las relaciones cotidianas con la sociedad.
Ejemplo de ello son las últimas declaraciones de los empresarios frente a emergencias nacionales como las que hemos visto este año, primero con el terremoto y ahora con los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad.
Luego de que una decena de edificios colapsaran en sus estructuras por el terremoto de este año, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción señala que existen edificios que pueden perfectamente existir inclinados, comparando el caso de los departamentos con la torre de Pisa. Mientras, con la tragedia minera, los propietarios de la empresa señalan que probablemente no podrán pagar los sueldos de los mineros afectados.
Varios elementos se pueden rescatar de estos comportamientos. El primero apunta a una suerte de torpeza comunicativa que proviene de la frustración y la impotencia de que estar bajo el control social de otros estamentos. En términos de inteligencia emocional se diría que la falta de autodominio hace resaltar lo primero que se nos viene en mente, en vez de asumir responsabilidades.
De ahí que no sea extraño leer las disculpas públicas por los comentarios no deseados, pero dichos. Ahora, tenemos el otro extremo: aquellos empresarios que niegan toda culpabilidad y disculpas a la sociedad por sus malos manejos administrativos, lo que genera un mayor sentimiento de reactividad frente a las demandas de las otras partes sociales. Eso ocurre con los propietarios de la mina San José que después de dos semanas de aislamiento comunicacional aseveran que no es tiempo de pedir disculpas.
La casuística se repite se escarbamos en el tiempo. A inicio del año 2000 una huelga de trabajadores en la fábrica de bicicletas terminó con un trabajador muerto, frente a lo cual la empresa encontró la defensa del presidente de la época de Asimet, Pablo Bosch, quien defendió la obra de sus colegas, sin especificar las responsabilidades de éstas en el deceso del empleado.
Un caso similar se verificó en 1997, con la llamada crisis de la salmonela que hizo perder a los productores de huevos una importante cantidad de dinero, lo que encendió la furia del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien afirmó que no le interesaban las eventuales casos por enfermedad que podía producir la situación.
Durante la discusión del royalty a la minería, en el 2001, el gran empresariado agrupado en la CPC nuevamente cayó en la línea argumentativa de los "cambios a la regla del juego" y de la "desconfianza" al afán regulador y fiscalizador del Estado. Tanto así, que en aquél período el presidente de la CPC (de nuevo Ricardo Ariztía) encaró al entonces Presidente de la República, Ricardo Lagos, con la siguiente frase: "déjenos trabajar tranquilos".
El reciente proceso de relaciones entre el empresariado y la sociedad, de este modo, se nutre de recíprocas desconfianzas, lo que es peor en el caso empresarial puesto que la desconfianza se instaló en las profundidades de sus representaciones sociales. Ello tiene un paradójico efecto, ya que con estos dispositivos discursivos el gran empresariado contribuye a instalar un mal precedente para los pequeños y micro empresarios que se integran al mercado. Ello redunda en los bajos niveles de capital social existente en la economía chilena.
Este también es un factor explicativo del particular estancamiento de la Responsabilidad Social de Empresa (RSE) en Chile, comparado con los avances que han logrado en este temas las compañías privadas en otros países. Lo que en otras partes es un modelo sistemático de gestión para innovar en las prácticas empresariales en el mediano y largo plazo, aquí es reducido a la figura de una filantropía difusa y de un marketing cortoplacista.
Si bien la cúpula empresarial intentó modificar su actitud de extrema defensa en lo que percibían siempre como un ataque hacia un empeño más colaborativo con las autoridades -que se cristalizó en las llamadas Agenda de Crecimiento-, lo cierto es que tales iniciativas parece que fueron partes de un paréntesis estratégico, toda vez que persisten las misma reacciones frente a problemas particulares con los demás actores sociales.
La estrategia defensiva reaccionaria (en su amplio sentido y no en su acepción política) no ha podido ser despejada en el empresariado, pese a la variada oferta de consultoras comunicacionales destinadas a superar situaciones críticas, manejo ante los Mass Media y otras asesorías.
