viernes, 10 de diciembre de 2010

Aproximaciones a una idea precisa de la prácticas del poder carcelario

La foto de Bastián Arriagada, un muchacho de 22 años, que terminó perdiendo su vida en un recinto penitenciario atiborrado, es el símbolo de las arbitrariedades del poder que nos rodea desde la cuna hasta el ataúd. Su fotografía de prontuario denota tristeza, la resignación de ser parte de una realidad punitiva por traficar mercadería en el circuito informal de la economía. Decisiones cotidianas en Chile, donde la informalidad se transforma en una vía de escape frente a los bajos salarios del mercado laboral para los no cualificados. Su expresión es la de sentir que no debía estar ahí, frente a una cámara que los clasificaba como reo por 61 días en la cárcel de San Miguel, donde moriría junto a otros 81 internos.
En este caso hablamos de una víctima de los avatares del no hacer con los cuales opera el poder público en nuestro país a la hora de implementar políticas públicas. Que quede claro que no hablamos de la visión simplista y superficial que define al poder como algo que proviene de una fuente estática e institucional, sino que hablaremos del poder como lo qué es realmente: una omnipresencia que se mueve en todos los niveles.
Los resultados de estas prácticas, eso sí, mayoritariamente perjudican a quienes caen en el juego estratégico de exclusiones que viene realizando metódicamente el poder desde hace unos 240 años. La vida truncada de Bastián recae en las deficiencias de una política carcelaria incapaz de diferenciar los espacios entre primerizos y reincidentes, incapaz de clasificar a las personas por el delito que han realizado de acuerdo a los ambientes y dinámicas criminógenas que se desarrollan al interior de estos recintos. En el fondo, el objetivo de punición del Estado no se genera a causa del formalismo jurídico de encarcelar a quienes delinquen, para disminuir los riesgos de la seguridad ciudadana hacia quienen no delinquen, sino que responde a una lógica de contención que termina profundizando la reproducción de ambientes disfuncionales entre la población afectada.
Como es la fuerza de la costumbre, en las discusiones públicas en el país, la tragedia de la cárcel de San Miguel vive su semana de pulsión informativa: las primeras 24 horas está en boca de todos; cada uno de nosotros busca su parcelita de poder, en el 2.0, con sus comentarios para decir su franca percepción de los hechos o para intentar influir en los demás. Pasadas las 48 horas, el embudo de la inmediatez cercena el número de individuos. Aquí entran en juego los saberes narrativos de las columnas y notas que pretenden adentrarse en la reflexión, tomando el suceso desde múltiples aristas.
Esto es algo normal en estos tiempos de fragmentación de subjetividades y de relatos. La heterogeneidad, sin embargo, algunas vecces, se diluye bajo la empecinada forma conservadora de analizar los hechos: De una parte, la derecha que apunta a la visión cortoplacista y cuantitativa de aumentar el número de cárceles como la gran respuesta para evitar que se repita este tipo de tragedia, sin considerar –para variar- que más recintos es sinónimo de más reclusos y, por ende, de más hacinamiento. Es la misma clase de racionalidad que publicita cuando se refiere al empleo: lo importante es que los números y las cuantificaciones den la sensación de un problema resuelto, sin importar cómo se mueve el magma por debajo.
Al otro extremo, se encuentran las posturas superficiales y delirantes-hilarantes que afirman que todo preso es político en el sentido de que todas las personas que se encuentran recluídas en estos espacios son víctimas de la sociedad, sin considerar otras complejidades psicopatológicas existentes -y que no necesariamente encuentran la respuesta en el discurso de la contra psicología-, especialmente para los casos más graves de individuos con psicopatías permanentes, los cuales deben esbozar una leve sonrisa de satisfacción si leen a otros que les llaman víctimas por haber violado, asesinado o inflingido un daño físico o psicológico grave a otra(s) persona(s), tan portadora de derechos y deberes como él mismo en una sociedad. El problema es que, si se acepta la tesis básica de que los victimarios son las reales víctimas del sistema de organización socioeconómica que vivimos, entonces excluímos o dejamos en un segundo plano a las víctimas reales de los delitos como sujetos de derecho que también buscan justicia. La imaginación da para mucho en el momento de pensar cuál sería la respuesta de una persona común y corriente que ha sido robada, o violada o que le han asesinado a un cercano, se la respuesta es que el capitalismo es el gran culpable de lo que ha experimentado.
La hoguera de las confusiones que pregonan ciertas posturas en los extremos de la discusión social no hace más que perder el foco preciso de las eventuales respuestas para prevenir y evitar tragedias como éstas. Claro que hay algo certero en todo esto: la responsabilidad y la culpa de estos hechos recae en el poder organizado, en la clase política en general, por no tener una estrategia de prevención real en todo lo que se refiere a la rehabilitación y reinserción de los individuos que son parte de la población penal.
Si. Los conceptos de población, delincuentes, detenidos, antisociales, aislados, etc. hacen referencia al tipo de racionalidad política (en su sentido amplio) que se instala en occidente a fines del siglo XVIII y que la obra de Foucault identifica como la transición desde las sociedades de disciplinamiento a las sociedades de control social, a través de la continua intervención de ciertos tipos de poder en los procesos vitales de los individuos, formando una economía política de los cuerpos, los cuales son clasificados, segmentados y calificados por una instancia que los dispone en espacios segregados para facilitar el control social.
