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martes, 14 de septiembre de 2010

La mirada de la Biopolítica para explicar el conflicto del Estado con el pueblo mapuche

La problemática mapuche está en boca de todos y es bueno que así sea. Debido a la fuerza que adquiere el espacio 2.0 como lugar de presión de la ciudadanía, la huelga de hambre que realizan 34 mapuches prisioneros en el sur ha sido abordada por el gobierno de Sebastián Piñera entre 2010-2014, quien ha propuesto el envío de un proyecto de Ley destinado a modificar las figuras penales de la Ley Antiterrorista, además de restringir la competencia de la Justicia Militar en el marco del conflicto.
Pero la decisión del Ejecutivo ha abierto otro debate que, de no solucionarse con la debida prontitud, podría tener un escabroso final, considerando las frágiles condiciones de salud de los comuneros después de más de 66 días sin ingerir alimentos.
¿Cómo podemos entender este último capítulo de la traumática relación entre el pueblo mapuche y el Estado? Un enfoque que nos permitiría reconocer los elementos en juego de estos momentos nos lo puede otorgar el concepto de Biopolítica propuesto en los años setenta por el filósofo francés Michel Foucault.
Y es que la inconclusa huelga de hambre de los 34 comuneros, a la cual se han sumado cuatro diputados de oposición, plantea una serie de hechos que pueden ser analizados a partir del enfoque biopolítico, que nos puede otorgar algunas conclusiones hacia el futuro en este tema y que aún no son tomadas en cuenta por la clase política, especialmente en los últimos veinte años.
De acuerdo a Foucault, el modelo biopolítico supone una constante preocupación del Estado moderno por la mantención de la vida en la población, mediante la intervención de una serie de tecnologías, saberes y poderes destinados a operar dentro de la sociedad con la finalidad de producir el control social. Dentro de este cuadro emerge el llamado “biopoder”, el cual consiste en la "explosión de técnicas diversas y numerosas para obtener el sometimiento de los cuerpos y el control de las poblaciones", como dice Foucault.
Bajo esta óptica, es comprensible la decisión del gobierno de escuchar la presión ciudadana para que se ocupara del drama de los 34 comuneros, a partir del cual ha surgido la idea de cambiar la Ley Antiterrorista de 1991. El que el Estado tome las riendas para tratar de evitar la muerte de los huelguistas constituye otro de los ejes de la Biopolítica: la soberanía. A partir de ella, el poder se caracteriza por el derecho de hacer morir y/ dejar vivir a las personas, con lo cual se transforma en un “biopoder”.
Lo importante es que el Estado debe partir del principio de neutralidad en lo que se refiere a la protección de la vida humana, por lo que, de no haber escuchado las demandas de la sociedad civil, el gobierno de derecha se habría quedado entrampado en la otra cara de la biopolítica: la tanatopolítica, donde el mismo Estado también puede ser el responsable de la muerte indirecta de las personas, si es que no toma decisiones para zanjar un problema tan delicado como éste.
Ello es lo que todavía no comprenden a cabalidad algunos congresistas del oficialismo que están condicionando la aprobación de los cambios legales a otros temas, sin darse cuenta de la oportunidad de cambiar un poco el actual cuadro de relaciones conflictivas entre el Estado y el pueblo mapuche, a partir de este hecho puntual como lo es la huelga de hambre.
La intervención del biopoder por parte del Estado chileno hacia el pueblo mapuche, a la vista de Foucault, históricamente se ha conformado sobre la base de una “genealogía del racismo”. Esta la podemos situar desde la pacificación de la Araucanía entre 1880 y 1884, donde el poder estatal intervinó directamente con una política de exterminio sobre los cuerpos de los mapuches y de su sistema de saberes (cultura). A partir de este hecho se entiende mejor el elemento disciplinador de la biopolítica del Estado hacia los mapuches: se ha privilegiado una visión de soberanía más coercitiva hacia algunas comunidades, las que son aplicadas junto con prácticas discursivas –como el pensador francés- que actualmente identifican al mapuche como un “subversivo”, “terrorista”, “indio violento y borracho” y/o “delincuente”. La disciplina estatal, sumada a este conjunto de saberes negativos en torno al pueblo mapuche, es lo que ha coadyuvado al actual tipo de situaciones, de la cual somos testigos.
Lamentablemente, el enfoque biopolítico realizado desde el poder del Estado se ha administrado de modo equivocado para enfrentar la mayor autonomía administrativa y cultural que exigen las comunidades. Estamos en presencia de lo que Foucault llama “las discontinuidades o rupturas” que se generan en toda sociedad, donde a menudo coexisten -y llegan a chocar- estrategias de control social y, por ende, estrategias de resistencia, como las que están realizando en estos momentos los 34 mapuches en prisión.
La acción de los huelguistas también ha provocado otra estrategia de resistencia, como aquélla de los congresistas oficialistas que condicionan la aprobación del proyecto de Ley anunciado por el gobierno a la inclusión de otros “prisioneros políticos”, como algunos militares involucrados en la violación de derechos humanos. La lógica de las compensaciones es atingente en este momento y no se condice con la urgente salida que se debe encontrar al problema de los comuneros en huelga, sobre todo por las implicancias que tendrá el final de esta situación para la comunidad mapuche y para el Estado chileno.
Otros exponentes de la filosofía política que sigue la obra foucaultiana, es el italiano Giorgio Agamben, quien enriquece el enfoque biopolítico a partir de la histórica división que advierte entre la vida privada de las personas y la exclusión de ésta por parte del espacio público-político. La historia nacional nos habla de la discriminación y marginalización del pueblo mapuche en la sociedad nacional; el mapuche no vive dentro de la comunidad nacional, sólo se le considera cuando viola lo establecido por la ley.
Detrás de esta lógica de exclusión, Agamben observa otro problema, que siempre ha estado presente en nuestro histórico conflicto con los pueblos originarios: la defensa de una forma de vida. Si algunas comunidades sostienen la lucha contra el Estado, las autoridades no deberían concentrarse en ver amenazada la soberanía de las leyes, sino que deben apuntar hacia la demanda más profunda que realizan los afectados: mantener una forma y un estilo de vida que es relativamente reconocido por el Estado.
“Una vida que no puede separarse de su forma es una vida que, en su modo de vivir, se juega el vivir mismo y a la que, en su vivir, le va sobre todo su modo de vivir”, afirma Agamben. El juego de palabras más que confundirnos, debería hacernos llegar a otro nivel de reflexión acerca del llamado conflicto mapuche, el cual es más un conflicto que proviene de las entrañas del Estado mismo y su antiguo enfoque biopolítico.

Precisamente, la Biopolítica se caracteriza por su dinamismo, es un constante campo de relaciones de poder cotidianos, de estrategias y choque en el sentido amplio de la palabra, que no incluye los clásicos ideologismos del siglo XX para estudiar un problema social.

martes, 31 de agosto de 2010

Breve genealogía del liberalismo económico que hegemoniza la sociedad chilena

Leyendo la recopilación de las célebres cátedras del filósofo francés, Michel Foucault, en el Collége de France, agrupadas en lo que más tarde se denominó “El Origen de la Biopolítica”, surge un concepto más o menos clarificador acerca del “régimen de verdad” que actualmente vive la sociedad chilena, a partir de la idea hegemónica del neoliberalismo que, en palabras de Foucault, no es más que un “anarcoliberalismo”.
Trabajando con sus propuestas investigativas de la genealogía del Poder, Foucault desmenuza la historia de las ideas político-económicas que dan vida al paradigma de la economía política de Adam Smith que se valió del liberalismo para desarrollarse. En este proceso, se identifica al padre F. Von Hayek como un intermediario entre el Ordoliberalismo y el neoliberalismo estadounidense que dio vida al anarcoliberalismo de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, de la cual han surgido toda la camada de discípulos chilenos que ya se encuentran en la cuarta generación, gracias a la creación de una serie de dispositivos institucionales, técnicos y de saberes que se reconocen en algunas universidades privadas y en ciertos Think Tank, como Libertad y Desarrollo, donde son más anarcoliberales que los mismos norteamericanos.
Para comprender a cabalidad los elementos del anarcoliberalismo, debemos detenernos en el concepto de Ordoliberalismo, surgido a mediados del siglo XX. Foucault lo identifica como la imbricación de “una política de sociedad y un intervencionismo social a la vez activo, múltiple, vigilante y omnipresente”. En otras palabras el Ordoliberalismo no sería más que la llamada economía social de mercado, cuyo objetivo no es compensar o anular los efectos negativos de la “libertad económica” en la sociedad, sino que apunta a un hecho más profundo: anular los impactos anticompetitivos que surjan en la sociedad.
El Ordoliberalismo no está pensado para contra restar la economía de mercado, sino que para impedir o, más bien dicho, mitigar los efectos sociales negativos generados por la falta de competencia. Esta última realidad la podemos apreciar cotidianamente en nuestro país, donde el mercado ha sido capturado por grandes conglomerados que tienden a disminuir la integración y participación de pequeñas empresas, tal como se aprecia en el sector del retail, supermercados, farmacias, Isapres, AFPs y bancos, entre otras áreas clave de la vida económica.
Durante los gobiernos de la Concertación se pudo apreciar un intento de avanzar en los grados de ordoliberalismo mediante la regulación de estos sectores, pero su resultado fue difuso o mínimo, por cuanto no se intervino en el problema de fondo que era intentar producir mayores grados de apertura en el estrecho mercado que tenemos, sino que se implementó una política de contención que todavía no puede anular los mecanismos anticompetitivos en la sociedad.
La creación del Tribunal de la Libre Competencia ha logrado dar ciertos pasos adelante, con algunos fallos puntuales que han impedido una mayor concentración de mercados en diferentes sectores, pero no se observa el desarrollo paralelo de una política destinada a integrar a los actores más pequeños y rezagados en los encadenamientos productivos y comerciales establecidos.
Al ser un hijo rebelde del ordoliberalismo, el anarcoliberalismo instaurado por Von Hayek y Friedman parte del supuesto que las leyes del Estado no deben desbordar los márgenes de la formalidad, el Estado debe ser ciego y solamente debe considerar a la economía como un juego en que, según Foucault “las reglas no son decisiones que alguien toma por los demás”. “La economía es un juego y la institución jurídica que la enmarca debe pensarse como regla del juego”, agrega.
Así, se comprende el mecánico discurso del empresariado respecto “al cambio en las reglas del juego”: Si un equipo grande destroza al otro en el campo del juego económico, el equipo más débil debe aceptar esta realidad, al momento de haber querido ser parte del juego mismo. Este es el raciocinio clave que nos abre el análisis de Foucault para entender la mentalidad del anarcoliberalismo en las empresas, cuyo discurso del cambio a las reglas del juego no significa más que hacer un apelo a continuar jugando en un orden legal que no cambie.
En consecuencia, la idea central del anarcoliberalismo es que dicho juego debe realizarse sin un árbitro, debe desarrollarse sin planificaciones y su resultado final debe partir del presupuesto de ser desconocido para todos los actores que deciden entrar en él.
Pero la pregunta que realmente la sociedad debe hacerse a sí misma y a los poderes del mercado es: ¿Se desea vivir en un modelo de continuos juegos, donde la principal regla del orden legal debe ser estática?; ¿Por qué el campo económico pide jugar con reglas estáticas, en circunstancias de que otras esferas de actividades en la sociedad no lo hacen así?
El problema del anarcoliberalismo es que nació cojo y sin ojos. Lo más cómico es que desde esta perspectiva de mundo se exige que el Estado deba ser ciego y operar solamente desde una formalidad jurídica estática hacia el mercado, cuando las demás instituciones de la sociedad (formales e informales) se continúan su desarrollo cada vez de modo más dinámico. La pierna de madera del anarcoliberalismo debería ser entonces la ciencia social y, para ello, es necesario que el padre ordoliberista retome la autoridad sobre el hijo rebelde.

