El pésimo enfoque ontológico de la derecha chilena hacia la flexibilidad laboral

El acceso de la derecha al Estado plantea una serie de dudas respecto al debate entre competitividad y regulación laboral en Chile, particularmente en materia de protección social. Para todos aquellos que confían en el ancla conceptual del cambio pregonada por el Presidente electo, Sebastián Pinera, existe un punto de partida contradictorio: Su Gobierno supone un cambio dentro de la continuidad en torno al actual manejo del modelo económico implementado en los años setenta, cuyas condiciones de reproducción fueron profundizadas por la administración concertacionista en los últimos veinte años. En otras palabras, los anunciados vientos de cambios no implican una discontinuidad de la estrategia económica de apertura e integración en los mercados internacionales.

Si el motivo por haber votado por el candidato de la derecha era encontrar una mayor sintonía entre las políticas públicas y las aspiraciones del mundo laboral, un somero examen de la concepción de mundo que sostiene la derecha respecto a este tema, nos mostrará las dificultades de materializar este objetivo. Ello porque, a primera vista, este bloque político histórica y sistemáticamente asocia los mayores costos empresariales a la protección de los trabajadores. Este tipo de doctrina liberal ultra ortodoxa plantea la reducción de costos con el objetivo de aumentar la competitividad mediante la disminución de las prerrogativas de los recursos humanos, ya sea en términos salariales o en algunos instrumentos de protección como las indemnizaciones al momento del despido o cese del contrato.

En este sentido, existen varios puntos ambiguos y poco esclarecedores en el Programa de Gobierno del Presidente electo, Sebastián Pinera, respecto a este tema. El diagnóstico expuesto en este documento se basa en el monolítico juicio de que la pérdida de dinamismo en la economía nacional responde a las rigideces del mercado laboral introducidas por la burocracia del Estado, razón por la cual se desprende la conclusión de aumentar la competitividad de las empresas a través de la reducción de costos que, en la práctica, a menudo se dirigen al factor trabajo. En otras palabras, se apunta a una mayor desregulación para incrementar automáticamente las ventajas competitivas de la empresa o, como indica el Programa, “la capacidad de emprendimiento”.

Las propuestas del futuro Ejecutivo se manejan en un amplio nivel de abstracción sin precisiones en la materia. Por ejemplo, dentro del conjunto de ocho macro soluciones propuestas en el Programa para “aumentar las posibilidades de trabajo”, se plantea la posibilidad de que los trabajadores puedan optar por una indemnización a todo evento en vez de la actual cobertura en caso de despido. El octavo y último punto expresa el deseo de perfeccionar el seguro de cesantía simultáneamente con otorgar “la oportunidad a los trabajadores para sustituir una parte de las indemnizaciones que actualmente pueden recibir en caso de ser despedidos, por indemnizaciones a todo evento”. (Pág. 68).

La trampa es sutil y es casi imperceptible, pero al plantear la posibilidad de “otorgar una oportunidad para sustituir” se habla de darle un carácter opcional a este beneficio, lo que va en línea con la doctrina ortodoxa neoclásica de que los programas sociales obligatorios a los trabajadores redundan en ineficiencias y mayores costos. La idea de cambiar la indemnización por años de servicio, transfiriendo sus recursos a un seguro de desempleo más amplio y fuerte, es un punto cardinal en el debate entre la flexibilidad laboral y la protección social. Según la visión del extremismo ortodoxo de la derecha económica, los recursos liberados por el fin de la indemnización por despidos se podrían agregar a las cuentas del seguro de cesantía. Así lo sostiene el hermano del Presidente electo, José Pinera, “el Gurù” criollo de la política laboral ultra ortodoxa, pues el actual pago del empleador al trabajador por cese del contrato, a su juicio, impide una mayor crecimiento y la creación de más puestos de trabajo. Su idea es crear un seguro de desempleo “más fuerte”, como posteriormente ha proclamado Sebastián.

El establishment monolíticamente también apela a la “flexiseguridad” creada en Dinamarca, donde la indemnización por años de servicio pasó a engrosar las cuentas del seguro de desempleo. Hasta aquí va todo bien para los partidarios de acabar con las indemnizaciones, sobre la base de este modelo. Sin embargo, la ultra ortodoxia liberal omite una serie de aspectos del sistema escandinavo que contradicen sus postulados doctrinarios (Aquí podemos apreciar cómo los partidarios de la flexibilidad son bastante poco flexibles en su ideología).

