lunes, 15 de marzo de 2010

El pésimo enfoque ontológico de la derecha chilena hacia la flexibilidad laboral

El acceso de la derecha al Estado plantea una serie de dudas respecto al debate entre competitividad y regulación laboral en Chile, particularmente en materia de protección social. Para todos aquellos que confìan en el ancla conceptual del cambio pregonada por el Presidente electo, Sebastiàn Pinera, existe un punto de partida contradictorio: Su Gobierno supone un cambio dentro de la continuidad en torno al actual manejo del modelo econòmico implementado en los anos setenta, cuyas condiciones de reproducciòn fueron profundizadas por la administraciòn concertacionista en los ùltimos veinte anos. En otras palabras, los anunciados vientos de cambios no implican una discontinuidad de la estrategia econòmica de apertura e integraciòn en los mercados internacionales.
Si el motivo por haber votado por el candidato de la derecha era encontrar una mayor sintonìa entre las polìticas pùblicas y las aspiraciones del mundo laboral, un somero èxamen de la concepciòn de mundo que sostiene la derecha respecto a este tema, nos mostrarà las dificultades de materializar este objetivo. Ello porque, a primera vista, este bloque polìtico històrica y sistemàticamente asocia los mayores costos empresariales a la protecciòn de los trabajadores. Este tipo de doctrina liberal ulta ortodoxa plantea la reducciòn de costos con el objetivo de aumentar la competitividad mediante la disminuciòn de las prerrogativas de los recursos humanos, ya sea en tèrminos salariales o en algunos instrumentos de protecciòn como las indemnizaciones al momento del despido o cese del contrato.
En este sentido, existen varios puntos ambiguos y poco esclarecedores en el Programa de Gobierno del Presidente electo, Sebastiàn Pinera, respecto a este tema. El diagnòstico expuesto en este documento se basa en el monolìtico juicio de que la pèrdida de dinamismo en la economìa nacional responde a las rigideces del mercado laboral introducidas por la burocracia del Estado, razòn por la cual se desprende la conclusiòn de aumentar la competitividad de las empresas a travès de la reducciòn de costos que, en la pràctica, a menudo se dirigen al factor trabajo. En otras palabras, se apunta a una mayor desregulaciòn para incrementar automàticamente las ventajas competitivas de la empresa o, como indica el Programa, “la capacidad de emprendimiento”.
Las propuestas del futuro Ejecutivo se manejan en un amplio nivel de abstracciòn sin precisiones en la materia. Por ejemplo, dentro del conjunto de ocho macro soluciones propuestas en el Programa para “aumentar las posibilidades de trabajo”, se plantea la posibilidad de que los trabajadores puedan optar por una indeminizaciòn a todo evento en vez de la actual cobertura en caso de despido. El octavo y ùltimo punto expresa el deseo de perfeccionar el seguro de cesantìa simultàneamente con otorgar “la oportunidad a los trabajadores para sustituir una parte de las indemnizaciones que actualmente pueden recibir en caso de ser despedidos, por indemnizaciones a todo evento”. (Pàg. 68).
La trampa es sutil y es casi imperceptible, pero al plantear la posibilidad de “otorgar una oportunidad para sustituir” se habla de darle un caràcter opcional a este beneficio, lo que va en lìnea con la doctrina ortodoxa neoclàsica de que los programas sociales obligatorios a los trabajadores redundan en ineficiencias y mayores costos. La idea de cambiar la indemnizaciòn por anos de servicio, transfiriendo sus recursos a un seguro de desempleo màs amplio y fuerte, es un punto cardinal en el debate entre la flexibilidad laboral y la protecciòn social. Segùn la visiòn del extremismo ortodoxo de la derecha econòmica, los recursos liberados por el fin de la indemnizaciòn por despidos se podrìan agregar a las cuentas del seguro de cesantìa. Asì lo sostiene el hermano del Presidente electo, Josè Pinera, “el Gurù” criollo de la polìtica laboral ultra ortodoxa, pues el actual pago del empleador al trabajador por cese del contrato, a su juicio, impide una mayor crecimiento y la creaciòn de màs puestos de trabajo. Su idea es crear un seguro de desempleo “màs fuerte”, como posteriormente ha proclamado Sebastiàn.
El establishment monolìticamente tambièn apela a la “flexiseguridad” creada en Dinamarca, donde la indemnizaciòn por anos de servicio pasò a engrosar las cuentas del seguro de desempleo. Hasta aquì va todo bien para los partidarios de acabar con las indemnizaciòn, sobre la base de este modelo. Sin embargo, la ultraortodoxia liberal omite una serie de aspectos del sistema escandinavo que contradicen sus postulados doctrinarios (Aquì podemos apreciar còmo los partidarios de la flexibilidad son bastante poco flexibles en su ideologìa).
