martes, 14 de diciembre de 2010

El camino al Estado penitenciario, sentido común punitivo y marginalizaciones urbanas




El fuego que consumió la vida de 82 hombres en la cárcel de San Miguel aún no se consume en el pensamiento crítico de nuestra sociedad. Hechos como este pueden ser ubicados bajo el modelo explicativo de la disolución del Estado providencia a costa del Estado penitenciario, planteada por el sociólogo francés Loic Wacquant, uno de los exponentes más llamativos en el estudio de la sociología urbana y el Estado penal.
Una de sus principales obras es “La gestión policial de la miseria”, donde identifica la genealogía que da inicio al discurso conservador de la tolerancia cero en Estados Unidos contra el potencial peligro que advierte este pensamiento contra los grupos marginalizados en los suburbios urbanos que son asociados como el producto de las malas políticas asistenciales del Estado benefactor de los años sesenta y setenta.
La ideología se propaga en la Gran Bretaña de John Mayor a mediados de los noventa y en algunas grandes ciudades estadounidenses a fines de la misma década. Como olvidar en este sentido lo que hizo el denominado sheriff de Nueva York en eso años, el alcalde Rudolph Giuliani, quien fue visitado por líderes de nuestra derecha, como Joaquín Lavín.
Básicamente el objetivo de estas iniciativas programadas consiste en tratar con igualdad penal a los menores de edad con los adultos; aumento de penas por delitos e infracciones menores; mayor presencia de cámaras de vigilancia en los espacios públicos, e integrar al sector privado en la provisión de soluciones de seguridad, entre otras medidas.
Los principales efectos de estas acciones será el abatimiento de la identidad individual del sujeto a favor de la emergencia de un sujeto colectivo que será encasillado como delincuente y otras formas linguísticas que nacen de acuerdo a la realidad de cada ghetto urbano. En Chile, la masificación del término flaite se asocia al orden discursivo informal del pato malo y al formal del delincuente, naciendo de este modo, el concepto del paria urbano.
Un factor agravante a las marcadas divisiones en la estructura social local emerge con estos nuevos engranajes de la economía de la segregación que se implanta con el discurso de la derecha desde 1990 hasta ahora en torno a la delincuencia y la seguridad ciudadana.
La aparición de un “sentido común punitivo” es otro elemento constitutivo en el armado conceptual de Wacquant y que se refleja en los variados comentarios de algunos ciudadanos en las redes sociales 2.0, donde apologizaban la muerte de “delincuentes y lacras”. Como se aprecia, desde la perspectiva sociológica encontramos otra distorsión inducida en las relaciones sociales, producto de programaciones racionalizadas y con una clara intencionalidad de control social de la entropía. “El paso del Estado providencia al Estado penitenciario anuncia la aparición de una nueva forma de gobernar la miseria, que auna la mano invisible del mercado del trabajo descalificado y desregulado con el brazo largo de un aparato penal omnipresente”, es la tesis principal de Wacquant.
Ahora, es necesario reconocer que esta clase de gestión se dirige preminentemente a los segmentos urbanos marginalizados, que día a día deben enfrentar situaciones de abuso, provenientes de la profundización de la vigilancia en sus territorios. De estos entornos salen los chivos expiratorios que después son expuestos delante de las cámaras para dar cuenta del relato de combate a la delincuencia, muchas veces sin haber cometido el delito que se le imputa. Dinámicas de este tipo también se observan en los videos filtrados desde Carabineros, donde se puede ver a una persona detenida ocho veces en el arcos de dos meses, sin dejarse clara la razón de su detención, pues queda en un segundo plano frente a los sádicos abusos y torturas psicológicas que realizan sobre él un grupo de policías.
Por un lado, entonces, tenemos que reconocer fenómenos como la miseria, la delincuencia y la marginalización como un producto social, cuya respuesta se materializa en el Estado penal que criminaliza la miseria y la marginación, concentrándose en la política de contención que vemos en el exceso de población en los recintos penales.
Wacquant menciona el regímen discursivo del Estado que declara el combate a la delincuencia para recuperar el espacio público. Pero, bajo esa superficie, se identifican consecuencias visibles en Chile, puesto que esta problemática se ha internacionalizado con el proceso de la globalización, tales como un aumento notable de encarcrelamientos, justo en momentos en que la criminalidad se estanca; crecimiento del sector penitenciario en la administración pública, que supone un alza en el gasto fiscal a costa de las reducciones en otras áreas sociales; privatización del encierro, generando fases desconocidas de prosperidad en la industria privada de la prisión (en esto invitamos a ver los ingresos de empresas como Sodexo, encargada de la alimentación y mantención en los nuevos recintos licitados), además de el surgimiento de una política de acción afirmativa carcelaria, en la cual la práctica punitiva privilegia ciertos sectores urbanos que incluyen a ciertas familias que habitan en estos territorios. Ello crea el tipo de dinámicas que se desarrollan desde 1990, a partir del núcleo conceptual de la “tolerancia cero” o “la mano dura”, adaptada linguistícamente por la derecha, que no sería más que una intolerancia selectiva, de aucerdo al sociólogo francés.

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