Dentro de este tipo de estrategia, identificamos la táctica del victimismo que apunta a culpar a los demás por los problemas puntuales, desligándose de toda responsabilidad. Esto es lo que justamente hace la minera San José por estos días, al señalar que no tienen dinero para pagarle a los mismos mineros atrapados, debido a que no hay flujo de caja, con lo cual se busca que sea el mismo gobierno el que se haga cargo de la situación social.
Esta actitud en una parte del empresariado se sustenta en el principio de subsidiariedad del Estado, donde se persigue que el sector público se encargue de minimizas las externalidades negativas del negocio, mientras que las rentabilidades producidas se privatizan.
El famoso argumento del cambio en las reglas del juego no es compatible con la lógica de la acción pública y la deontología del Estado. Los gobiernos son elegidos justamente para cumplir la supuesta misión de corregir las inequidades e ineficiencias en la sociedad con el propósito de aumentar el bienestar de la población. Y esto es algo que aún no entiende una parte de nuestro empresariado: los procesos de desarrollo económico dinámicos implican un cambio de condiciones cada cierto tiempo.
Lo que realmente sucede es que este mismo segmento de empresarios piensa que se debe volver a la situación de laissez faire radical que se aplicó en los ochenta -con la menor cantidad de regulaciones posibles- o retornar a una situación más parecida ahora que la derecha administra el Estado.
Sin embargo, el desarrollo de la sociedad civil aún es asociado como un adversario dentro del sector. En los últimos diez años se aprecia un resurgimiento de la idea de comunidad por parte de las diferentes asociaciones civiles en diversos ámbitos, desde los consumidores, ambientalistas y animalistas, hasta las agrupaciones de economía solidaria y del comercio justo. La complejización de este panorama es lo que aún confunde a las empresas en su conjunto, pese a las excepciones de algunos empresarios más innovadores que han decidido el contacto metodológico con las comunidades.
La actitud de defensas erradas por parte del empresariado nace por este desconocimiento de lo que es la sociedad civil en estos momentos en el país. Dicha estrategia es tan extrema como áquel otro orden discursivo antiempresarial y anticapitalista: Ambos polos siguen estructuras discursivas similares en cuanto a la preeminencia de slogans y al desconocimiento radical de un tejido social diverso entre sí..
Es necesario superar etapas. Si la tautología del mercado avanza es justamente por la intercambio de acciones entre Estado, empresas, consumidores y sociedad. Para ello recomendamos la lectura del estudio "La cultura del empresariado moderno" -disponible en la biblioteca del Centro de Estudios Públicos (CEP)-, para comprender el por qué se generan estas confusiones y errores en la relación entre los empresarios y la sociedad.
En esta obra de Brigitte Berger, se plantea la idea central de que la cultura es el conductor y el empresariado es el catalizador. Parece que pocos empresarios se han embutido de este ensayo donde se sostienen otros elementos destacables, como el hecho de que la modernización no debe ser considerada mecánicamente como el producto del desarrollo económico, sino como el modo de conducta y pensamiento de la sociedad.
"Más aún, de este modo los individuos corrientes, en sus actividades cotidianas, en sus costumbres, prácticas e ideas, crean la base para que surjan otras instituciones claramente modernas que puedan mediar entre ellos y las grandes y distantes estructuras de la sociedad", explica acertadamente Berger.
Aquí también nos topamos con el hecho de que muchos empresarios se han acoplado ciegamente a la ortodoxia económica monetarista, que niega el componente social de la ciencia económica. Si el maestro es ciego, él y su discípulo caen en el hoyo, decía Jesucristo.
El argumento de que son las empresas las encargadas exclusivas de generar riqueza en la comunidad está equivocado, no toma en cuenta el enfoque cultural de las capacidades empresariales que nos habla de un crecimiento económico que se desarrolla desde abajo, a partir del esfuerzo de los individuos para alcanzar metas (sin el contenido ideológico-político que ha manipulado la izquierda radical con la categoría de los trabajadores).
Si llegarán a surgir nuevas perspectivas en el segmento del empresariado más refractario a los últimos cambios de la sociedad -como aceptar la perspectiva sociológica de las comunidades son un tejido de significados compartidos y no una simple segmentación socioeconómica estructurada en función del consumo- podríamos dejar de ver, leer y/o escuchar declaraciones empresariales erradas y no atingentes a las necesidades de la sociedad actual.

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