Efectivamente, la experiencia danesa es paradigmàtica para la Uniòn Europea, pues plantea una suerte de puerta giratoria al interior del mercado laboral, donde se contrata y despide a los trabajadores sin restricciones. Este es el aspecto màs destacado por la economìa laissez-faire de la derecha: reducen el concepto sòlo al rasgo de la flexibilidad y, de paso, omiten el sòlido componente de seguridad social alcanzado en este paìs, donde el 80% de la fuerza de trabajo està sindicalizada, por lo que cada modificaciòn a este modelo pasa por el diàlogo y la concertaciòn social a travès de conductos institucionalizados con un caràcter estratègico y no meramente funcional como ha sido visto en las famosas mesas de diàlogo social en Chile.
La ortodoxia econòmica tampoco menciona que la gestiòn del seguro de desempleo està en manos de los sindicatos, al igual que las pensiones privadas de los trabajadores sindicalizados. La liberalizaciòn del despido ha incrementado el ritmo de movilidad laboral en el mercado danès y no ha traìdo consigo la precarizaciòn del empleo, como sucede en la mayorìa de los paìses que adapan ciegamente el dogmatismo anti regulatorio. De hecho, esta visiòn ideologizada de las relaciones productivas plantea que el fin de las indemnizaciones aumentarà automaticamente la creaciòn de nuevos puestos de trabajo, cuando en Dinamarca el objetivo principal de la flexiseguridad es darle dinamismo al mercado laboral: Cerca de 800 mil trabajadores cambian de empleo al ano y unos 250 mil puestos se destruyen y crean en el mismo lapso de tiempo, razòn por la cual el cese de las indemnizaciones no ha producido un incremento en la creaciòn de trabajo, sino que muestra un efecto neutro.
Este ùltimo punto es de vital importancia dentro del debate, pues el argumento de crear màs empleo es demasiado influyente, aunque muchas veces se sustente en fundamentos falsos. Siempre se hace referencia a los “ruidos” o “distorsiones”, como el aumento de salarios mìnimos, mayor libertad sindical, cambios en las jornadas de trabajo, para pedir mayor flexibilidad, impersonalizandos los intereses de los trabajadores. Ello es reconocido por el ex decano de Economìa de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, en su obra “Flexibilidad y Empleo”, al indicar que las rigideces advertidas por el convencionalismo de la ortodoxia liberal tambièn son compartidas por los trabajadores, los cuales “no valoran” este tipo de iniciativas descritas màs arriba. Esta “filosofìa de la ciencia” econòmica ortodoxa, en otras palabras pretende privilegiar los costos de los empleadores, desechando la percepciòn del costo por parte de los empleados. Es decir, el orden discursivo de este anàlisis es que toda restricciòn a la liberalizaciòn de las relaciones laborales implica un perjuicio para los trabajadores y no un beneficio. Esta es la libertad que autoadquieren los voceros de la ortodoxia y las autoridades: suplantan las percepciones reales de los trabajadores con sus diagnòsticos, restàndoles cualquier capacidad de decisiòn al factor trabajo. Bajo este tipo de concepciòn de la realidad, podemos entender el por què la flexibilidad a secas nace coja.
Entre los impactos negativos que denuncia el establishment econòmico y la derecha respecto a la indemnizaciòn es limitar las capacidades de las empresas para adpatarse a las dinàmicas condiciones tecnològicas y organizacionales del comercio internacional. Si embargo, el trabajo de Ramos (2007) muestra luces desconcertantes para la ecuaciòn mayor flexibilidad/mayor competitividad. “De hecho, cuando se examina la relación entre flexibilidad laboral y competitividad se observa que hay una relación positiva entre ambas variables, pero es tenue y muy suave. Si uno compara USA con Alemania, la correlación parece fuertemente positiva. Sin embargo, si uno incluye a Suecia, Finlandia, Brasil y México la relación se diluye. En efecto, Suecia y Finlandia son entre las 5 economías más competitivas del mundo – mucho más que Chile, y, sin embargo, tanto Finlandia como Suecia tienen normas laborales significativamente más rígidas que las de Chile; y Brasil y México son más flexibles que Chile (al menos según el Fraser Institute) y sin embargo, son economías mucho menos competitivas. De ahí que si bien mayor flexibilidad sí está relacionada con mayor competitividad, al parecer a los valores de flexibilidad laboral de Chile una mayor flexibilidad eleva la competitividad sólo en forma marginal”.
No es un misterio que la rotación laboral del mercado chileno es bastante alta, incluso mayor que la de Estados Unidos, como explica Ramos: “En los primeros 21 meses del nuevo seguro de desempleo (octubre de 2002 a julio 2004), 1.000.000 personas fueron contratadas en trabajos nuevos por las empresas, pese a que el incremento en el empleo asalariado neto casi no subió en esos 21 meses! Es más, en el mismo período, 600.000 personas fueron contratadas en forma “indefinida”. Pese a ello, a los 6 meses menos de la mitad seguía contratada. En otras palabras, las rigideces en contratación no parecerían estar atentando significativamente contra la contratación”. ¿Qué podemos decir al respecto? Básicamente que el tipo de flexibilidad aplicada en Chile tiende a aumentar la precarización de la mano de obra (un millòn de empleos en un contexto donde la ocupaciòn asalariada no crece), en vez de incrementar las “rigidecez” o “ruidos” que atentan contra la competitividad.
