Bastante amplio es el concepto de
disciplinamiento social. Algunos autores lo plantean como un factor del
desarrollo histórico, mientras que otros desgranan este concepto en clasificaciones
y especificaciones particulares, asociándolo con el accionar de diferentes
dispositivos que operan a la hora de establecer y distribuir el Poder del
Estado y de los grupos dominantes en la sociedad. Las raíces modernas del
concepto las encontramos en los albores de la modernidad, especialmente a
partir de la obra "El Leviatán" de Thomas Hobbes, donde se plantea la
modena necesidad de domesticar los instintos.
El control del estado de
naturaleza (el hombre, lobo del hombre) significa la sujeción de las voluntades
individuales -y de sus cuerpos- a costa de objetivos más generales, cuyo
sistema de decisiones se definen desde la cúpula del Estado, el portador de la
razón instrumental que permitió sentar las bases para el desarrollo de las
civilizaciones occidentales-industriales. De Kant a Hegel el paso es corto, por
lo que el post estructuralismo de Foucault reconoce en la razón hegeliana, y su
espíritu de modernidad, el lugar donde el cual se esconden los dispositivos del
disciplinamiento social.
Esta es una ley perenne en las
relaciones político-sociales y que sólo ha cambiado de disfraz, bajo diversos
calificativos (dictadura del proletariado, contrato social, Estado burocrático,
Estado liberal-democrático, Estado de bienestar, regímenes de seguridad nacional,
revolución bolivariana, gobierno de la Sharia, etc.), pero que nunca han
desechado la tentadora idea del dominio mediante diferentes subterfugios
verbales como: "desarrollar la identidad nacional"; "luchando,
creando, poder popular"; "restaurar el orden conservador";
"cumplir los valores revolucionarios"; "crear poder
popular"; "avanzar en el crecimiento económico", "llegar a
ser un país desarrollado" y otros slogans.
Es bajo esta lógica que podemos
comprender el direccionamiento del Poder en los procesos de cambio social y en
los experimentos económicos y socio-políticos. Desde 1973, la idea del
disciplinamiento social en Chile ha cambiado de matriz: La instauración por la
fuerza de un modelo económico que, paralelamente, impidió la organización manifiesta
de voces disidentes.
Algunos sociólogos clasifican
este período bajo la categoría de los dispositivos del Terror y de
mercantilización (Moulian 1996); dispositivos en dictadura y post dictadura
(Guerrero 2004), mientras que otras obras nos hablan del disciplinamiento
social entendido bajo las figuras de la capacitación laboral juvenil, los bajos
salarios de la economía local y la informalidad del trabajo sumergido.
Lo cierto es que esta
fragmentación del disciplinamiento social va de la mano con la multiplicidad de
formas de producir conocimiento, en una dinámica de permanente irrupción,
interrelación y superación de saberes destinados al control de los individuos.
La forma de producción por excelencia son los dispositivos discursivos que
inyectan vida al concepto del disciplinamiento social y, en ese sentido, nos
concentraremos en el dispositivo de la delincuencia como otra expresión tendiente
a disciplinar las subjetividades de la población.
Como es sabido, el concepto de
seguridad ciudadana reemplazó al de la seguridad nacional al de seguridad
interior del Estado, llevado a cabo por el régimen militar y la derecha civil,
reduciendo el término al objeto de la delincuencia como una de las grandes
sombras generadas por la apertura democrática y al desempleo. La instalación
del discurso que masifica la delincuencia de un año a otro (1989-1990) responde
a un proceso de construcción estratégica de carácter mediático que fue
realizada por tres actores claves: Medios de Comunicación convencionales,
partidos políticos de derecha e instituciones civiles como Paz Ciudadana,
Libertad y Desarrollo y Adimark, entre otros think tank.
El principal fruto de esta
dinámica se reflejó en la percepción ciudadana en torno a concepto construido
de la victimización. De hecho, durante veinte años nos hemos acostumbrado a
leer titulares que hablan del aumento de la delincuencia desde el punto de
vista de las subjetividades (percepciones), en vez de hechos concretos (número
de delitos realizados efectivamente). La confusión al respecto ha permitido que
el concepto de seguridad ciudadana y -posteriormente- llamado seguridad pública,
se relacione con la protección del derecho de propiedad, tanto de los propios
cuerpos como de los bienes materiales individuales y/o familiares, desplazando
a otros elementos tan importantes como el acceso a bienes y servicios públicos,
que también forman parte de este tipo de seguridad civil.
En este sentido, una vez
instalado un gobierno de derecha en la administración del Estado se ha dado
vida a otro proceso: La disminución de las cifras de delincuencia por arte de
magia en menos de seis meses. Según los datos de la misma Paz Ciudadana con
Adimark, el temor de la población en torno al objeto de la delincuencia bajó de
17% a 13% en el último año, mientras que el índice de victimización también
bajó en un punto. Como se observa, se sigue aplicando esta lógica, podremos
suponer futuras disminuciones en el tratamiento del fenómeno de la
delincuencia, lo cual presenta una serie de potenciales modificaciones en la construcción
y direccionamiento de este dispositivo discursivo de disciplinamiento social.
La primera es la posible extrapolación de la figura del delincuente hacia otros
actores de la sociedad como es la incipiente presencia de grupos de inmigrantes,
un segmento de las comunidades mapuches y otros grupos sociales organizados que
no se sienten identificados con el modelo global de administración del país. Si
bien esta opción ha sido llevada a cabo por el Estado concertacionista, la
actual administración está aumentando la extrapolación de la figura del
delincuente, como se aprecia en los allanamientos a los centros okupas y en interminable
conflicto de algunas comunidades mapuches con el Estado.
Ya hemos sido testigos en los
últimos años de las distorsiones semánticas construidas para deslegitimar y
estigmatizar a ciertas categorías en relación al discurso de la seguridad
ciudadana y la delincuencia. La evolución del término sociocultural del
"flaite" es un ejemplo de ello. Si a inicios de los noventa esta
palabra aludía más bien a la picardía y la astucia informal del personaje
popular, a fines de la misma década, el mismo objeto ha cambiado su contenido
semántico a favor de la figura del delincuente, y antisocial. Es así como
podemos entender la campaña informal "pitéate un flaite".
Probablemente, los mecanismos de
disciplinamiento social en torno a la delincuencia cambiarán de intensidad en
los próximos cuatro años, tal como sucedió en la transición del gobierno
militar al sistema democrático-formalista de los noventa. El punto de ruptura ocurrido
con el traspaso del Poder Ejecutivo a la derecha ha dejado, de todos modos, una
serie de complejidades que no se han previsto como la incidencia del discurso
de seguridad ciudadana en la disminución del capital social en el país puesto
que los dispositivos discursivos en torno a la delincuencia han afectado las
relaciones cotidianas de confianza entre las personas.
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