El término de biopolítica que se le ha otorgado a este enfoque permite entender de mejor modo cómo funciona el poder dentro de la práctica punitiva de la cárcel. Cuando Foucault habla de las sociedades del disciplinamiento pensaba justamente en una puesta en escena arquitectónica de la cárcel que es el producto de una tecnología de saber y de poder racionalizadao donde nada se dejaba al azar. El poder no debe entenderse como algo estático que opera exclusivamente desde una institución determinada. Esto significa simplificar las complejidades de la realidad. Si queremos comprender cómo funciona el poder en estos recintos carcelarios en Chile debemos partir de la base de sus elementos característicos identificados por Foucault:
-Relaciones estratégicas dinámicas entre los mismos reclusos que se manifiestan en códigos que regulan el grado de violencia aplicada (la pelea que da origen al incendio, según la versión oficial); estas mismas relaciones precisas se dan entre los reclusos y los gendarmes, quienes están tan encerrados como ellos, compartiendo estos espacios de control social.
-La lógica del más fuerte, por los recursos a disposición, juega a favor de los representantes del Estado en estos lugares que abusan de sus contraparte o que realizan relaciones de poder recíprocas (en la compra venta de bienes y el tráfico que se genera en todo los recintos del mundo entre los vigilantes y los vigilados). El carácter de estas relaciones asimétricas también son un factor que explica la tragedia, especialmente por la desidia del personal presente por no haber reaccionado y controlado el juego. Lo más probable es que hayan dejado correr la situación, sin intervenir, debido a la lógica de premios y castigos que establecen con los vigilados, sobre todo la segunda.
-El poder, al tener una materialización siempre móvil y flexible en las relaciones entre los hombres, juega con el hacer y no hacer. En este caso, la ineficiencia y la inercia de las políticas penitenciarias (este último concepto proviene del disciplinamiento del poder pastoral católico postridentino, el cual es asociado directamente a la idea de castigo) muestran la prioridad de observar la realidad presidaria desde el exclusivo punto de vista de la contención.
-El tipo de poder que opera en los espacios carcelarios opta por la indiferencia en todo sentido: desde la preocupación de los vigilados, pasando por la omisión de separar a los reclusos en distintos ambientes, hasta la inoperancia para otorgar mejores condiciones de vida a los reclusos, quienes continuan siendo sujetos de derecho, por más que sea limitado por los espacios punitivos.
Lamentablemente, bajo la mirada de la racionalidad política, el poder carcelario no se preocupa, por lo general, de crear otras condiciones. Desde los recintos de los tiempos soviéticos ubicados en Siberia hasta las precarias cárceles latinoamericanas, se delimitan los espacios físicos solamente para recordarles a quienes caen en ellos del carácter punitivo que conllevan ciertas acciones de no inclusión a los espacios delimitados por quienes hegemonizan y manipulan el poder. Esto es un punto cardinal en el estudio que Foucault realiza y que también fue abordado por Marx y Engels en su ensayo histórico acerca de “La acumulación originaria del capital”. En que revisaron las leyes europeas del siglo XVII que castigaban físicamente a los vagabundos por no trabajar, enviándolos a cárceles y, posteriormente, a trasquilar ovejas para la producción textil.
Así era entendido el reciclaje funcional en aquellos tiempos, al igual que en la Inglaterra de Oliver Twist. Sin embargo, actualmente, existen pocas experiencias reales de “recliclaje” que hayan dado frutos en el mundo, los casos triunfantes de personas que salen adelante desde dentro hacia la “normalidad” de afuera es por el esfuerzo individual. Porque, de lo contrario, no existirían individuos que cambian sus vidas desde dentro hacia afuera, una vez que salen, por mucho que les pese a quienes de seguro confunden esto con una “visión individualista del capitalismo”. Y aquí es donde entran a operar otra clases de poderes más subjetivos y difíciles de clasificar.
La gran industria manufacturera de la criminalidad se encuentra dentro de estos espacios, de aquí nacen los códigos que dan vida a las prácticas de legitimación de la delincuencia. Y esto va derribando nuevas piezas de dominó en el campo del poder. Es cierto el análisis que enfoca la permanencia de la lógica de contención existente en las prisiones, con una cierta economía política que rinde frutos al control social. A medida que aumenta la tasa de delincuencia, lo mismo sucede con los crímenes y la sensación de miedo que ello genera en las personas que no optaron por robar, asesinar o violentar a otro semejante. Tal como vemos en nuestro país, este dispositivo ha generado una mayor aceptación del sentido común hacia el control policial, en un orden discursivo creado por la derecha y reproducido por los gobiernos desde 1990 hasta ahora.
La dinámica de las exclusiones e inclusiones gestionadas por grupos que funcionan en torno a sus prácticas de poder también forman parte de este enfoque biopolítico, bajo el análisis de la filosofía italiana. Si. El caso del joven que se encontraba recluído por prácticar la informalidad económica de la piratería comercial es el ejemplo más idóneo de la lógica de poder que define quién debe formar parte de la inmunidad dentro de la comunidad y quién no. La tipificación del delito por infracción a la propiedad intelectual que deja a las personas en estos espacios de inercia y condena social para el propio individuo recae mil veces en este rasgo del poder.
Así como el poder opera en todos los niveles, su contraparte entrópica e institucionalizada también lo hace (la economía política de la criminalidad), sólo que aquella que se hace desde y en las cúpulas de control queda eximida del regímen de veracidad y normativo que el mismo control produce (inmunitas, como dice Antony Negri). Lamentablemente, el control social que ejerce poder, en sus relaciones estratégicas, el que segmenta la delincuencia en una lógica de incluidos (se crean hasta imperios de criminalidad) y excluídos que terminan hacinados en las cárceles.
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