jueves, 26 de agosto de 2010

Sobre cómo una parte del empresariado se auto flagela para eludir responsabilidades

Tortuosa y traumática sigue siendo la relación cultural del empresariado con la sociedad chilena. Las raíces de este permanente conflicto la encontramos en los años setenta, luego de la ruptura que significó para los empresarios el proceso de apropiación social que realizó el Estado a inicios de esa década. Las expropiaciones a los que fueron sometidos dejó un trauma psicosocial en el empresariado nacional, el cual no ha podido ser diluido ni siquiera por parte el actual modelo económico extremadamente favorable al sector.
Efectivamente, el hecho de ver vulnerado el derecho de propiedad en aquellos años ha generado un blindaje reaccionario en una gran parte de la comunidad empresarial, el cual estuvo aletargado en los años del laissez faire económico que se instaló en el país entre 1974 y 1990. Pero la asunción formal de la democracia en 1990 despertó con mayor fuerza la lógica defensiva del empresariado aunque, en la realidad, los siguientes veinte años hayan significado para ellos la consolidación del modelo de economía abierta al comercio exterior y, por lo tanto, un mejoramiento en el objetivo de las empresas: generar rentabilidad.
La cultura política del reflujo que se generó partir de 1973 afectó al empresariado y a las organizaciones sindicales en forma más explícita, siendo una de las causas del escaso desarrollo de nuevas relaciones laborales acordes como la de otros países. Paralelamente, el desarrollo de la sociedad civil, cristalizado en nuevas organizaciones de diversa índole, ha hecho perder la brújula del empresario, confundiendo muchas demandas reales de la ciudadanía como un ataque directo al derecho de propiedad con tintes políticos.
A ello se suma la tensa relación con el afán regulatorio que tomó el Estado en los años noventa, en comparación al relajo que hubo en los años ochenta en esta materia. Cada vez que se hablaba de reformas laborales o tributarias, las principales organizaciones empresariales agrupadas en la Confederación de la Producción y el Comercio han sacado la voz con un orden discursivo sintetizado en el eslogan: "se están cambiando las reglas del juego". Esta dinámica comunicacional se acopló perfectamente con la plataforma discursiva y la operatividad legislativa de la derecha que terminó distorsionando el espíritu que animó a proyectos de Ley de este tipo en los últimos veinte años.
El gran fruto que ha dado esta dependencia política, social y cultural del empresariado es la ideologización de la empresa que tiende a reducir como una amenaza a cualquier atisbo de cambio por parte de los demás actores estratégicos de la sociedad (Estado, sociedad civil, sindicatos, partidos políticos, etc.). La idea de que son constantemente atacados o puestos en cuestionamiento ha llevado al empresariado criollo a mantenerse detrás de una línea defensiva que lo lleva a profundizar sus errores en las relaciones cotidianas con la sociedad.
Ejemplo de ello son las últimas declaraciones de los empresarios frente a emergencias nacionales como las que hemos visto este año, primero con el terremoto y ahora con los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad.
Luego de que una decena de edificios colapsaran en sus estructuras por el terremoto de este año, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción señala que existen edificios que pueden perfectamente existir inclinados, comparando el caso de los departamentos con la torre de Pisa. Mientras, con la tragedia minera, los propietarios de la empresa señalan que probablemente no podrán pagar los sueldos de los mineros afectados.
Varios elementos se pueden rescatar de estos comportamientos. El primero apunta a una suerte de torpeza comunicativa que proviene de la frustración y la impotencia de que estar bajo el control social de otros estamentos. En términos de inteligencia emocional se diría que la falta de autodominio hace resaltar lo primero que se nos viene en mente, en vez de asumir responsabilidades.
De ahí que no sea extraño leer las disculpas públicas por los comentarios no deseados, pero dichos. Ahora, tenemos el otro extremo: aquellos empresarios que niegan toda culpabilidad y disculpas a la sociedad por sus malos manejos administrativos, lo que genera un mayor sentimiento de reactividad frente a las demandas de las otras partes sociales. Eso ocurre con los propietarios de la mina San José que después de dos semanas de aislamiento comunicacional aseveran que no es tiempo de pedir disculpas.
La casuística se repite se escarbamos en el tiempo. A inicio del año 2000 una huelga de trabajadores en la fábrica de bicicletas terminó con un trabajador muerto, frente a lo cual la empresa encontró la defensa del presidente de la época de Asimet, Pablo Bosch, quien defendió la obra de sus colegas, sin especificar las responsabilidades de éstas en el deceso del empleado.
Un caso similar se verificó en 1997, con la llamada crisis de la salmonela que hizo perder a los productores de huevos una importante cantidad de dinero, lo que encendió la furia del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien afirmó que no le interesaban las eventuales casos por enfermedad que podía producir la situación.
Durante la discusión del royalty a la minería, en el 2001, el gran empresariado agrupado en la CPC nuevamente cayó en la línea argumentativa de los "cambios a la regla del juego" y de la "desconfianza" al afán regulador y fiscalizador del Estado. Tanto así, que en aquél período el presidente de la CPC (de nuevo Ricardo Ariztía) encaró al entonces Presidente de la República, Ricardo Lagos, con la siguiente frase: "déjenos trabajar tranquilos".
El reciente proceso de relaciones entre el empresariado y la sociedad, de este modo, se nutre de recíprocas desconfianzas, lo que es peor en el caso empresarial puesto que la desconfianza se instaló en las profundidades de sus representaciones sociales. Ello tiene un paradójico efecto, ya que con estos dispositivos discursivos el gran empresariado contribuye a instalar un mal precedente para los pequeños y micro empresarios que se integran al mercado. Ello redunda en los bajos niveles de capital social existente en la economía chilena.
Este también es un factor explicativo del particular estancamiento de la Responsabilidad Social de Empresa (RSE) en Chile, comparado con los avances que han logrado en estos temas las compañías privadas en otros países. Lo que en otras partes es un modelo sistemático de gestión para innovar en las prácticas empresariales en el mediano y largo plazo, aquí es reducido a la figura de una filantropía difusa y de un marketing cortoplacista.
Si bien la cúpula empresarial intentó modificar su actitud de extrema defensa en lo que percibían siempre como un ataque hacia un empeño más colaborativo con las autoridades -que se cristalizó en las llamadas Agenda de Crecimiento-, lo cierto es que tales iniciativas parece que fueron partes de un paréntesis estratégico, toda vez que persisten las misma reacciones frente a problemas particulares con los demás actores sociales.
La estrategia defensiva reaccionaria (en su amplio sentido y no en su acepción política) no ha podido ser despejada en el empresariado, pese a la variada oferta de consultoras comunicacionales destinadas a superar situaciones críticas, manejo ante los Mass Media y otras asesorías.
Dentro de este tipo de estrategia, identificamos la táctica del victimismo que apunta a culpar a los demás por los problemas puntuales, desligándose de toda responsabilidad. Esto es lo que justamente hace la minera San José por estos días, al señalar que no tienen dinero para pagarle a los mismos mineros atrapados, debido a que no hay flujo de caja, con lo cual se busca que sea el mismo gobierno el que se haga cargo de la situación social.
Esta actitud en una parte del empresariado se sustenta en el principio de subsidiariedad del Estado, donde se persigue que el sector público se encargue de minimizas las externalidades negativas del negocio, mientras que las rentabilidades producidas se privatizan.
El famoso argumento del cambio en las reglas del juego no es compatible con la lógica de la acción pública y la deontología del Estado. Los gobiernos son elegidos justamente para cumplir la supuesta misión de corregir las inequidades e ineficiencias en la sociedad con el propósito de aumentar el bienestar de la población. Y esto es algo que aún no entiende una parte de nuestro empresariado: los procesos de desarrollo económico dinámicos implican un cambio de condiciones cada cierto tiempo.
Lo que realmente sucede es que este mismo segmento de empresarios piensa que se debe volver a la situación de laissez faire radical que se aplicó en los ochenta -con la menor cantidad de regulaciones posibles- o retornar a una situación más parecida ahora que la derecha administra el Estado.
Sin embargo, el desarrollo de la sociedad civil aún es asociado como un adversario dentro del sector. En los últimos diez años se aprecia un resurgimiento de la idea de comunidad por parte de las diferentes asociaciones civiles en diversos ámbitos, desde los consumidores, ambientalistas y animalistas, hasta las agrupaciones de economía solidaria y del comercio justo. La complejización de este panorama es lo que aún confunde a las empresas en su conjunto, pese a las excepciones de algunos empresarios más innovadores que han decidido el contacto metodológico con las comunidades.
La actitud de defensas erradas por parte del empresariado nace por este desconocimiento de lo que es la sociedad civil en estos momentos en el país. Dicha estrategia es tan extrema como aquél otro orden discursivo anti empresarial y anticapitalista: Ambos polos siguen estructuras discursivas similares en cuanto a la preeminencia de slogans y al desconocimiento radical de un tejido social diverso entre sí.
Es necesario superar etapas. Si la tautología del mercado avanza es justamente por la intercambio de acciones entre Estado, empresas, consumidores y sociedad. Para ello recomendamos la lectura del estudio "La cultura del empresariado moderno" -disponible en la biblioteca del Centro de Estudios Públicos (CEP)-, para comprender el por qué se generan estas confusiones y errores en la relación entre los empresarios y la sociedad.
En esta obra de Brigitte Berger, se plantea la idea central de que la cultura es el conductor y el empresariado es el catalizador. Parece que pocos empresarios se han embutido de este ensayo donde se sostienen otros elementos destacables, como el hecho de que la modernización no debe ser considerada mecánicamente como el producto del desarrollo económico, sino como el modo de conducta y pensamiento de la sociedad.
"Más aún, de este modo los individuos corrientes, en sus actividades cotidianas, en sus costumbres, prácticas e ideas, crean la base para que surjan otras instituciones claramente modernas que puedan mediar entre ellos y las grandes y distantes estructuras de la sociedad", explica acertadamente Berger.
Aquí también nos topamos con el hecho de que muchos empresarios se han acoplado ciegamente a la ortodoxia económica monetarista, que niega el componente social de la ciencia económica. Si el maestro es ciego, él y su discípulo caen en el hoyo, decía Jesucristo.
El argumento de que son las empresas las encargadas exclusivas de generar riqueza en la comunidad está equivocado, no toma en cuenta el enfoque cultural de las capacidades empresariales que nos habla de un crecimiento económico que se desarrolla desde abajo, a partir del esfuerzo de los individuos para alcanzar metas (sin el contenido ideológico-político que ha manipulado la izquierda radical con la categoría de los trabajadores).

