El camino al Estado
penitenciario, sentido común punitivo y marginalizaciones urbanas
El fuego que consumió la vida de
82 hombres en la cárcel de San Miguel en 2010 es uno de los tantos hitos que
todavía no se consumen por completo en el pensamiento crítico respecto al
funcionamiento que hemos construido en nuestra sociedad. Hechos como este
pueden ser ubicados bajo el modelo explicativo de la disolución del Estado
providencia a costa del Estado penitenciario, planteada por el sociólogo
francés Loic Wacquant, uno de los exponentes más llamativos en el estudio de la
sociología urbana y el Estado penal.
Una de sus principales obras es
“La gestión policial de la miseria”, donde identifica la genealogía que da
inicio al discurso conservador de la tolerancia cero en Estados Unidos contra
el potencial peligro que advierte este pensamiento contra los grupos marginalizados
en los suburbios urbanos que son asociados como el producto de las malas
políticas asistenciales del Estado benefactor de los años sesenta y setenta.
La ideología se propaga en la
Gran Bretaña de John Mayor a mediados de los noventa y en algunas grandes
ciudades estadounidenses a fines de la misma década. Como olvidar en este
sentido lo que hizo el denominado sheriff de Nueva York en eso años, el alcalde
Rudolph Giuliani, quien fue visitado por líderes de nuestra derecha, como
Joaquín Lavín.
Básicamente el objetivo de estas
iniciativas programadas consiste en tratar con igualdad penal a los menores de
edad con los adultos; aumento de penas por delitos e infracciones menores;
mayor presencia de cámaras de vigilancia en los espacios públicos, e integrar
al sector privado en la provisión de soluciones de seguridad, entre otras
medidas.
Los principales efectos de estas
acciones será el abatimiento de la identidad individual del sujeto a favor de
la emergencia de un sujeto colectivo que será encasillado como delincuente y
otras formas lingüísticas que nacen de acuerdo a la realidad de cada ghetto
urbano. En Chile, la masificación del término "flaite" se asocia al
orden discursivo informal del pato malo y al formal del delincuente, naciendo
de este modo, el concepto del paria urbano.
Un factor agravante a las
marcadas divisiones en la estructura social local emerge con estos nuevos
engranajes de la economía de la segregación que se implanta con el discurso de
la derecha desde 1990 hasta ahora en torno a la delincuencia y la seguridad
ciudadana.
La aparición de un “sentido común
punitivo” es otro elemento constitutivo en el armado conceptual de Wacquant y
que se refleja en los variados comentarios de algunos ciudadanos en las redes
sociales 2.0, donde apologizaban la muerte de “delincuentes y lacras”. Como se
aprecia, desde la perspectiva sociológica encontramos otra distorsión inducida
en las relaciones sociales, producto de programaciones racionalizadas y con una
clara intencionalidad de control social de la entropía. “El paso del Estado
providencia al Estado penitenciario anuncia la aparición de una nueva forma de
gobernar la miseria, que aúna la mano invisible del mercado del trabajo
descalificado y desregulado con el brazo largo de un aparato penal omnipresente”,
es la tesis principal de Wacquant.
Ahora, es necesario reconocer que
esta clase de gestión se dirige preminentemente a los segmentos urbanos
marginalizados, que día a día deben enfrentar situaciones de abuso,
provenientes de la profundización de la vigilancia en sus territorios. De estos
entornos salen los chivos expiatorios que después son expuestos delante de las
cámaras para dar cuenta del relato de combate a la delincuencia, muchas veces
sin haber cometido el delito que se le imputa. Dinámicas de este tipo también
se observan en los videos filtrados desde Carabineros, donde se puede ver a una
persona detenida ocho veces en el arcos de dos meses, sin dejarse clara la
razón de su detención, pues queda en un segundo plano frente a los sádicos abusos
y torturas psicológicas que realizan sobre él un grupo de policías.
Por un lado, entonces, tenemos
que reconocer fenómenos como la miseria, la delincuencia y la marginalización
como un producto social, cuya respuesta se materializa en el Estado penal que
criminaliza la miseria y la marginación, concentrándose en la política de
contención que vemos en el exceso de población en los recintos penales.
Wacquant menciona el régimen
discursivo del Estado que declara el combate a la delincuencia para recuperar el
espacio público. Pero, bajo esa superficie, se identifican consecuencias
visibles en Chile, puesto que esta problemática se ha internacionalizado con el
proceso de la globalización, tales como un aumento notable de encarcelamientos,
justo en momentos en que la criminalidad se estanca; crecimiento del sector
penitenciario en la administración pública, que supone un alza en el gasto
fiscal a costa de las reducciones en otras áreas sociales; privatización del
encierro, generando fases desconocidas de prosperidad en la industria privada
de la prisión (en esto invitamos a ver los ingresos de empresas como Sodexo,
encargada de la alimentación y mantención en los nuevos recintos licitados),
además del surgimiento de una política de acción afirmativa carcelaria, en la
cual la práctica punitiva privilegia ciertos sectores urbanos que incluyen a
ciertas familias que habitan en estos territorios. Ello crea el tipo de
dinámicas que se desarrollan desde 1990, a partir del núcleo conceptual de la
“tolerancia cero” o “la mano dura”, adaptada lingüísticamente por la derecha,
que no sería más que una intolerancia selectiva, de acuerdo al sociólogo
francés.
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