Efectivamente, la experiencia danesa es paradigmática para la Unión Europea, pues plantea una suerte de puerta giratoria al interior del mercado laboral, donde se contrata y despide a los trabajadores sin restricciones. Este es el aspecto más destacado por la economía laissez-faire de la derecha: reducen el concepto sólo al rasgo de la flexibilidad y, de paso, omiten el sólido componente de seguridad social alcanzado en este país, donde el 80% de la fuerza de trabajo está sindicalizada, por lo que cada modificación a este modelo pasa por el diálogo y la concertación social a través de conductos institucionalizados con un carácter estratégico y no meramente funcional como ha sido visto en las famosas mesas de diálogo social en Chile.

La ortodoxia económica tampoco menciona que la gestión del seguro de desempleo está en manos de los sindicatos, al igual que las pensiones privadas de los trabajadores sindicalizados. La liberalización del despido ha incrementado el ritmo de movilidad laboral en el mercado danés y no ha traído consigo la precarización del empleo, como sucede en la mayoría de los países que adaptan ciegamente el dogmatismo anti regulatorio. De hecho, esta visión ideologizada de las relaciones productivas plantea que el fin de las indemnizaciones aumentará automáticamente la creación de nuevos puestos de trabajo, cuando en Dinamarca el objetivo principal de la flexiseguridad es darle dinamismo al mercado laboral: Cerca de 800 mil trabajadores cambian de empleo al ano y unos 250 mil puestos se destruyen y crean en el mismo lapso de tiempo, razón por la cual el cese de las indemnizaciones no ha producido un incremento en la creación de trabajo, sino que muestra un efecto neutro.

Este último punto es de vital importancia dentro del debate, pues el argumento de crear más empleo es demasiado influyente, aunque muchas veces se sustente en fundamentos falsos. Siempre se hace referencia a los “ruidos” o “distorsiones”, como el aumento de salarios mínimos, mayor libertad sindical, cambios en las jornadas de trabajo, para pedir mayor flexibilidad, impersonalizando los intereses de los trabajadores. Ello es reconocido por el ex decano de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, en su obra “Flexibilidad y Empleo”, al indicar que las rigideces advertidas por el convencionalismo de la ortodoxia liberal también son compartidas por los trabajadores, los cuales “no valoran” este tipo de iniciativas descritas más arriba. Esta “filosofía de la ciencia” económica ortodoxa, en otras palabras pretende privilegiar los costos de los empleadores, desechando la percepción del costo por parte de los empleados. Es decir, el orden discursivo de este análisis es que toda restricción a la liberalización de las relaciones laborales implica un perjuicio para los trabajadores y no un beneficio. Esta es la libertad que auto adquieren los voceros de la ortodoxia y las autoridades: suplantan las percepciones reales de los trabajadores con sus diagnósticos, restándoles cualquier capacidad de decisión al factor trabajo. Bajo este tipo de concepción de la realidad, podemos entender el por qué la flexibilidad a secas nace coja.

Entre los impactos negativos que denuncia el establishment económico y la derecha respecto a la indemnización es limitar las capacidades de las empresas para adaptarse a las dinámicas condiciones tecnológicas y organizacionales del comercio internacional. Si embargo, el trabajo de Ramos (2007) muestra luces desconcertantes para la ecuación mayor flexibilidad/mayor competitividad. “De hecho, cuando se examina la relación entre flexibilidad laboral y competitividad se observa que hay una relación positiva entre ambas variables, pero es tenue y muy suave. Si uno compara USA con Alemania, la correlación parece fuertemente positiva. Sin embargo, si uno incluye a Suecia, Finlandia, Brasil y México la relación se diluye. En efecto, Suecia y Finlandia son entre las 5 economías más competitivas del mundo – mucho más que Chile, y, sin embargo, tanto Finlandia como Suecia tienen normas laborales significativamente más rígidas que las de Chile; y Brasil y México son más flexibles que Chile (al menos según el Fraser Institute) y sin embargo, son economías mucho menos competitivas. De ahí que si bien mayor flexibilidad sí está relacionada con mayor competitividad, al parecer a los valores de flexibilidad laboral de Chile una mayor flexibilidad eleva la competitividad sólo en forma marginal”.

No es un misterio que la rotación laboral del mercado chileno es bastante alta, incluso mayor que la de Estados Unidos, como explica Ramos: “En los primeros 21 meses del nuevo seguro de desempleo (octubre de 2002 a julio 2004), 1.000.000 personas fueron contratadas en trabajos nuevos por las empresas, pese a que el incremento en el empleo asalariado neto casi no subió en esos 21 meses! Es más, en el mismo período, 600.000 personas fueron contratadas en forma “indefinida”. Pese a ello, a los 6 meses menos de la mitad seguía contratada. En otras palabras, las rigideces en contratación no parecerían estar atentando significativamente contra la contratación”. ¿Qué podemos decir al respecto? Básicamente que el tipo de flexibilidad aplicada en Chile tiende a aumentar la precarización de la mano de obra (un millón de empleos en un contexto donde la ocupación asalariada no crece), en vez de incrementar las “rigideces” o “ruidos” que atentan contra la competitividad.