Si llegarán a surgir nuevas perspectivas en el segmento del empresariado más refractario a los últimos cambios de la sociedad -como aceptar la perspectiva sociológica de las comunidades son un tejido de significados compartidos y no una simple segmentación socioeconómica estructurada en función del consumo- podríamos dejar de ver, leer y/o escuchar declaraciones empresariales erradas y no atingentes a las necesidades de la sociedad actual.

domingo, 15 de agosto de 2010

Variaciones en el discurso de la delincuencia intensificará dispositivos de disciplinamiento social

Bastante amplio es el concepto de disciplinamiento social. Algunos autores lo plantean como un factor del desarrollo histórico, mientras que otros desgranan este concepto en clasificaciones y especificaciones particulares, asociándolo con el accionar de diferentes dispositivos que operan a la hora de establecer y distribuir el Poder del Estado y de los grupos dominantes en la sociedad. Las raíces modernas del concepto las encontramos en los albores de la modernidad, especialmente a partir de la obra "El Leviatán" de Thomas Hobbes, donde se plantea la modena necesidad de domesticar los instintos.
El control del estado de naturaleza (el hombre, lobo del hombre) significa la sujeción de las voluntades individuales -y de sus cuerpos- a costa de objetivos más generales, cuyo sistema de decisiones se definen desde la cúpula del Estado, el portador de la razón instrumental que permitió sentar las bases para el desarrollo de las civilizaciones occidentales-industriales. De Kant a Hegel el paso es corto, por lo que el post estructuralismo de Foucault reconoce en la razón hegeliana, y su espíritu de modernidad, el lugar donde el cual se esconden los dispositivos del disciplinamiento social.
Esta es una ley perenne en las relaciones político-sociales y que sólo ha cambiado de disfraz, bajo diversos calificativos (dictadura del proletariado, contrato social, Estado burocrático, Estado liberal-democrático, Estado de bienestar, regímenes de seguridad nacional, revolución bolivariana, gobierno de la Sharia, etc.), pero que nunca han desechado la tentadora idea del dominio mediante diferentes subterfugios verbales como: "desarrollar la identidad nacional"; "luchando, creando, poder popular"; "restaurar el orden conservador"; "cumplir los valores revolucionarios"; "crear poder popular"; "avanzar en el crecimiento económico", "llegar a ser un país desarrollado" y otros slogans.
Es bajo esta lógica que podemos comprender el direccionamiento del Poder en los procesos de cambio social y en los experimentos económicos y socio-políticos. Desde 1973, la idea del disciplinamiento social en Chile ha cambiado de matriz: La instauración por la fuerza de un modelo económico que, paralelamente, impidió la organización manifiesta de voces disidentes.
Algunos sociólogos clasifican este período bajo la categoría de los dispositivos del Terror y de mercantilización (Moulian 1996); dispositivos en dictadura y post dictadura (Guerrero 2004), mientras que otras obras nos hablan del disciplinamiento social entendido bajo las figuras de la capacitación laboral juvenil, los bajos salarios de la economía local y la informalidad del trabajo sumergido.
Lo cierto es que esta fragmentación del disciplinamiento social va de la mano con la multiplicidad de formas de producir conocimiento, en una dinámica de permanente irrupción, interrelación y superación de saberes destinados al control de los individuos. La forma de producción por excelencia son los dispositivos discursivos que inyectan vida al concepto del disciplinamiento social y, en ese sentido, nos concentraremos en el dispositivo de la delincuencia como otra expresión tendiente a disciplinar las subjetividades de la población.
Como es sabido, el concepto de seguridad ciudadana reemplazó al de la seguridad nacional al de seguridad interior del Estado, llevado a cabo por el régimen militar y la derecha civil, reduciendo el término al objeto de la delincuencia como una de las grandes sombras generadas por la apertura democrática y al desempleo. La instalación del discurso que masifica la delincuencia de un año a otro (1989-1990) responde a un proceso de construcción estratégica de carácter mediático que fue realizada por tres actores claves: Medios de Comunicación convencionales, partidos políticos de derecha e instituciones civiles como Paz Ciudadana, Libertad y Desarrollo y Adimark, entre otros think tank.
El principal fruto de esta dinámica se reflejó en la percepción ciudadana en torno a concepto construido de la victimización. De hecho, durante veinte años nos hemos acostumbrado a leer titulares que hablan del aumento de la delincuencia desde el punto de vista de las subjetividades (percepciones), en vez de hechos concretos (número de delitos realizados efectivamente). La confusión al respecto ha permitido que el concepto de seguridad ciudadana y -posteriormente- llamado seguridad pública, se relacione con la protección del derecho de propiedad, tanto de los propios cuerpos como de los bienes materiales individuales y/o familiares, desplazando a otros elementos tan importantes como el acceso a bienes y servicios públicos, que también forman parte de este tipo de seguridad civil.
En este sentido, una vez instalado un gobierno de derecha en la administración del Estado se ha dado vida a otro proceso: La disminución de las cifras de delincuencia por arte de magia en menos de seis meses. Según los datos de la misma Paz Ciudadana con Adimark, el temor de la población en torno al objeto de la delincuencia bajó de 17% a 13% en el último año, mientras que el índice de victimización también bajó en un punto. Como se observa, se sigue aplicando esta lógica, podremos suponer futuras disminuciones en el tratamiento del fenómeno de la delincuencia, lo cual presenta una serie de potenciales modificaciones en la construcción y direccionamiento de este dispositivo discursivo de disciplinamiento social. La primera es la posible extrapolación de la figura del delincuente hacia otros actores de la sociedad como es la incipiente presencia de grupos de inmigrantes, un segmento de las comunidades mapuches y otros grupos sociales organizados que no se sienten identificados con el modelo global de administración del país. Si bien esta opción ha sido llevada a cabo por el Estado concertacionista, la actual administración está aumentando la extrapolación de la figura del delincuente, como se aprecia en los allanamientos a los centros okupas y en interminable conflicto de algunas comunidades mapuches con el Estado.
Ya hemos sido testigos en los últimos años de las distorsiones semánticas construidas para deslegitimar y estigmatizar a ciertas categorías en relación al discurso de la seguridad ciudadana y la delincuencia. La evolución del término sociocultural del "flaite" es un ejemplo de ello. Si a inicios de los noventa esta palabra aludía más bien a la picardía y la astucia informal del personaje popular, a fines de la misma década, el mismo objeto ha cambiado su contenido semántico a favor de la figura del delincuente, y antisocial. Es así como podemos entender la campaña informal "pitéate un flaite".

Probablemente, los mecanismos de disciplinamiento social en torno a la delincuencia cambiarán de intensidad en los próximos cuatro años, tal como sucedió en la transición del gobierno militar al sistema democrático-formalista de los noventa. El punto de ruptura ocurrido con el traspaso del Poder Ejecutivo a la derecha ha dejado, de todos modos, una serie de complejidades que no se han previsto como la incidencia del discurso de seguridad ciudadana en la disminución del capital social en el país puesto que los dispositivos discursivos en torno a la delincuencia han afectado las relaciones cotidianas de confianza entre las personas.

miércoles, 4 de agosto de 2010

La sociología de la familia como salida práctica y objetiva al debate de los matrimonios gays

