Max Weber planteó que la estructuración del Estado racional
posibilita la optimización de recursos en la acumulación del capital que
permite el desarrollo del capitalismo moderno.
Es en este contexto donde el desarrollo sistemático de preceptos legales
-que adquieren la formalidad del derecho romano- va configurando un grupo
humano especializado en el control y administración de las relaciones sociales
de producción que toman el velo de profesionales racionalizadores entre las
disposiciones de la sociedad en su conjunto y las disposiciones que se toman en las instancias político-jurídicas que rigen
determinadas sociedades.
De este modo, bajo este punto de vista, la progresiva fusión
entre el aparato político y las disposiciones jurídicas, conforman un pilar
fundamental en las líneas de acción que toman las agrupaciones locales que
constituyen el moderno Estado-Nación. La simbiosis -entendida como una relación
de dependencia recíproca- de estas instancias es el sustento material que
legitima y fundamenta la acción, traducida en fuerza, de un conjunto de poderes
interrelacionados que buscan mantener y reproducir las condiciones de
desarrollo de una matriz económica que debe hilvanar las relaciones sociales
que va produciendo, según sus propios intereses de existencia. Así, la dinámica
construida genera una lógica de subsistencia al interior del bloque controlador
del capital, que se basa en la dualidad costo-ganancia.
Estas son las premisas que materializan la fase de
intercambio de productos que se denomina mercantilismo y es, según Weber, la
primera noción sistemática en cuanto a la politización de lo económico. Es
decir, es en esta fase donde la lógica costo-beneficio se incrusta en los
objetivos existenciales del Estado-Nación, que racionaliza las utilidades y las
inserta en el flujo circular que caracteriza a la actividad económica.
Aquí se encuentra un factor indiscutible de desarrollo
sostenido; el proceso de acumulación originaria del capital adquiere un ritmo
constante en la generación de utilidades, suficientes para estructurar un orden
institucional que levanta un aparato burocrático militar que constituye el
soporte más inmediato del modo de producción vigente y de la clase social que
captura y monopoliza las decisiones del Estado
través de situaciones políticas. Sin embargo, la coacción necesariamente
requiere de un fundamento legitimador que, a la postre, es internalizado
mediante un mínimo consenso por el grupo humano que pulula bajo los
dominadores.
Sabidos son los tres elementos weberianos que justifican el
poder: la Autoridad tradicional, el carisma y la legalidad. La interacción de
estos tres aspectos conforman los dispositivos que racionalizan el poder
político y son captados por un sujeto que se especializa en estas instancias:
El político profesional que toma el aspecto del burócrata, quien es la base
subjetiva para el imaginario cotidiano que adquiere la administración pública y
política en su sentido amplio.
Es por ello que la conformación del Estado racional supone
la definición a priori de objetivos institucionales, llevados a la práctica por
un grupo de funcionarios encargados de articular un entramado de relaciones
jurídico-políticas que entran en consonancia con las condiciones impuestas por
las relaciones comerciales que establece la lógica capitalista.
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