Michael Munger, director del Programa de Filosofía, Política y Economía de la Universidad de Duke, invitado por la Universidad del Desarrollo y por la Fundación para el Progreso, planteó un punto esencial en el vacío que existe actualmente en las discusiones político-ideológicas en torno al rol del mercado y el Estado en Chile.
A su juicio las posturas que se inclinan por solucionar todo a través del Estado para resolver los problemas provocados por el mercado, y viceversa, son parte del error generado por la rígido axioma de dar respuestas motivadas ideológicamente para superar problemas prácticos, especialmente desde el punto de vista del mercado porque, al tener este un margen de acción más libre que la coerción intrínseca que tiene todo Estado, cae en la ilusión de pensar en poseer un pensamiento neutro y no ideológico, en una visión que tiene pretensiones de universalidad en torno a las diferentes realidades.
Tanto los propulsores dogmáticos del mercado como del Estado, que mutuamente promueven su fin, han llevado la discusión a un reduccionismo binario (que ha sido capturado por la lógica derecha-izquierda), por lo que Munger propone lo que denomina como una "opción común o pública", consistente en el trabajo en consenso que realizan grupos de personas para ver cuál es la decisión correcta respecto a determinados temas que el mercado y el Estado dejan en un lugar secundario. En otras palabras, la "opción común" implica un mayor grado de flexibilidad y pragmatismo frente a la asuntos que afectan a más de un individuo.
Según Munger, son la asociaciones voluntarias privadas y locales los actores que pueden llevar adelante la opción común, pues constituye la respuesta de las personas trabajando en conjunto para construir las mejores decisiones en asuntos que le atañen a ellos mismos, en vez de asignar responsabilidades a otros. La elección grupal plantea una nueva forma de deliberación democrática, a pequeña escala, con un mayor margen de libertad para operar y que no está atada a voluntades políticas y económicas de poderes coactivos presente en el Estado y en el mercado. Tampoco está atada a las copiosos reglamentos creados desde el Estado y que se entienden como el producto final de la democracia, sin considerar que en muchas ocasiones dichas reglas se crean a partir de intereses sectoriales o corporativos que intervienen directamente en el quehacer de asociaciones voluntarias civiles.
Así, es natural que parte de la sociedad civil, como -por ejemplo- una comunidad que rechaza la instalación de un proyecto productivo o extractivo en su zona u otra que pida la instalación de un consultorio de salud o un nuevo plan regulador comunal que sea funcional a sus intereses, no acepten las reglas del niveles superiores de la administración pública simplemente porque no le son propias a su realidad cotidiana y particular. Uno de los pilares de la política estatal es la creación de técnicas para seguir y aceptar las normas, siendo este uno de los puntos conflictivos con la sociedad civil pues una parte considerable de la población tiende a no aceptar los resultados que producen estas reglas, cuestionando la legitimidad de estos procesos especialmente en el campo de la economía política y la política social.
Este cuestionamiento también ocurre contra los resultados que genera el mercado en algunas esferas de la sociedad, aunque la sociedad política encargada de administrar las res-pública, en su afán de dominio permanente, insiste en seguir con acusar de mediocridad a las funciones del mercado o del Estado sin considerar la instancia asociativa voluntaria de la sociedad civil, perpetuando de este modo el estado de cosas.
Munger afirma que la deliberación de los problemas locales y específicos tienen una mayor facilidad para desarrollarse y enfrentar las necesidades reales, muchas de la cuales no son tomadas en cuenta por el mercado y el Estado, al no considerar a las asociaciones privadas voluntarias o al mirarlas bajo la lógica del instrumentalismo.
Las asociaciones voluntarias, como las cooperativas y sociedades de socorro mutuo, fueron dejadas de lado en Chile justamente porque el modelo económico las desechó al no ser funcionales a la ideología de libre mercado entendida por la acumulación del gran capital, lo que se materializó con la venia del Estado que se enfocó en otorgar condiciones favorables para el desarrollo de las grandes empresas, cuyo accionar dio paso a la concentración y a la emergencia de un poder económico que se instaló en una relación de amor y odio con el aparato estatal, en que se busca sus subsidios, pero se rechaza su fortalecimiento con la entrega de recursos que posteriormente van dirigidos en parte a esos mismos subsidios.
En el mundo de la asociaciones voluntarias existe otro tipo de ética o se mantuvo la que animó al desarrollo del libre mercado en Europa en el siglo XVII o en los Estados Unidos que apreció Alexis de Tocqueville, donde el motor de las acciones grupales es el intercambio voluntario, en que se reconoce un beneficio mutuo, sin la presencia de contratos circunstanciales que den espacio al fraude y que escondan asimetrías de información como sucede actualmente en las prácticas de libre mercado donde actúa un poder privado, fortalecido, con espaldas financieras y de redes de contacto con el aparato público o con el corporativismo privado, que tiende a subsumir las actividades económicas de menor envergadura, libres y voluntarias, especialmente las que tienen carácter local.
Las acciones que impulsan asociaciones civiles se basan en una ética para no esperar que el Estado haga algo, siendo un motor de desarrollo, cuya virtud es alejarse del intervencionismo del poder estatal y de los grupos sociales privilegiados que coartan la libertad económica desde el sector privado, cuyo conocimiento opera con discursos que se disfrazan con un cariz "neutro y técnico".
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