Pocos temas son tan complejos en estos tiempos como el matrimonio entre personas del mismo sexo. El debate en torno al tema parece ser simple, pero va más allá de la óptica religiosa-institucional que pretende hegemonizarlo bajo la dualidad apoyo/rechazo. Nosotros, por lo menos, nos dedicaremos a mencionar algunos elementos de la discusión.
Podemos comenzar con la siguiente premisa: En Chile, efectivamente, se tiende a dejar de lado lo que se conoce como sociología de la familia, enterrándola bajo una pauta macro moralista y normativa-jurídica. Lo cierto es que la familia, del punto de vista sociológico, es una de las instancias primarias de socialización e integración de los individuos en comunidades, primero, y en sociedades, después. Las transformaciones sociales y culturales han fragmentado el mapa de las comunidades y, por ello es que actualmente existe un cierto consenso en clasificar los tipos de hogares en unipersonales, matrimonios sin hijos, familias monoparentales, parejas de hecho y, últimamente, hogares homosexuales.
Lo que la sociología tiende a denominar como “desinstitucionalización de la familia” no se refiere a la óptica valórica ni política, sino que es un registro clasificatorio de las dinámicas que se generan al interior de los grupos y comunidades, debido a cambios en los procesos económicos, sociales y culturales, especialmente respecto al desarrollo de las identidades. No es que la familia conocida en términos tradicionales se esté destruyendo, sino que han emergido nuevas expresiones existentes hace siglos, pero que ahora han encontrado los espacios para manifestarse como identidad.
Algunas corrientes de la disciplina coinciden que el abandono del concepto tradicional no viene promovido por los nuevos modelos de familia, sino que se ha generado debido a que el Estado y sus concepciones jurídicas han evolucionado a contenidos legales más inclusivos. Tanto así, que la familia actualmente está siendo definida como “matrimonio, parentesco o convivencia que constituyan núcleos estables de vida en común”. Al menos así se sintetizan los armados normativos en los países que han reconocido legalmente las uniones del mismo sexo.
Este cambio, según la sociología moderna, está asociado a la larga transición de la familia como una unidad de producción hacia una unidad de consumo. Ello ha generado nuevas definiciones de las cuales el derecho ha debido hacerse cargo.
Los nuevos ordenamientos obedecen a realidades innegables que se manifiestan al interior del cuerpo social y aquí entra la lógica del derecho, en cuanto al reconocimiento de estas formaciones y su acceso a los servicios, garantías y beneficios que debe otorgar el Estado. La concepción jurídica moderna es que, cada vez que el Estado impone obligaciones o dispensa beneficios, no puede “negarlos a otra persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales”. Más allá de los juicios de valor que cada uno de nosotros pueda ejercer, la verdad es que el desarrollo del derecho, objetivizado y construido, presenta un carácter más inclusivo en lo que se refiere a la protección de las leyes a los individuos y grupos determinados. Así ha sido en los últimos 231 años y eso no da espacio a las subjetividades que pretenden negar esta dinámica de la esfera jurídica.
Bajo el prisma legal, el matrimonio es una cuestión de contratos privados entre los individuos (hombre y mujer) que se casan, o sea son negociaciones consensuadas como las mismas que se controlan en las demás interacciones de una sociedad formalmente libre. Es deber de la esfera jurídica definir si las normas se podrían ser más elásticas frente a estas nuevas clasificaciones en la familia o si se avanza hacia una des judicialización en la materia.
Lamentablemente en Chile -como en las demás sociedades que tienen una matriz sociocultural latina y, por ende, determinada por el imaginario católico-romano-, la discusión en torno a las uniones por derecho entre homosexuales es encasillada y reducida bajo los veredictos de la pauta religiosa-moralista que, a la postre, termina siendo asimilada por ambas partes (pro y contra de este tipo de unión y/o matrimonio), confundiendo la temática con la fe personal de cada uno de nosotros, cuando de lo que verdaderamente se habla es de la disputa por espacios de poder entre una esfera pública laicista y un sistema religioso institucionalizado.
Un ejemplo de ello se manifiesta en el escenario nacional, luego del mediatizado evento de los matrimonios gay en Argentina con el consiguiente coletazo en nuestra sociedad. Después de que los congresistas de la Concertación hubiesen propuesto un proyecto de Ley sobre el tema, el presidente del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, señala que los opositores a tal iniciativa “legislan con la Biblia en el velador”.
El punto es que los dardos recíprocos entre los actores más subjetivizados para discutir el problema, insisten en separarlo del objeto de estudio de la sociología de la familia, ideologizándolo desde el punto de vista político. Ello no trae más que una esterilidad en el tiempo para enfrentar este vacío legal, pues hablamos de uniones de hecho que no tienen resguardos legales, como las asignaciones de bienes en caso de separación o las pensiones de viudez y previsionales, por ejemplo. Esto también afecta a las parejas heterosexuales que han decidido no formalizar un contrato privado ante el Estado. El punto del debate que se obvia, entonces, debería girar en torno a la capacidad del sistema de protección social (welfare) de entregar sus servicios a toda la ciudadanía, como parte del progreso que se entiende racional en las sociedades.
Compliquemos un poco más el asunto: Una arista del debate es la diferencia entre unión de hecho y matrimonio. ¿Es posible que el concepto de registro de unión de hecho entre dos hombres pueda contener, o aproximarse, a las normas que dan vida al concepto jurídico del régimen matrimonial? Si así fuera, toda la discusión semántica entre unión de hecho y matrimonio, ¿acaso no se pulverizaría?
Parece también que todo el debate, propio de nuestra cultura occidental, está más contaminado por el sistema de pensamiento griego, donde se muestra el principio de la Ley Universal de la filosofía estoica y de los silogismos clásicos de causa-efecto. En este sentido, no es extraño encontrar líneas argumentativas contra la unión legal entre homosexuales que pretenden establecer nexos directos entre el matrimonio gay y los niveles de abusos sexuales o de pedofilia (este tipo de argumentos realmente se han dado). Tampoco escapan a estos moldes lógicos las líneas de defensa de las uniones del mismo sexo, puesto que frecuentemente caen en el argumento de generalizar todo reparo al fenómeno como una “actitud” religiosa, confundiendo ésta última con el verdadero sentido de la Fe, del cual nos habla la Biblia y que se sintetiza en la inmensurabilidad de ésta entre los hombres, puesto que es una relación personal entre Dios y cada persona. En cierto sentido, los siglos en que se han construido los dispositivos discursivos de la doctrina católica han terminado por afectar los patrones de raciocinio de sus detractores también. ¿Por qué? Básicamente porque la discusión valórica en torno a la unión legal gay tiende a poner en un mismo saco al contenido de la Biblia con la doctrina creada por el catolicismo en los últimos 1.685 años. Efectivamente, estas Escrituras se han prestado a múltiples exégesis justificatorias de un dominio “temporal” y concreto sobre el cuerpo social, en circunstancias de que el contenido del mensaje bíblico se inclina más al ámbito individual; de cada uno de nosotros en relación con Dios, sin intermediarios humanos. Puestas así las cosas, la opción sexual de las personas se inscribe dentro del libre albedrío; cada quien elige el camino explicado abundantemente en las Escrituras y cada uno dará cuenta de ello ante un solo Juez, que ciertamente no es humano. De ello se desliga el pilar de la predicación del Evangelio para los creyentes de este mensaje: una exhortación al arrepentimiento, pero no de modo coercitivo. Es el entramado religioso-institucional el que ha obligado a la sumisión del mensaje, primero a nivel físico y después al sicológico; cuando-en realidad- éste se toma o se deja, así de simple.
Esto, por supuesto, está dicho para la óptica de los creyentes. Los agnósticos y autodenominados ateos, en todo su derecho optativo, que discrepen o consideren absurdas estas afirmaciones, dilucídenlas de una forma: lean el registro escrito de la Biblia y confróntenlas con estos dos puntos de vista dicotómicos a los cuales hemos hecho mención (una exégesis religiosa-institucional y otra personal-espiritual).
Si esta idea es demasiado rupturista con la ontología de cada uno de nosotros, la perspectiva jurídica ha creado espacios de distensión como la “objeción de conciencia”, para las personas que valóricamente, o por creencias, no compartan la idea del matrimonio gay. Así sucede en España, donde este concepto legal suele ser admitido, siempre y cuando no vaya contra el orden público. Y es que si la objeción de conciencia ha marchado históricamente con la libertad de credo, efectivamente también podría hacerlo con la orientación sexual.

Lo recomendable, por cierto, es dejar de lado los elementos teológicos, filosóficos y axiológicos en torno a este debate y considerarlo más desde el punto la perspectiva del desarrollo de la sociología de la familia y los cambios que se han dado en los últimos decenios, relacionándolos con el principio jurídico de inclusión de derechos, en el sentido de las garantías que deben gozar todos los ciudadanos presentes en un Estado. El intento de cambiar el switch en el contenido del debate podría efectivamente darnos orientaciones más claras que nos alejarían de la perenne excusa de “no estar preparados para el tema como sociedad”.