Si el nuevo gobierno desea conducir el debate acerca de la flexibilidad laboral para aumentar la productividad deberá reconocer que la aplicabilidad del modelo está sujeta a las características socio-culturales de cada mercado. Y aquí la realidad chilena ni siquiera se ha puesto los panales: baja tasa de sindicalización, falta de autonomía político-partidista del principal referente del sector (CUT); bajo nivel de salarios, tanto para ocupaciones calificadas como descalificadas; alta brecha de ingresos entre hombres y mujeres, así como para los jóvenes; empresas que basan sus estrategias de competitividad sobre el bajo costo laboral y no en la calidad de sus productos y servicios. El bajo nivel de salarios redunda en la pérdida de calidad de los empleos en el mediano y largo plazo.
Aunque el Programa de Gobierno de la derecha incluye una serie de propuestas para fortalecer la red de protecciòn laboral, a través de la supuesta entrega de bonos por capacitación a los trabajadores, no se especifìca el carácter de tales programas ni la lógica subyacente para su funcionamientos. Hasta el momento, la única certeza es el apego a la visión doctrinaria de ver a los programas de protección social y laboral como un costo para las empresas que pueden reducir la competitividad internacional. Otro hecho omitido por la derecha es la actitud negativa de muchos empresarios en el campo microeconómico: El Porgrama de Piñera reconoce el bajo nivel de inversión en capital humano, achacando este problema a la escasa eficiencia del Estado en la focalización de los recursos, pero no se menciona al receptor de estos beneficios que son los empleadores. Al considerar la indemnización por anos de servicio como una carga negativa, no han visto los potenciales beneficios que entrega esta norma a las unidades productivas puesto que el costo de mantener a un trabajadors plantea la posibilidad de adiestrarlo en el tiempo en determinadas tareas, con lo cual la norma protectora sirve para la inversión en el largo plazo del capital humano. Es comprobado empíricamente que los trabajadores en condiciones estables de empleo en el largo plazo terminan identificándose con los objetivos de la empresa. En Chile esto no se ha masificado.
El mayor problema es la distorsiòn de la realidad que subyace en la doctrina ortodoxa del liberalismo econòmico. Se consideran las regulaciones laborales como un impedimiento a la competitividad en el marco teòrico de que el mercado funciona perfectamente, sin fallas. Este discurso incrustado en el zòcalo mental del empresariado nacional deja como resultado que la capacidad de competir depende exclusivamente de la reducciòn de los costos laborales, es decir de los beneficios a los trabajadores. Poco se habla acerca de la necesidad de replantear las estrategias de crecimiento empresarial en los mercados externos a partir de la inversiòn en la calidad de los productos o en la reconversiòn hacia productos con mayor valor agregado. Algo sobre esta temática se ha comenzado a plantear en el sector frutícola que ha logrado catalpultar a Chile como el primer productor del hemisferio sur, pero sobre la base de mìnimas condiciones laborales, tanto en materia de salarios como de protección social a los trabajadores.
En este sentido, en el orden discursivo de la derecha, en general, y del Programa de Gobierno de Piñera, en particular, no se reconoce que la actual disminución en la productividad total de factores también responde a la deficitaria calidad de vida de los trabajadores menos calificados y al bajo nivel de salarios de la economía chilena, sobretodo en comparación con los demás países del OCDE. La idea de asociar el cese del pago de indemnizaciones al momento del despido con la disminución del desempleo es una falacia. Tanto los estudios de la OCDE, el Banco Mundial y la OIT, cuestionan el simplicismo de ligar la desregulación laboral con las ventajas comparativas. Entre 1990 y 1995, los salarios en el sctor industrial de Chile obtuvieron un alza promedio de 29%, por lo que el aumento de los costos empresariales debido a la inclusión de normas protectoras al trabajo, generó un aumento de la productividad que se tradujo en mejores niveles salariales.
Una discusión adecuada en torno a la flexibilidad laboral y el derecho a la protección social de los trabajadores pasa inevitablemente por cambiar el swicht ontológico de la ortodoxia liberal que todavía pretende resolver los problemas económicos bajo una mirada aséptica lo social. Si en los países escandinavos el desarrollo de la flexiseguridad ha obtenido frutos adecuados se debe considerar el aspecto consuetudinario de las sociedades del norte de Europa: la flexibilidad laboral es vista como el elemento propiciador de un mayor dinamismo en el mercado laboral y, por ende, en la productividad. No está asociada a la disminuciòn de las garantías sociales de los trabajadores, aspecto que la derecha económica chilena no puede superar y que no está zanjado ni especifìcado en su Programa de Gobierno.

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