Si el nuevo gobierno desea conducir el debate acerca de la flexibilidad laboral para aumentar la productividad deberá reconocer que la aplicabilidad del modelo está sujeta a las características socio-culturales de cada mercado. Y aquí la realidad chilena ni siquiera se ha puesto los panales: baja tasa de sindicalización, falta de autonomía político-partidista del principal referente del sector (CUT); bajo nivel de salarios, tanto para ocupaciones calificadas como descalificadas; alta brecha de ingresos entre hombres y mujeres, así como para los jóvenes; empresas que basan sus estrategias de competitividad sobre el bajo costo laboral y no en la calidad de sus productos y servicios. El bajo nivel de salarios redunda en la pérdida de calidad de los empleos en el mediano y largo plazo.

Aunque el Programa de Gobierno de la derecha incluye una serie de propuestas para fortalecer la red de protección laboral, a través de la supuesta entrega de bonos por capacitación a los trabajadores, no se específica el carácter de tales programas ni la lógica subyacente para su funcionamientos. Hasta el momento, la única certeza es el apego a la visión doctrinaria de ver a los programas de protección social y laboral como un costo para las empresas que pueden reducir la competitividad internacional. Otro hecho omitido por la derecha es la actitud negativa de muchos empresarios en el campo microeconómico: El Programa de Piñera reconoce el bajo nivel de inversión en capital humano, achacando este problema a la escasa eficiencia del Estado en la focalización de los recursos, pero no se menciona al receptor de estos beneficios que son los empleadores. Al considerar la indemnización por anos de servicio como una carga negativa, no han visto los potenciales beneficios que entrega esta norma a las unidades productivas puesto que el costo de mantener a un trabajadores plantea la posibilidad de adiestrarlo en el tiempo en determinadas tareas, con lo cual la norma protectora sirve para la inversión en el largo plazo del capital humano. Es comprobado empíricamente que los trabajadores en condiciones estables de empleo en el largo plazo terminan identificándose con los objetivos de la empresa. En Chile esto no se ha masificado.

El mayor problema es la distorsión de la realidad que subyace en la doctrina ortodoxa del liberalismo económico. Se consideran las regulaciones laborales como un impedimento a la competitividad en el marco teórico de que el mercado funciona perfectamente, sin fallas. Este discurso incrustado en el zócalo mental del empresariado nacional deja como resultado que la capacidad de competir depende exclusivamente de la reducción de los costos laborales, es decir de los beneficios a los trabajadores. Poco se habla acerca de la necesidad de replantear las estrategias de crecimiento empresarial en los mercados externos a partir de la inversión en la calidad de los productos o en la reconversión hacia productos con mayor valor agregado. Algo sobre esta temática se ha comenzado a plantear en el sector frutícola que ha logrado catapultar a Chile como el primer productor del hemisferio sur, pero sobre la base de mínimas condiciones laborales, tanto en materia de salarios como de protección social a los trabajadores.

En este sentido, en el orden discursivo de la derecha, en general, y del Programa de Gobierno de Piñera, en particular, no se reconoce que la actual disminución en la productividad total de factores también responde a la deficitaria calidad de vida de los trabajadores menos calificados y al bajo nivel de salarios de la economía chilena, sobretodo en comparación con los demás países del OCDE. La idea de asociar el cese del pago de indemnizaciones al momento del despido con la disminución del desempleo es una falacia. Tanto los estudios de la OCDE, el Banco Mundial y la OIT, cuestionan el simplicismo de ligar la desregulación laboral con las ventajas comparativas. Entre 1990 y 1995, los salarios en el sector industrial de Chile obtuvieron un alza promedio de 29%, por lo que el aumento de los costos empresariales debido a la inclusión de normas protectoras al trabajo, generó un aumento de la productividad que se tradujo en mejores niveles salariales.

Una discusión adecuada en torno a la flexibilidad laboral y el derecho a la protección social de los trabajadores pasa inevitablemente por cambiar el swicht ontológico de la ortodoxia liberal que todavía pretende resolver los problemas económicos bajo una mirada aséptica lo social. Si en los países escandinavos el desarrollo de la flexiseguridad ha obtenido frutos adecuados se debe considerar el aspecto consuetudinario de las sociedades del norte de Europa: la flexibilidad laboral es vista como el elemento propiciador de un mayor dinamismo en el mercado laboral y, por ende, en la productividad. No está asociada a la disminución de las garantías sociales de los trabajadores, aspecto que la derecha económica chilena no puede superar y que no está zanjado ni especifìcado en su Programa de Gobierno.