sábado, 31 de julio de 2010

El nostálgico "nuevo" modo de gobernar en la derecha post moderna

Todavía persiste un vacío de poder no menor en la administración pública luego de la instalación del gobierno de derecha hace más de cuatro meses. Las jefaturas regionales de servicios como el Sence, Sernatur, Seremis, Gobiernos Regionales y, especialmente, los Servicios de Salud, entre otros aún buscan jefaturas. Se dice que la gran vacante de cargos públicos responde, en parte, al desinterés de este sector por desenvolverse en la cosa pública, debido a los convencionalismos socio-culturales que imperan en sus ambientes cotidianos.
Pero el nudo gordiano es que, realmente, en el denominado “gobierno de los mejores” no existe la convicción, ni la intención de salir de la burbuja del sector privado para emigrar a las labores estatales, cuyas remuneraciones son comparativamente más bajas. Además, la misma concepción de solidaridad y cooperación que supone el trabajo de servicio público sólo se encuentra en la tinta del Programa de Gobierno, pues en el ADN de la derecha chilena conviven sin problemas elementos como el individualismo, el clasismo endógeno de tintes racistas, el integrismo religioso-conservador y un autoritarismo vinculado a la idea nostálgica de la hacienda. Este crisol ontológico está permeado por la entronización de las soluciones de mercado a las problemáticas de gestión pública en lo social.
Dicho antecedente primigenio nos permite apreciar de mejor forma lo que actualmente sucede en los cargos públicos, cuando éstos llegan a ocuparse a nivel nacional. Hasta el momento, la tendencia de las nuevas autoridades ha sido generar polémica por los comentarios de carácter sociocultural, como los célebres casos de la Junji, donde su vicedirectora, Ximena Ossandón, recalcaba la instalación de una “virgencita” afuera de la sede institucional, sin preguntar a los funcionarios si compartían o no la opción personal y religiosa-militante de la nueva autoridad, además de fustigar el supuesto caso de madres que iban a la playa, mientras dejan sus hijos en las salas parvularias, con la idea de justificar la reducción de recursos frente a estas “ineficiencias”.
Lo cierto es que las visiones integristas de corte católico son uno de los elementos constituyentes de la construcción social y cultural de la derecha, que anteriormente se conocía como el “buen tono”, “gente de bien”, “gente como uno” y que ahora se podría extrapolar a esta idea de rescate de la tradición que se está empoderando de las esferas estatales. Esta visión de mundo, por parte de una comunidad que históricamente se ha formado mediante el aislamiento y una autor referencia de tipo endógeno, actualmente queda más al descubierto, debido a la mayor “democratización” experimentada en la convivencia social chilena, luego de las transformaciones sistémicas ocurridas en los años noventa y que se expresa en varios niveles, desde la fragmentación y diversificación identitaria en el contexto del dinamismo impuesto por una economía de mercado.
El hecho de estar más sometida al escrutinio de otros grupos sociales, en este nuevo mapa de identidades, expone a las conductas sociales y culturales de la derecha tradicional a los límites del ridículo. El caso de Fonasa es otro botón de oro en este sentido: Al momento de asumir, su nuevo director, Mikel Uriarte, increpó a los funcionarios por no llegar con corbata al trabajo. Luego de que sus asesores moderarán el afán ordenador de su jefe, se acordó distender el ambiente laboral. Pero Uriarte salió con una nueva joya…”sería bueno que nos relajáramos y conociéramos…¿alguien hace algún deporte?, ¿quién juega al golf? Inmediatamente, los funcionarios se miraron entre sí, pensando en que el nuevo director nacional estaba bromeando. Sin embargo, Uriarte era sincero, acostumbrado a un determinado ambiente cotidiano que refleja la coexistencia de dos macro visiones o relatos aún presentes en la identidad nacional. Uno que se reconoce aún en las llamadas clases altas, donde aún se cree en las distinciones hechas por autores decimonónicos como Orrego Luco o Alberto Edwards, que atribuían una superioridad espiritual a esta posición social, sobre la base de la “sangre, el apellido y la familia”.
La ministra de Vivienda, Matte, también aportó lo suyo al afirmar que ella y su familia “pertenecemos a la derecha austera, que no viaja en helicóptero”, con lo cual separó las aguas entre ésta autoproclamada derecha, “de cuna”, moldeada por la tradición y la otra derecha emergente de nuevos ricos. Seguramente, la derecha criolla ignora que este menosprecio por los “nuevos ricos” calza a la perfección con la tesis planteada por Marx, en el sentido de que una clase social se determina por su ideología y no por su magnitud monetaria. Y así justamente bajo este parámetro vive la derecha social en Chile.
La auto designada “distinción de las clases elevadas” alcanza ribetes endógenos tan altos que las personas que viven en función de estos ambientes no se dan cuenta de lo que ocurre más allá de los muros que han levantado. Era el año 2003, cuando el Instituto Libertad y Desarrollo cumplió 15 años de vida, celebrándolos en Casapiedra, con un seminario al cual fueron invitados tres investigadores de un Think Tank liberal de China. Luego de las exposiciones llegó el cóctel de cierre y nadie de los anfitriones “pescó” a los invitados de China que se miraron las caras durante todo el cóctel, viendo cómo la gente de LyD, y de la UDI, conversaban alegremente. O sea, hablamos de un ambiente social construido de forma monolítica, donde la educación y buenos modales en la derecha sólo son funcionales en sus grupos de referencia primarios. Algo similar es lo que ahora está ocurriendo en el Estado y en los ambientes de las reparticiones públicas, donde la separación de las aguas sociales se ensanchó notablemente respecto a los anteriores gobiernos.
Siempre que se aborda este tema, surgen las contra respuestas del “resentimiento social”, pero este no es el punto. Si los individuos y grupos sociales construyen una serie de representaciones sociales que auto expliquen sus biografías y roles en una sociedad, es algo legítimo, siempre y cuando sea desarrollado en una esfera privada o, al máximo, comunitaria. El problema es pretender que estas construcciones –representadas en la tradición unilateral, el autoritarismo de corte clasista y racista y el integralismo religioso-conservador- se extiendan a la esfera pública, afectando los intereses de otros grupos o comunidades presentes en la sociedad chilena que no comparten estos valores y visiones de mundo de la derecha.
En su libro “El Sueño Chileno”, el sociólogo Eugenio Tironi, entrega una noción general para comprender el mapa de las identidades, la cual “es una suma de historias, relatos y discursos que se tejen para darle cuerpo a la comunidad nacional, con descripciones que se construyen a partir de las demandas y las perspectivas de sus miembros. A partir de esas historias los individuos pueden reconocerse como pertenecientes a un colectivo, y al mismo tiempo, pueden contextualizar y ordenar sus propias biografías personales”.
Una lectura neutra como estas ofrece una coordenada básica para comprender las “salidas” de la directora nacional de la Junji y el director de Fonasa. Ambos personeros simplemente estaban contextualizando al nivel institucional sus experiencias personales, pertenecientes a una comunidad con sus propias construcciones. Ello no es un problema en el sentido del libre albedrío que en teoría goza cada ciudadano. Como acabamos de señalar, el conflicto es la intención de extenderlo a otros grupos sociales que no comparten esta visión de mundo ni ideología, esta última entendida como un cuerpo de ideas valores y creencias.
Y aquí entra al campo el aspecto social y político de poder como una relación estratégica (M. Foucault, 1975). Bajo esta propuesta, el hablar de una reinstalación del núcleo cultural duro de la derecha en el sector público no nos puede descolocar, si sabemos que detrás de esta cultura se esconde un poder que esconde una red de relaciones, jerarquizada y coordinada de estos códigos cotidianos en los cuales estos personajes se desenvolvían antes de asumir cargos gubernamentales.
Debemos entender estas lógicas de Poder desde la perspectiva teórica que entiende al Poder como una concepción jurídica -como dice Foucault-, o sea un derecho que se posee como un “bien”, “una virtud” que se transfiere, a través de instancias normativas formales e informales. Esta es la tensión socio-cultural de la derecha chilena: Avasallar con los esquemas que se no adecuen a sus construcciones del mundo, a través de diferentes grados de autoritarismo y otras imposiciones cotidianas (como el caso de la obligatoriedad de corbatas en Fonasa o la instalación de una estatua de la virgen).
Aunque sea simplista, la verdad es que estamos en presencia de un núcleo duro e indeleble en la identidad de la derecha chilena que se reinserta en el aparato público después de veinte años. Ahora, el desafío es ver de qué forma este mundo hacendado se acopla con las transformaciones socio-culturales instaladas en el Estado y la sociedad en su conjunto. Desde ya, apreciamos que no será un proceso fácil para esta expresión de la derecha acostumbrada a los salones de familia que se resisten a los procesos de meritocracia y movilidad social que impulsa la lógica del mercado abierto. Tampoco será fácil para los mismos funcionarios del sector público, quienes deben adaptarse a las normas de productividad y carga laboral importadas desde el sector privado.
Precisamente, segmento de nuevas autoridades del actual gobierno, nostálgicas por los estilos de vida del Chile pre-capitalista y “austero” de hace 40 años, son las que deben adaptarse a las nuevas formaciones socio-cívicas en la esfera pública y ciudadana. La tensión también opera en ellos, pues deben salir de la burbuja privada en la que estuvieron desde 1990 y bajar al centro de la ciudad, a las llamadas ocho cuadras del Poder. Este simbolismo de bajar de los contrafuertes cordilleranos al centro de la polis nos explica en parte el porqué de los puestos vacantes en la administración pública. En otras palabras, existe una readecuación en las relaciones de poder que aún no está finalizada al interior del Estado.
Pero, más allá de estas “externalidades de clase” que insisten en manifestarse, lo cierto es que la derecha post moderna también ha facilitado este ascenso suyo al Estado, a partir del pragmatismo inherente al modelo socio-mediático que han levantado sus Mass Media convencionales. No por nada, la UDI siempre criticó a “la derecha de salón” por no salir a las poblaciones a trabajar en terreno con el objetivo primordial de reforzar la idea de que el mercado (que ellos controlan) es el óptimo social para solucionar los problemas del país. El punto es que esta minoría entrenada para relacionarse con el mundo popular no comprende el libre ejercicio de la libertad a nivel cotidiano. Siempre encontrarán excusas para tensionar las relaciones con los demás grupos con los cuales interactúan, ya sea con el autoritarismo político, el clasismo y el integralismo religioso en los lugares de trabajo.

El problema nace con y en ellos y debería ponerse un punto final por parte de ellos mismos en lo que respecta a sus construcciones socio-culturales. O, a lo mejor, sería conveniente una lobotomía identitaria.

jueves, 1 de julio de 2010

Las razones por las cuales los padrinos hollywoodenses de la Mafia italiana dejaron de existir

La principal característica de esta economía canalla contemporánea es la pérdida del control de la esfera política respecto al mercado, dejando zonas oscuras o vacíos de poder que permiten el crecimiento de formaciones económicas al margen del ordenamiento jurídico y de la ética, con la cual se genera una cultura de la tolerancia por parte del cuerpo social hacia este tipo de prácticas que son legimitimizadas en las prácticas cotidianas.
Demos el puntapié oficial con las cifras. De acuerdo al último informe anual del Instituto Europeo de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Eurispes), la principal empresa de Italia es la Mafia que, durante 2009, facturó 130 mil millones de euros, o sea el 10,3% del monstruoso PIB italiano. Esta cifra representa, más o menos, toda la riqueza generada por la economía chilena en un ano, con lo cual podríamos decir que la mafia italiana sería la quinta economía más grande de Sudamérica.
Entre las cuatro principales organizaciones del sur que logran facturar esta cifra se cuentan la famosa Cosa Nostra (Sicilia); Ndrangheta (Calabria); Sacra Croce Unita (Puglia) y la Camorra (Campania). Esta última –popularmente conocida como la Camorra napoletana- es la más potente de las organizaciones criminales de Italia y Europa.
La Mafia es la principal empresa italiana, caiga mal a quien caiga. Para darnos cuenta de esta realidad, veamos el ranking de los principales resultados de los balances de empresas en ese país: la empresa ENI (petróleo, gas y energía) facturó 108 mil millones de euros en el 2008; ENEL (Electricidad) 59 mil millones, y la FIAT (Automotriz) con 59,3 mil millones de euros.
El eje central que nos permite comprender la función de la Mafia en la sociedad italiana es considerarla como una organización de Poder cuya principal garantía de existencia proviene de las alianzas y colaboraciones con funcionarios del Estado y la clase política local. Esta es la viga maestra que permite la reproducción de sus actividades ilegales y el consiguiente apoyo que obtienen en considerables segmentos de las poblaciones del sur de la península. En otras palabras, un análisis moderno de la influencia cultural de la Mafia en Italia debe considerar este término como un modo de organizar actividades ilícitas a partir de redes de Poder, producto de la imbricación con el Estado.
De este modo, son recurrentes los casos en los cuales se descubren relaciones entre el sector público y las cuatro organizaciones mafiosas mediante el acaparamiento de fondos públicos, particularmente en el sector inmobiliario. Las organizaciones criminales en Italia no habrían llegado a este grado de expansión y desarrollo si no fuera por la conformación del moderno Estado de la Post guerra. Hablando de poderes fácticos, desde 1948 se reconocen tres actores estratégicos que han determinado el perfil de la sociedad italiana hasta ahora: Estados Unidos, Vaticano y Mafia. Durante 40 años esta tríada logró construir una sólida imbricación con la finalidad de estar en la primera línea en la lucha contra el comunismo en el contexto de la guerra fría. Sin embargo, la larga influencia del crimen organizado perdura hasta la actualidad desde la esfera estatal, pasando por el sistema financiero, hasta las actividades microeconómicas.
En este sentido, las licitaciones públicas para la construcción de infraestructura en obras públicas y vivienda sufren de la llamada infiltración mafiosa, mientras que en el sur de la península se estiman en 600 los Municipios cuyos consejos comunales sufren este fenómeno.
De acuerdo a más de un autor, las causas de esta infiltración sistémica responden a la fragilidad de las instituciones públicas, producto de un persistente anacronismo de tipo familiar. No por nada, desde el resurgimiento italiano en 1870, cerca de cincuenta familias se han dado el lujo de distribuirse el poder en este país en el ámbito económico y político. Esta sólida base política y cultural ha permitido una acumulación de capital a lo largo de los años que prácticamente hace imposible la disolución de las actividades de la Mafia en las dinámicas económicas, extendiéndose a Europa, Estados Unidos y Canadá, debido a las condiciones objetivas puestas por la globalización. Actualmente, otros importantes sectores de inversión mafiosa son el turismo, el deporte, la alta moda, en los cuales surgen nuevas oportunidades para seguir expandiéndose a otras áreas, como la distribución de frutas y hortalizas y el café.
Y es que el reciclaje de dineros provenientes de las actividades mafiosas a empresas normales supone un joiny venture o una asociación estratégica entre los empresarios con las criminalidades, por lo que hablamos de un nuevo socio que incorpora su cultura cotidiana a la empresa, siendo posteriormente difícil de marginar. Ello explica el aumento de estafas, chantajes, cobro de cuotas ilegales y extorsiones. La presencia territorial mafiosa está arraigada desde un punto de vista económico, sociológico y antropológico en el sur de Italia. Como ejemplo podemos mencionar los muros de la ciudades de Sicilia, donde se expresa “mejor la Mafia que el Estado”, la negativa de los apoderados de una escuela de Catania a que sus hijos participen en una obra de teatro contra el crimen organizado. En síntesis, hablamos de poblaciones que han optado por el miedo en vez de la denuncia o. en algunos casos, al apoyo directo a las actividades criminales que aprecian como más positivas respecto a la inercia del Estado en estos verdaderos territorios ocupados.
Lo cierto es que una parte de la sociedad meridional italiana ha perdido el sentido cívico frente a la cotidianidad de la economía controlada por las organizaciones criminales. Uno de los motivos principales que explicarían esta conducta social es la transformación de la Mafia, del arquetipo gansteril a empresarios, negociantes, gremialistas, etc. Ello responde al aumento de la cultura de la corrupción sumergida que llegó de la mano de Silvio Berlusconi. Efectivamente, desde la muerte de los jueces Falconi y Borsellino a comienzos de los noventa, la lucha contra el crimen organizado en Italia ha tomado otro matiz: El mediático, en el cual esporádicamente Policía y Militares logran capturar a jefes de alto rango, pero cuando se inician las investigaciones judiciales que develan las vinculaciones con el Poder político y económico, de inmediato el mismo Berlusconi es el primero en hablar contra el Poder Judicial, acusando a los magistrados de “comunistas” o “inútiles”.
En su documental “Italia, Maliitalia. Historia de Mafiosos, Héroes y Cazadores”, dos periodistas francesas, señalan que cerca del 27% de los jóvenes en Calabria ejercen trabajos en espacios económicos de la Mafia, sean legales o ilícitos, mientras que Sicilia y Campania, el fenómeno abarca el 10% de este grupo etario. Las profesionales hablan en este caso, de una “burguesía mafiosa”. “En el sur la burguesía ha perdido su tradicional ascendencia en la sociedad, su posición de líder de opinión. Hoy lo que cuenta es el dinero, el negocio. Negocio que sólo puede ser poseído a través de la economía mafiosa.
El problema que acarrea esta dinámica es que la lucha por parte del Estado sufre una inversión de roles en la percepción de la población. Así, las jefaturas de policía que combaten a la mafia en los territorios del sur, en la mayoría de los casos deben vivir años, y hasta décadas, bajo escolta armada, en lugares secretos, con lo cual se convierten en subversivos, viviendo en la clandestinidad para que no peligren sus vidas, ni la de sus familiares. Lo mismo ocurre para quienes combaten las actividades de la economía criminal desde la sociedad civil que en algunas ocasiones sufren el aislamiento por parte de los demás conciudadanos, por haber transgredido el código de silencio de la “omertà”.

Tal como coinciden los diagnósticos el sur italiano es el primer y tercer capítulo de la Divina Comedia de Dante: el Infierno y el Paraíso. Está poblado por personas honestas, trabajadoras y la otra cara de la moneda, representada en cómplices y carniceros, además de los infaltables mártires de corte católico como policías, jueces, sindicalistas y dirigentes civiles que se han atrevido a alzar la voz contra este nuevo tentáculo económico de la actividad criminal criolla que ha dejado en los anales y en la cinematografía a los arquetipos hollywoodense.


viernes, 30 de abril de 2010

La masificación de los juegos de azar en un país que “apuesta” al desarrollo

Se habla hasta por los codos acerca de la sociedad del consumo en la cual está inmersa Chile desde la implantación forzada del modelo económico de ortodoxia monetarista en 1975 (con la primera política-económica de “shock”). Sin embargo, muchos no pueden reconocer los mecanismos mediante los cuales se manifiestan las pulsiones del consumo en un país que presenta un alto contenido aspiracional en materia económica y simbólica.
Descripciones de este tema abundan en la obra de Tomás Moulian “Chile actual: Anatomía de un mito” (1996) o en “El consumo me consume” (1997), donde se establecen aproximaciones clasificatorias acerca del consumo compulsivo en el país. No obstante, con el paso del tiempo, estas tipologías tienden a dejar de lado otro fenómeno participante dentro del complejo proceso de transformaciones culturales vividas en el país desde los años ochenta: La influencia de la industria de los juegos de azar en la población. Efectivamente, el impulso primordial que lleva a las personas al hecho de apostar está estrechamente ligado al deseo de tener o, mejor dicho, de aspirar a poseer “cosas” que aún no forman parte real de sus propiedades. Esta es la eterna idealización, el interminable camino de la abstracción de una sociedad que aspira al desarrollo, pero incapaz de crear un correlato de integración social para alcanzar este objetivo, razón por la cual tiende a mirar el camino fácil, la inmediatez del acceso al dinero como la última finalidad.
Ya en 1982 encontramos las primeras advertencias respecto a los efectos culturales de la masificación de los juegos de azar: “Pareciera que la vida se vuelve una apuesta para quienes fueron desposeídos de su praxis y sometidos al libre juego del mercado: si es el azar quien gobierna el mundo, es racional jugar al azar. Hay algo de astucia infantil en dejarse engañar por las pequeñas promesas del juego con el propósito de engañar a su vez a las leyes estrictas del mercado. En lugar de pensar en la acción mancomunada se tiende a buscar la salvación en algún acto de gracia. Cuando el sacrificio diario se revela gratuito, se busca la justicia en el premio. El premio podría ser una buena cantidad de dinero que cambie la situación personal, pero también puede ser un símbolo: todas aquellas promesas publicitarias vendidas al detalle por las cuales se accede en cuotas al mundo feliz”.
La liberalización del mercado supone un nuevo campo de juego: Se disminuyen las garantías ofrecidas por el Estado como el garante de derechos y servicios básicos a costa de un sector privado que basa su visión de mundo en la rentabilidad, mientras que las condiciones de desarrollo quedan a disposición del azar, o de aquélla mano invisible atribuida a las libres capacidades del individuo. Desde esta lógica debemos comprender la consolidación de la industria de los juegos de azar en Chile, la cual promete no dar marcha atrás, debido al florecido mercado que ha encontrado a partir de las concupiscencias que se desarrollan en un modelo antropológico determinado el imaginario de la liberalización de las ganancias privadas por sobre la regulación de los desequilibrios individuales y sociales.
Podemos comenzar con datos “duros”. De acuerdo a la subgerencia de Investigación y Desarrollo de Polla Chilena de Beneficencia, actualmente existen cerca de 5. 170.000 jugadores regulares a lo largo del país. O sea, entre el 35% y 50% de la población recurre a esta especie de ritual cultural compulsivo-obsesivo para intentar “cambiar la suerte”, “asegurar la vida”, “tener un golpe de suerte”, etc. No es raro entonces, que las ventas de Polla y Lotería de Concepción –el duopolio autorizado legalmente para administrar juegos de azar nacionales- sean en torno a 310 millones de dólares ($ 166.110 millones), lo que muestra un promedio de $14.000 millones destinados mensualmente a esta industria por parte de los jugadores-consumidores. Tampoco es raro apreciar cómo estos dos actores del mercado de juegos tengan una escondida guerra contra los traga monedas que han surgido en miles de locales comerciales a lo largo del país, debido a la competencia desleal que observan en cuanto a que se encuentran exentos de pagar impuestos.
Y es que la legitimación de los juegos de azar encuentra en el Estado un factor preponderante en el incentivo de estas actividades, bajo la justificación de aumentar la recaudación tributaria y el fomento al turismo. Es así como debemos comprender la irrupción de quince Casinos de juego en las regiones del país que constituyen uno de los mejores ejemplos de descentralización...en materia de juegos de azar. De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Casinos de Juego, mensualmente ingresa un promedio de US$ 25 millones a las arcas del sector, donde cada chileno gasta un promedio de $27.600 (US$ 40), o sea unos US$ 480 anuales. Una cifra cercana al promedio de los sueldos en el país, con lo cual un chileno apostador asiduo a este tipo de juegos destinaría un mes de sueldo a estas actividades.
El principal problema es que no se han considerado las llamadas externalidades negativas de estas dinámicas, como la ludopatía. El ludópata es funcional al sistema económico liberalizador in extremis donde el juego está legalizado en la lógica del consumo y es facilitado por una red de marketing que promociona el acceso a esta “industria del ocio”, generando una retroalimentación con los potenciales ludópatas que deben enfrentar una adicción alimentada por el mercado y amparada por el Poder público. Tal como los otros tipos de adicciones que producen externalidades sociales negativas (alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, etc.), los juegos de azar presentan serios impedimentos para ser extraídos de raíz, debido a los intereses económicos establecidos.
Así, la dicotomía entre rentabilidad económica-rentabilidad social es hegemonizada por la primera puesto que la presencia de grandes casinos está acentuando la precarización de las pequeñas actividades comerciales en las zonas donde éstos operan, especialmente en la pequeñas y microempresas, que no pueden enfrentarse a la competencia impuesta por esta nueva industria del ocio. La promesa de crear más empleos es neutra pues como se generan al interior de los casinos, también se pierden en los entornos económicos que deben cesar sus actividades.
Pero existe una problemática más capilar en las consecuencias que conlleva una oferta masiva de juegos de azar: Su práctica sostenida del lleva a los ciudadanos-apostadores a incrementar el espíritu de competencia que, según la teoría ultra liberalista, duerme en cada uno de nosotros. Bien concuerdan los psiquiatras que el ludópata es funcional al sistema económico. En este sentido, una génesis aproximativa entre el mercado y los juegos de azar nos la entrega uno de los padres de la ortodoxia liberal-monetarista, F. Hayeck. Según su doctrina, la sociedad capitalista en su versión neoliberal es la más perfecta debido a que nace del azar, sin ninguna premeditación, justo en el momento en que los individuos inician el juego competitivo. Como esta teoría está basada en el darwinismo social, los más competitivos obtendrán, por el azar, resultados más exitosos, logrando sobrevivir en el mercado. Ello llevará a los demás individuos a imitar los comportamientos competitivos. En otras palabras, la idea es: “Si este tipo logró hacer dinero, yo también puedo probar”.
Justamente, la teoría del juego nos habla acerca del perfil del jugador que poco a poco le asigna menos importancia al hecho de obtener ganancias económicas a costa de conseguir mayores espacios para el sentimiento de la competencia más puro. Ahora la máxima sería: “Le mostraré quién es el mejor”. La sofisticación en la cultura del juego plantea la superación del deseo de ganar dinero, pasando al deseo del reconocimiento. Como vemos, la fuerza motriz del individuo -en estos casos- se orienta mediante la administración de las inseguridades e incertezas generadas por las presiones económicas, las cuales encuentran una alternativa en el juego de azar.
La retroalimentación de estas dinámicas se genera q partir de los mensajes subliminales primarios que se esconden en los slogans publicitarios construidos por la filosofía del marketing, uno de los bienes intangibles y no transables que coadyuvan a determinar una parte de la realidad a millones de chilenos. En este sentido, el marketing de los juegos legalizados se abre camino peor que una placa subterránea: Su lógica expansiva ha diversificado la oferta de productos a través del formato “raspe y gane” con anzuelos como la entrega inmediata de $ 100 millones en premios o de sueldos mensuales de hasta $ 500 mil por todo un ano.
Para un ciudadano inmerso en continuas dinámicas intensificadoras de sus deseos inmediatos, como las necesidades económicas en un país en vías de desarrollo, con un ingreso per cápita medio como Chile (US$10.000 nominal y US$ 14.600 por paridad de compra), no es difícil caer en la vorágine de las supuestas “oportunidades” que plantea este tipo de dinámicas del mercado. El apostador es un consumidor a todas luces y, por lo general, presenta una delgada línea de separación entre la mesura y la impulsividad. Lo cierto es que el mercado, entendido como asignador de bienes públicos, ha levantado una cultura del juego instantáneo. Ya no es necesario reunir la mayor cantidad de cupones posibles con los datos personales para mandarlo a una casilla postal determinada y esperar a ser el ganador en un concurso por tómbola, sino que sólo se requiere comprar, raspar y ganar. Una tríada que es utilizada para aumentar las ventas de productos o promocionar nuevos servicios provenientes del sector privado. Tanto bancos como supermercados recurren a la lógica del “jugar y ganar” para obtener la preferencia de los usuarios (potenciales clientes) a cambio de participar en concursos por un departamento, automóviles o viajes. Las técnicas de marketing también han incluido el concepto del raspe y gane para promocionar sus productos, mediante supuestos descuentos o premios.
Lo cierto es que la ludopatía se transforma en un bien intangible producto del marketing. La abstracción de la ganancia se asocia con la idea moderna de que la satisfacción, estabilidad y seguridad personal se construyen sobre la base del dinero. Esto es lo que se conoce como “ilusión de control”, en el cual el apostador piensa que sus elecciones (un número X o un par de partidos de la polla gol) son controlables o, al menos, podrían influenciar los resultados finales de un juego. El tipo de ilusión también es funcional a la idea de doblarle la mano a las condiciones impuestas por el modelo económico y la división del trabajo que implica. Ello no es más que una consecuencia del pensamiento egocéntrico que caracteriza al hombre y que está directamente asociado a la potencial competitividad que sustenta la ortodoxia liberal. El egoísmo pasa a jugar un papel fundamental, ya que la pulsión por los juegos de azar en algunos ciudadanos activa otros mecanismos de justificación a una práctica que anteriormente presentaba una menor aceptación social: Los compradores de lotería, Kino, Loto y/o raspe y gane, así como los asiduos a los casinos de juego, suelen decir a los demás “si gano un premio gordo, pongo una parte de esto a un hogar de niños o ayudo a alguien”. Con ello se esconden bajo la alfombra las eventuales críticas de rechazo por parte de los demás hacia la conducta de los usuarios permanentes de estos juegos.
Un relato paralelo a este fenómeno es la premisa del riesgo en la sociedad, implícita en la industria de los juegos de azar, que también se desarrolla por canales más legitimizados. De hecho, la inversión en la Bolsa de Valores y en los múltiples instrumentos de inversión individual para el futuro viene a ser otra expresión del juego de azar, pero más racionalizado a la hora de analizar las decisiones, aunque el núcleo duro se mantiene: aumentar las ganancias personales a través del riesgo de las alternativas a elegir. Puestas así las cosas, no es raro que se genere confusión entre planos tan distintos como la oferta de nuevos instrumentos de inversión a futuro para la ciudadanía, que se sustentan en análisis racionalmente elaborados, y los juegos de azar que también implican un riesgo en función de la ganancia-pérdida.
El hecho concreto de superar una situación de riesgo -como es acertar los números, ganar dinero en efectivo por un juego determinado, comprar y/o vender acciones, etc.- acarrea una nueva serie de procesos empíricos en el individuo; desde cambiar la vida a partir de la fortuna económica, el mero gozo del triunfo y el reconocimiento de los demás, hasta el control del futuro personal y una autonomía plena de las exigencias laborales y de otras necesidades. En otras palabras, se refuerza la auto ilusión de escapar del “reino de la necesidad”, advertido por Hegel. Y aquí se produce el mayor conflicto: la disminución de una visión ética del trabajo que en Chile está más determinada por nuestra cultura latina cortoplacista.
Considerando que Chile encabeza la lista de los países de la región con mayores enfermedades mentales y trastornos de la personalidad, la masificación de los juegos de azar promete aumentar dichas tasas, sin la debida protección del Estado por la prevención de la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos que son susceptibles de caer en la alienante vorágine de la ludopatía. Y aquí surge otro conflicto: La preocupante incapacidad de un segmento de la población de asumir sus responsabilidades individuales para enfrentar los embates de la industria lúdica.
Y es que, contrariamente, a lo que algunos deseen pensar, la causa de la adicción patológica a los juegos de azar no responde exclusivamente a las dificultades económicas por las que atraviesa una sociedad en crisis, sino que apuntan predominantemente al factor de las características personales y estados de angustia, depresión, soledad, entre otros. Estos tipos de perfil presentan una mayor predisposición a los incentivos de la industria, particularmente debido a que tienden a justificar aquello que les sucede preminentemente desde explicaciones externas: “los problemas que tengo son culpa de los demás, me accidenté por mala suerte, me echaron del trabajo por envidia, en este país es imposible vivir, algún día le daré el palo al gato (tener golpe de fortuna), etc.”. La extrema justificación externa en las decisiones internas del individuo, de acuerdo a los especialistas, aumenta las posibilidades de conectar con la dinámica de los juegos, ya que se priorizan los aspectos emocionales de la propia realidad frente a objetos externos. Así, el sujeto, a la hora de comprar un loto, raspe y gane o entrar a un casino, piensa que sus probabilidades de ganar superan a las de una eventual pérdida.

Que los niveles de alienación social se incrementen con el desarrollo de la industria del juego de azar es una perogrullada, al igual que hablar del déficit regulatorio de las autoridades públicas para evitar nuevas externalidades negativas en un país que también apuesta a ser desarrollado. Sin embargo, la noción de riesgo que implica toda apuesta ha acentuado sobre la base del miedo a perder el trabajo o de no alcanzar una situación económica suficiente para mantener las necesidades de cada uno. Dichas expectativas son explotadas por el discurso del éxito inmediato que apela el marketing del juego, en el cual el camino corto para alcanzar el dinero es la mejor arma retórica para reproducir este nuevo aspecto de la cultura del desarrollo chileno.

martes, 6 de abril de 2010

La mancha indeleble del capitalismo Crony en Chile

Dentro de la multiplicidad de adjetivos que se le han otorgado al capitalismo, nos viene uno en mente para analizar lo que está sucediendo en el primer mes del Gobierno de Sebastián Pinera en Chile: Capitalismo Crony (Crony Capitalism). Este concepto es multiadaptable al lenguaje popular de cada país: capitalismo de compadres (Chile); de cuates (México), dei compari (Italia), de camarillas (España), de partners (Estados Unidos), etc.
La palabra Crony apareció en el lenguaje político en el siglo XVIII en Inglaterra. Muchos creen que se desprende del griego Chronios, que significa algo así como “largo plazo”, pero también se comenta que provenga del dialecto irlandés, bajo el término Comh-Roghna que se traduce como “amigos recíprocos”.
Posteriormente, el concepto fue acuñado por el economista Joseph Stiglitz para referirse a las dinámicas de complicidades entre las autoridades económicas del Estado y el empresariado, cuyo principal fruto es la constitución de una nueva mano invisible en el mercado: aquella que funciona a través de una red de privilegios entre conocidos que, a la larga, termina por obstaculizar la libre competencia, en vez de estimularla.
El hecho de que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) queden marginadas viene a demostrar una de las características de esta expresión al interior del capitalismo: las amistades que eliminan la libre competencia y los derechos de terceros que, casi siempre, son los eslabones débiles de la cadena.
El capitalismo de relaciones íntimas entre cúpulas describe las situaciones en las cuales las personas cercanas a los gobiernos de turno reciben favores con un alto valor económico por parte del Estado, como tierras, subsidios, exenciones tributarias, adjudicaciones automáticas y directas, etc.
Las consecuencias de estas relaciones se aprecian inconfundiblemente a lo largo de la historia chilena, con mayor fuerza desde la captura del Estado por parte de la oligarquía vencedora en la guerra civil de 1891. La literatura nacional “naturalista” basada en el método experimental de Emile Zola, constituye uno de los primeros registros documentados para describir las lógicas de la Oligarquía nacional.
Una suerte de proto-capitalismo Crony lo podemos encontrar en la Obra “Casagrande” de Luis Orrego Luco, donde se detalla el modo de actuar entre la clase terrateniente y el Estado: Si había necesidad de construir una línea ferroviaria que pasara cerca de sus tierras, el latifundista sólo debía llamar a un conocido en el Congreso y/o en el Gobierno para materializar esta iniciativa.
Coincidentemente, gran parte de las familias dominantes de aquella época son los ancestros de connotados personajes de la derecha y el empresariado actual. De estas huestes oligarcas se formaron los gremios empresariales, como lo explica Genaro Arriagada en “La Oligarquía Patronal en Chile”, por lo que ya podemos hablar de un actor estratégico permanente en el desarrollo del Capitalismo Crony criollo. No por nada, hace 51 años atrás, cuando la derecha había sido elegida para administrar el Estado con Jorge Alessandri a la cabeza, ya se hablaba del “gobierno de los empresarios”.
A este capitalismo de compadres también se agregan las lógicas político-partidistas que comenzaron a tomar más fuerza en los años sesenta hasta la irrupción de los militares al poder, cuando se genera una intensificación desenfrenada de este fenómeno. Factor clave dentro del Capitalismo Crony es la doctrina de la privatización del Estado a toda costa, en un proceso que se inauguró en 1974, a partir de la otra “reconstrucción nacional” llevada a cabo por la derecha. Para comprender la interrelación entre este tipo de capitalismo con la privatización es necesario conocer otras categorías de análisis en el mismo Stiglitz: “El aspecto más grave de la privatización, como ha sido conducida en tantos casos, es la corrupción”.
Precisamente, este fenómeno es el que caracteriza el periodo histórico entre 1973 y 1989 con el poco transparente proceso de privatizaciones realizado durante el régimen militar que derivó en la extraña acumulación de capital para conspicuos personeros que se conocían entre sí, tanto en la administración del Estado como en el sector privado. Investigaciones como “Los Hijos de Pinochet” de Víctor Osorio e Iván Cabezas (1993) y “El Saqueo de los Grupos Económicos” de María Olivia Monckeberg (2001) muestran acabadamente el prontuario de actuales figuras de la derecha política y empresarial que todavía son protagonistas de este capitalismo de relaciones.
Según Stiglitz, la ceguera sobreideologizada de la liberalización in extremis es uno de los factores más importantes para desarrollar esta expresión comportamental y sistémica del capitalismo: “la retórica del fundamentalismo del mercado sostiene que la privatización reduce aquello que los economistas llaman la actividad del “rent seeking”: los funcionarios de gobierno que se apropian de una parte de las ganancias de las empresas del Estado o entregan concesiones o puestos de trabajo a sus amigos. Contrariamente a lo que debe hacer, la privatización ha empeorado las cosas tanto que hoy, en algunos países, ha sido llamado bromísticamente “ bolseo”.
La descripción de Stiglitz coincide plenamente con lo sucedido en Chile durante los ochenta, los años de la gestación del nuevo Capitalismo Crony, más sofisticado y dinámico en sus funciones de elitización, además de ser cubierto y protegido por los Medios de Comunicación pertenecientes al duopolio El Mercurio- Copesa. Y es que el rasgo de favores recíprocos entre los personeros del Estado y sus amigos en el sector privado no lo cambia ni siquiera la historia.
Recordemos, en este sentido, el salvataje que realizó el gobierno de turno a los diarios El Mercurio y La Tercera, a través del Banco del Estado en 1989. Ello nos permite comprender de mejor modo el velo blanqueador que han construidos estos Mass Media con las acciones encubiertas de la derecha en los pasillos del poder público desde 1973 hasta estos tiempos. Los años noventa, en este contexto, vieron la emergencia del concepto de los “poderes fácticos” que no era más que aquél Capitalismo Crony conformado por El Mercurio, la derecha política y empresarial y la casta militar.
La instalación en el Estado por parte de la Concertación de Partidos por la Democracia en 1990 no sepultó el fenómeno, sino que se extendió a los personeros de centro izquierda que llegaban a las altas esferas del poder. Pero esta vez, el escenario panóptico de los Medios de Comunicación afines a la Derecha permitió un mayor conocimiento del Capitalismo Crony por parte de la Opinión Pública. De la noche a la mañana, el sentido común de la ciudadanía fue condicionado a pensar que la corrupción (junto con la delincuencia), apareció en 1990 de la mano de los nuevos partidos políticos que retomaban el Estado después de 17 años.
Pero lo cierto es que esta tipología capitalista de favores recíprocos ya había socavado profundamente las bases del modelo de desarrollo económico, perjudicando a otros segmentos de la población, como las Pymes, sindicatos, asociaciones profesionales y otras organizaciones sociales (ambientalistas, consumidores, juntas de vecinos, etc.). En el contexto de los noventa, las relaciones íntimas entre miembros de los partidos políticos comenzaron a dar nuevos dividendos a la cuenta del Capitalismo Crony.
Contrariamente a lo que debía ocurrir, se continuaron reproduciendo las condiciones para el desarrollo de nuevos casos de corrupción, explicables a la luz de estas relaciones recíprocas. Casuísticas, bajo la óptica Crony, se encuentran en los más de 120 hechos registrados en los viente años de gobierno concertacionista. Entre los más emblemáticos se destaca, en 1993, el famoso desmalezamiento de 320 hectáreas en el recinto de la Refinería de Petróleos de Con-Con por $381 millones pagados a una empresa privada.
Una parte de estos fue a parar al financiamiento de campanas electorales para el coreligionario del gerente general de la firma estatal. Este mismo patrón triangulado entre empresas públicas, privados y partidos políticos marcó la pauta para los siguientes 17 anos.Clamoroso y olvidado está el caso de 1997, en la Junta Nacional de Abastecimientos y Becas (Junaeb), donde la Contraloría detectó pagos adelantados de concesiones –sin respaldos- para los contratos de adquisición de alimentos por $ 5.600 millones. De acuerdo a la investigación, estos pagos esencialmente eran préstamos “amistosos” disfrazados de adelantos hacia 29 de las 31 empresas relacionadas con la Junaeb.
Por otro lado, en 1997, se destapan irregularidades en las licitaciones para la modernización de algunos tramos de la Ruta 5 Sur, sobre la base de una concesión retirada con el fin de reotorgarla, por un mayor precio, a la empresa Bitumix Ltda. En 2002, Contraloría descubre una fuerte relación entre el Ministerio de Obras Públicas y Bitumix, en la cual el Estado entregó cuantiosos recursos por trabajos sobrevalorados y exagerados en gastos. Año 2000: Documentación de la Policía de Investigaciones revela que la presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, ayudó a resolver un conflicto entre el Estado y una empresa minera, además de usar su cargo para facilitar la adjudicación de arbitrajes en los litigios de las empresas privadas.
Coincidentemente, el mayor caso de irregularidades -que se pueden explicar bajo el prisma del Capitalismo Crony- se manifestaron en el funcionamiento del Sistema de Concesiones de Obras Públicas, especialmente en los criterios que se utilizan para otorgar millones de dólares del Estado al sector privado, donde las consideraciones políticas inevitablemente predominan sobre aquéllas técnicas. Un dato que confirma esta tendencia lo entrega el economista Eduardo Engel: “Una parte sustancial de las inversiones en infraestructura financiadas por el sistema de concesiones no fueron asignadas en una licitación competitiva, sino mediante renegociaciones posteriores donde no hubo competencia alguna. En promedio, cada una de las 50 concesiones otorgadas entre 1993 y 2006 ha sido renegociada tres veces, resultando en transferencias a los concesionarios de unos US$2.800 millones. La mayoría de estas han sido entre concesionarios y el MOP, sin ser revisadas por terceros independientes”.
Ello confirma el rasgo intrínseco de esta práctica capitalista de relaciones recíprocas que no dejan espacio a terceros “incómodos” y que son la principal barrera para el desarrollo de la libre competencia que, continúa, siendo una quimera en el país. En su expresión práctica, el Capitalismo Crony consiste en la colusión entre los jugadores frente a un determinado juego.
Lamentablente estas situaciones no fueron detenidas en los gobiernos de centro izquierda en los últimos veinte años, sino que se profundizó su accionar en una forma paralela de gobernabilidad oculta estructurada mediante relaciones de amistades, donde las recomendaciones mutuas entre lo público y lo privado se establecieron en función de una nomenclatura, por un tiempo indefinido...hasta el recambio de este año.La inusitada concentración en el mercado doméstico es una consecuencia de estas estrechas relaciones que permitieron la irrupción de los llamados grupos de presión empresarial que se manifestó a través del conocido lobby en los pasillos de Gobierno como en el Congreso.
Ejemplo de esto último fueron los rechazos a proyectos como el aumento de impuestos específicos a los combustibles, tabaco y alcohol, o al proyecto original del royalty a la minería. Otros casos fueron la discusión de la Ley Eléctrica, donde la cantidad de lobbytas en el Congreso era un poco menos a la de los congresistas. También podemos mencionar el caso del libro “El Saqueo de los Grupos Económicos en Chile” cuya autora, la periodista María Olivia Monckeberg, denunció las presiones realizada por el ex PPD Jorge Schaulhson para sacar del listado a su amigo, el empresario, Alvaro Saieh, cabeza del grupo mediático Copesa.
Con este imbricado panorama de relaciones no era de esperarse la privatización de los personeros del Estado, una vez que dejaran sus cargos en el Gobierno: De un tiempo a otro pasaban a criticar las mismas políticas públicas que ellos mismos habían contribuido a implementar, para despejarle el paso a los intereses privados.La llegada de la derecha al Estado implica un cambio en las nomenclaturas, prometiendo intensificar los niveles de Cronysmo. La Teoría indica que el Cronysmo consiste en la dominación de amigos de vieja data en altas esferas de decisión pública, sin la realización previa de concursos públicos.
En estos tiempo también estamos en presencia de “pitutos” de corte tecnocrático, donde el “appointer” (el que designa) y el beneficiario (el designado) están en un estrecho contacto social. Bien dice la literatura que el Cronysmo, en la práctica, es contrario a la meritocracia, un problema endémico en Chile y uno de los factores principales que explican el estancamiento de las estructuras sociales y, por ende, de un real desarrollo. Existe una relación directa entre las limitaciones de estas relaciones amistosas y el déficit de innovación, creatividad e incentivos a nivel microeconómico en la sociedad local.
Es por estas aristas donde se deben identificar los problemas y no sólo en la tozuda idea de la liberalización ortodoxa de reducir el tamaño del Estado y sus regulaciones al mercado que justamente ha sido fracturado por este tipo de prácticas cronystícas.
Este entramado contribuye además a obstaculizar el capital social de cada país, es decir la confianza de la ciudadanía respecto a sus instituciones cotidianas más cercanas, como el empleo, los servicios públicos y privados y la calidad de vida.La derecha ha prometido terminar con la puerta giratoria de la delincuencia, pero no ha dicho que esa puerta giratoria también opera en los pasillos del poder, bajo la eterna sombra del Capitalismo Crony.